La Paz, 20 de junio (El Nuevo Cambio).- El presidente Rodrigo Paz, declaró estado de excepción a nivel nacional, a horas de firmar un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), sin embargo, los bloqueos se mantienen en varias regiones, mientras militares y policías salieron a las carreteras, en un intento por despejar las vías en el país.
El presidente Rodrigo Paz, en un mensaje grabado, acompañado de todo su gabinete ministerial, dijo que el estado de excepción se dicta con el objetivo de restablecer el orden, principalmente pacificar el país y rehabilitar la libre transitabilidad en todo el territorio nacional.
La medida fue asumida después de que Paz Pereira firmara un acuerdo con el ejecutivo de la COB, Mario Argollo y de que la Federación de Campesinos de La Paz rechazara el acuerdo del gobierno con la organización sindical y ordenara la continuidad del bloqueo de carreteras que se realiza desde hace 51 días.
El estado de excepción prohíbe bloquear calles y carreteras, portar armas, explosivos, transportar combustible, los ciudadanos podrán circular con normalidad para ir a sus fuentes de trabajo, estudiar y no habrá toque de queda, sin embargo, se prohíbe reuniones, concentraciones, movilizaciones laborales, entre otros.
Tanto la Policía como las Fuerzas Armadas podrán detener a las personas que se resistan a la disposición gubernamental y que se opongan a las fuerzas del orden en el desbloqueo de las carreteras en las principales vías troncales del país.
En la madrugada de este sábado, los bloqueos de las carreteras, principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba se mantenían, en algunos casos sin gente, en otras con pequeños grupos de personas.
Contingentes policiales y militares salieron a algunas regiones y se apostaron en carreteras y puentes para intentar vigilar y evitar que se instalen nuevamente otros bloqueos que impidan el normal tránsito de vehículos.
El decreto supremo del estado de excepción será enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional este sábado, para su análisis y que se ratifique o rechace la medida gubernamental, en un plazo de 72 horas, de acuerdo a la ley.
