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Agencias y RT El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que se encontraba en estado crítico desde el pasado 7 de junio cuando fue víctima de un atentado en la ciudad de Bogotá, falleció la madrugada de este lunes, recogen medios locales. La jornada anterior, Turbay había sido sometido a una cirugía de urgencia en la clínica Santa Fe, donde permanecía internado, luego de sufrir un retroceso en su recuperación debido a una hemorragia en el sistema nervioso. Claudia Tarazona, esposa del senador, confirmó la noticia a través de un sentido mensaje en sus redes sociales. «Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti […] Descansa en paz, amor de mi vida», escribió. El exvicecanciller de Colombia Jorge Rojas Rodríguez lamentó el fallecimiento del senador e hizo un llamado a las autoridades para que encuentren a los responsables de ataque.  «El atentado se convirtió en magnicidio […] las autoridades tienen la obligación de esclarecer este crimen y dar con los responsables intelectuales y materiales del asesinato», escribió en su cuenta de X. Asimismo, el recientemente condenado expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su pésame a través de sus redes sociales: «El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia». El senador Wilson Arias, perteneciente a Pacto Histórico, del presidente Gustavo Petro, expresó su solidaridad con los familiares y allegados a Turbay, y condenó «la violencia y las armas en el ejercicio de la política en Colombia». Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá lamentó «profundamente» la muerte del senador, que recibió tres impactos de bala en la cabeza durante una actividad proselitista en un barrio capitalino. El precandidato presidencial Sergio Fajardo condenó lo sucedido y expresó que Turbay fue «un hombre bueno» que entregó su vida por el país. «Duele nuestra Colombia atrapada en esta violencia que no descansa, destruye esperanzas y nos impide avanzar», se lee en su mensaje en X. Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró estar «profundamente entristecido», al enterarse del deceso del senador. En este sentido, aseguró que EE.UU. «se solidariza con su familia y con el pueblo colombiano, tanto en el duelo como en la exigencia de justicia para los responsables». En el marco de la investigación del atentado contra Turbay han sido detenidas cinco personas: un joven sicario de 15 años acusado de accionar el arma; Carlos Eduardo Mora González, identificado como el conductor del vehículo en el que huyeron los responsables; Katerine Martínez, alias ‘Gabriela‘, que habría entregado el arma utilizada en el ataque; William Fernando Cruz, que fue visto con uno de los sospechosos; y Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Costeño’, presunto «principal coordinador» del atentado.

Telesur En medio de una nueva agresión de la Casa Blanca contra Venezuela, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este viernes que su país no lleva adelante ninguna investigación ni tiene pruebas de vínculos del presidente Nicolás Maduro con el narcotráfico mexicano. Durante su conferencia de prensa, la jefa de Estado abordó el anuncio de la Administración Trump de incrementar la recompensa internacional por la aprehensión del presidente constitucional de Venezuela por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Sheinbaum descartó absolutamente que México tenga alguna información sobre esos vínculos. Añadió que si Washington “tienen alguna muestra que la presenten, pero nosotros no tenemos ninguna muestra relacionada con esos vínculos”. El anuncio del Gobierno estadounidense fue calificado por la Cancillería venezolana como una operación propagandística y una cortina de humo para distraer a la opinión pública de problemas internos de la nación norteña. También rechazaron la recompensa de EE.UU. la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Ministerio Público venezolano, que consideraron la maniobra estadounidense como un acto de injerencia y profundo cinismo, viniendo del país con el mayor mercado de consumo de droga a nivel global y autoridades con un prontuario cuestionable en materia de hacer frente al narcotráfico. De acuerdo con el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, en Venezuela no existen carteles, capos ni bandas criminales vinculadas al narcotráfico, y la nación se ha convertido en un “muro de contención” contra las rutas internacionales de drogas. Padrino atribuyó este resultado a las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro. Recordó que es el jefe de Estado constitucional, electo en las urnas, y aseguró que ha actuado con la mayor contundencia en la lucha contra este flagelo.

