La Paz, 1 de julio (El Nuevo Cambio).- El gobierno de Rodrigo Paz autorizó el incremento de las tarifas de electricidad hasta en un 5 por ciento y varios sectores calificaron la medida como un nuevo golpe a la economía del pueblo, afectada ya por el aumento de los precios de la canasta familiar.
La disposición está enmarcada en el Decreto Supremo 5647, que modifica el mecanismo de estabilización de las tarifas de electricidad con el objetivo, justifica, de evitar incrementos bruscos en los precios del servicio para los consumidores regulados.
La disposición se encuentra en la Gaceta Oficial del Estado, actualiza el Decreto Supremo 27302, vigente desde 2003, e incorpora nuevos mecanismos para administrar las variaciones de las tarifas eléctricas cuando cambian los costos del sistema.
De acuerdo a un informe de la Agencia Boliviana de Información (ABI) la medida tiene el objetivo de establecer nuevos límites a la variación de las tarifas de electricidad e incorporar otros agentes que contribuyan a las medidas de estabilización, mediante modificaciones e incorporaciones al Decreto Supremo 27302, modificado por el Decreto Supremo 1301 que determinaba que el incremento no supere el 3% «en cortos periodos de tiempo».
La norma fija nuevos parámetros, el principal cambio es que la variación mensual del valor promedio, en términos reales, de las tarifas de distribución aplicadas a los consumidores regulados no podrá ser superior al 5%, cuando esa variación sea consecuencia de cambios en los precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o en los precios de distribución. Antes era del 3%.
El decreto dispone también que el Ente Regulador determinará, de forma semestral y mediante resolución administrativa, los factores de estabilización que serán aplicados a los precios de nodo, vigentes para obtener los precios de energía, potencia y peaje de aplicación.
De acuerdo a varios sectores que recién se están enterando del nuevo decreto gubernamental, la disposición es un nuevo golpe a la economía del pueblo boliviano, sobre todo las familias más pobres, frente al silencio cómplice de la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones, como fabriles y magisterio nacional.
