La Paz, 27 de mayo (El Nuevo Cambio).- La Asamblea Legislativa Plurinacional (ASP) y la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz allanaron el camino para que el gobierno pueda disponer de un estado de excepción, frente a los graves conflictos en el país, con movilizaciones, protestas y bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La Cámara de Diputados sancionó la abrogación de la Ley 1341 de Estados de Excepción, que en primera instancia fue aprobada por el Senado Nacional y anoche mismo la remitieron al Ejecutivo para su promulgación. El presidente Paz la promulgó este miércoles.
En la tarde de este martes, también la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso el fin de los bloqueos en las carreteras y vías estratégicas, considerando que vulneran derechos fundamentales como la salud y el acceso a alimentos.
La disposición ya rechazada por las organizaciones sociales, ordena, además habilitar corredores humanitarios permanentes y advierte y amenaza con posibles responsabilidades penales a los infractores.
Ambas determinaciones, de acuerdo con los dirigentes de las organizaciones sociales y sindicales, son parte de un plan para que el régimen de Rodrigo Paz pueda determinar en el país, a través de otro decretazo, la implantación de un estado de sitio o excreción.
Dijeron que, con la presencia no solo policial, sino militar en las carreteras y principalmente en las movilizaciones y protestas en las ciudades, el conflicto se agravará y los hechos de violencia que se registren serán responsabilidad del gobierno, que de manera dictatorial pretende imponer sus políticas de entrega de los recursos naturales y de privatización a manos privadas.
El expresidente Evo Morales Ayma también se refirió al tema en una entrevista por Radio Kausachun Coca y dijo que se trata de una determinación ilegal, que viola los derechos humanos en el país y pretende generar violencia, sin embargo, el pueblo está preparado para resistir.