DW Actualidad El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este jueves en la ciudad fronteriza de Leticia que su Gobierno no reconoce ni la soberanía de Perú ni a las autoridades de ese país en la isla de Santa Rosa, una formación en el río Amazonas que marca el límite entre los dos países, y acusó al Gobierno del país vecino de incumplir el tratado de 1922 que estableció los límites entre los dos países en ese cauce de agua. «Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona», dijo Petro en Leticia, ubicada frente a Santa Rosa, donde agregó que la asignación de dicha isla y de otras surgidas en el río Amazonas después de otro tratado, firmado en 1929, debe discutirse en una comisión binacional y, en última instancia, en tribunales internacionales. «Que me expliquen por qué a la que llaman isla de Santa Rosa ha llegado un helicóptero ruso con militares, si esa isla, de común acuerdo, no se ha decidido que sea del Perú. ¿Cuándo nos hemos reunido para decir que esa isla debe tener un alcalde y una bandera peruana y no colombiana?», expresó Petro durante su visita a Leticia, donde trasladó los actos conmemorativos del 206 aniversario de la Batalla de Boyacá, que selló la independencia de Colombia. Administrada por Perú En tanto, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Eduardo Arana, y otros integrantes del gabinete llegaron al distrito amazónico de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla reclamada por Petro, para supervisar una acción social con los pobladores de esta alejada localidad fronteriza. El reclamo de Petro se dio después de que el Congreso de Perú crease el municipio de Santa Rosa de Loreto, que hasta entonces era parte del municipio de Yavarí, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto, el más extenso del territorio peruano. Se trata de una población surgida a partir de los años 70 que desde un inicio fue administrada por Perú, al punto que actualmente cuenta con destacamentos de la Policía Nacional y de la Armada, así como oficinas del servicio de migraciones y de aduanas, entre otras instituciones estatales. Incluso una de sus principales avenidas se llama «Mi Perú”. Para el Gobierno peruano, su soberanía sobre este territorio está fuera de discusión, pues sostiene que desde un primer momento Santa Rosa fue una extensión de la isla Chinería que en 1929 ambos países acordaron que quedase en manos de Perú y que actualmente, debido a los cambios en el río Amazonas, es una única isla.

DW Actualidad Los crímenes de odio contra lesbianas, gais, bisexuales y personas trans en Argentina aumentaron un 70% en el primer semestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior, según un informe difundido este lunes (04.08.2025). El último reporte del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ señala que en los primeros seis meses del año se contabilizaron 102 ataques violentos motivados por odio hacia la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas. En el mismo período de 2024 se habían registrado 60 casos. El mayor porcentaje de víctimas corresponde nuevamente este año a mujeres trans (70,6%), seguido de varones gais (16,7%), lesbianas (6,9%), varones trans (4,9%) y personas no binarias (1%). Del total de casos, el 16,7% se debe a lesiones al derecho a la vida (asesinatos, muertes por violencia estructural y suicidios), en tanto el 83,3 % restante es por lesiones al derecho a la integridad física (situaciones de violencia física que no terminaron en muerte, incluido los intentos de suicidios). El 60,8% de los casos de concentró en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país. El informe señala que «estos datos no pueden analizarse por fuera del contexto político y discursivo en el que se producen», y destaca que «durante 2024 y 2025, la figura presidencial impulsó una construcción sistemática del colectivo LGBT+ como enemigo social». «En foros internacionales y redes sociales, el presidente de la Nación caracterizó a los feminismos y a la ‘ideología de género’ como ‘virus mentales’ y amenazas a la civilización occidental», afirma. En enero, al hablar en el Foro Económico de Davos, el presidente argentino Javier Milei lanzó una ofensiva contra lo que llamó el «cáncer» de la «ideología progresista». Atacó el «feminismo radical» como una forma de obtener «privilegios», así como la «ideología de género», un concepto usado por conservadores sociales que se oponen a la inclusión de género. En entrevista con el medio local Página 12, María Rachid, presidenta de la Federación Argentina LGBT+, aseguró que el aumento de estos crímenes se deben a «la profundización de la violencia en los discursos de odio hacia nuestra comunidad avalados y legitimados» desde «el gobierno nacional, específicamente del presidente de la Nación». Rachid también advirtió que el informe solo resume los hechos de violencia física, pero llamó a no dejar de lado la violencia verbal y psicológica que sufre el colectivo LGBT.

Rusia Today Las fuerzas del orden mexicanas detuvieron el sábado en flagrancia a cinco hombres sospechosos de generar violencia en la Ciudad de México en calidad de integrantes de un grupo delictivo responsable de homicidios, secuestros, extorsión y narcomenudeo. Entre los detenidos en Acapulco, en el estado de Guerrero, está Gustavo Aldair ‘N’, alias ‘El Malportado’ y ’19’, quien dirigía el Cártel Nuevo Imperio, que opera a nivel regional, y también estaba al frente de la célula delictiva Los Malportados, anunció el domingo el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho. ‘El Malportado’ era «un objetivo prioritario» al considerarse «generador de violencia en la Ciudad de México, especialmente en las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Tláhuac, así como en el estado de Morelos y el estado de México», puntualizó el alto funcionario. «Su grupo se le relaciona con los delitos de secuestro, extorsión, robo a transporte de carga, homicidio, lesiones, robo, delitos contra la salud, así como distribución y venta de droga», agregó. Los demás detenidos son Carlos ‘N’, alias ‘El Cabezas’, de 42 años; Ricardo ‘N’, alias ‘El Frijol’, de 36 años; Brayan ‘N’, alias ‘El Cuartito’, de 28 años; y José ‘N’, de 31 años. Las fuerzas del orden les confiscaron un vehículo, tres armas de diferentes calibres, 51 cartuchos útiles, cuatro básculas, 80 dosis de posible cristal, 50 gramos de pastillas de lo que parecía ser fentanilo, tres bolsas de medio kilo de aparente cristal, y dos bolsas con lo que pudiera ser marihuana, con 165 gramos en total. Las detenciones se llevaron a cabo en el marco de las indagatorias por delitos cometidos entre 2024 y 2025 en las alcaldías de Itzapalapa y Miguel Hidalgo. Los agentes de diferentes instituciones de seguridad viajaron al puerto de Acapulco al averiguar que los miembros del referido grupo delictivo festejaron el cumpleaños de ‘El Malportado’.

Rusia Today Luego de permanecer casi dos décadas de su vida encarcelado y sin recibir una sentencia por parte de la justicia, el mexicano Israel Vallarta Cisneros fue absuelto y liberado este viernes tras no encontrarse pruebas de que supuestamente lideraba una banda de secuestradores conocida como ‘Los Zodiaco’, delito por el que fue detenido y privado de libertad desde el 8 de diciembre de 2005. Según la prensa mexicana, Vallarta fue liberado por la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, Mariana Vieyra Valdez, que ordenó su salida inmediata del penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. La jueza argumentó que el caso de Vallarta carece de «pruebas contundentes» que demostraran su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Además, indicó que la evidencia presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) era «insuficiente», ente acusador que aún puede apelar la sentencia. Al salir de prisión, Vallarta fue recibido por sus familiares entre lágrimas y abrazos. El momento fue captado en video. En sus primeras declaraciones, el hombre agradeció a la ciudadanía que nunca creyó en las versiones contra él de gobiernos pasados. Este mismo viernes, la secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, dio detalles del caso en la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y mencionó todas las dificultades procesales que enfrentó Vallarta en los últimos 20 años. «Tardé 20 años en que me permitieran hoy estar frente a ustedes, y poder ejercer mi derecho de réplica». Vallarta, también insinuó que hay «verdades ocultas» y «muchas cosas» que se revelarán con el tiempo, como posibles irregularidades en su caso, las circunstancias de su detención y las dificultades que sufrió para ejercer plenamente su defensa. Montaje El caso de Israel Vallarta ha estado vinculado históricamente al de Florence Cassez, su expareja sentimental, liberada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ambos fueron capturados en 2005 por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), entonces dirigida por el entonces secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, actualmente preso en EE.UU. por delitos graves como narcotráfico, conspiración y delincuencia organizada.  La liberación de Vallarta además reaviva el debate sobre los supuestos «montajes» mediáticos o ‘falsos positivos’ de casos de alto perfil en México que se ejecutaron contra distintas personas que las autoridades hacían pasar como supuestos criminales. De hecho, tras su salida del penal, se divulgó un video en redes donde el recién liberado se dirige al periodista mexicano Carlos Loret de Mola, quien transmitió en directo y desde Televisa un montaje de la detención y al día siguiente que se produjo. «Ya nos veremos Carlos, ya platicaremos. No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso. Tu sabes bien por qué saliste de Televisa, tu y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerla de frente. Y si me gustaría, Carlos Loret de Mola que escuches esto, ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto, desde ahorita, acepto la invitación si la quieres hacer», expresó Vallarta.

DW Actualidad El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió este jueves que en 2025 Colombia podría sufrir las peores condiciones humanitarias en los últimos 10 años, una situación que tiene como principal causa el aumento de los enfrentamientos entre grupos armados. «Durante el primer semestre de 2025 la situación humanitaria en Colombia se agravó considerablemente, con consecuencias cada vez más severas para la población civil. El impacto en las comunidades superó lo registrado en el mismo periodo de 2024″, expresó el CICR en una actualización sobre el panorama del país. El organismo internacional agregó que «si esta tendencia continúa, 2025 cerrará como el año con las peores condiciones humanitarias de la última década». El deterioro está «estrechamente relacionado» con el aumento de los enfrentamientos entre los grupos armados, así como entre la fuerza pública y estas organizaciones ilegales. También ha sido clave «la creciente estigmatización e instrumentalización de las comunidades», pues la población es acusada en varias regiones de favorecer a uno y otro grupo en medio de los conflictos armados. El CICR registró 524 personas heridas o muertas por artefactos explosivos en los primeros cinco meses del año, un incremento de 145% con respecto al mismo periodo de 2024. De estas víctimas, 70% son civiles, incluidos 56 menores de edad, y el convulso departamento del Cauca, donde operan disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos narcotraficantes, concentró 55 % de los casos.

Página 12 El gobierno de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones económicas al juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, por «autorizar detenciones arbitrarias» y «suprimir la libertad de expresión». El Departamento del Tesoro detalló en un comunicado que las sanciones financieras se enmarcan en la Ley Magnitsky, que autoriza al gobierno estadounidense a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en lo que considere actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.  El gobierno de Brasil calificó de «arbitrarias e injustificables» las sanciones económicas contra Moraes, que se conocieron el mismo día en que el presidente Donald Trump firmó el decreto que oficializa una suba arancelaria del 50 por ciento que había prometido en represalia por una supuesta «caza de brujas contra su aliado Jair Bolsonaro. El pasado 18 de julio Washington ya había revocado además el visado a Moraes y le prohibió entrar a territorio estadounidense.  «Socava derechos de brasileños y estadounidenses»  El juez Moraes «es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y juicios politizados, incluido el del expresidente Jair Bolsonaro», acusado de intentar dar un golpe de Estado, afirma el secretario del Tesoro Scott Bessent, citado en un comunicado. «Se ha tomado la libertad de ser juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas», agregó Bessent. Como resultado de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, todos los bienes y participaciones de Moraes que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados. El 18 de julio el Departamento de Estado ya revocó la visa del magistrado y de sus familiares cercanos. Ahora el gobierno de Trump aprieta aún más las clavijas por estimar que el magistrado se extralimita.  Moraes «se convirtió en uno de los individuos más poderosos de Brasil», afirma el Departamento del Tesoro. Lo acusa de someter «a las víctimas a largas detenciones preventivas sin presentar cargos» y de socavar «los derechos de los brasileños y estadounidenses a la libertad de expresión». Washington cita distintos casos como el del arresto de «un periodista durante más de un año», el supuesto ataque «a políticos de oposición», entre los que incluye a Bolsonaro, y plataformas de redes sociales estadounidenses.  «Ha congelado activos y revocado pasaportes de sus críticos, ha prohibido cuentas en redes sociales y ha ordenado a la policía federal de Brasil que allane las casas de sus críticos, confisque sus pertenencias y asegure su detención preventiva», detalla la cartera estadounidense. El anuncio del Tesoro se produce después de que Moraes impusiera varias medidas cautelares a Bolsonaro, como el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de usar redes sociales o un toque de queda nocturno. Este no es el único caso reciente en el que Washington se involucra en procesos judiciales en América latina: también condenó el fallo contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al Secretario de Estado Marco Rubio de «intromisión a la soberanía nacional» por sus declaraciones respecto a la condena.