La Paz, 7 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El Comité Impulsor de Justicia denunció que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia cometieron prevaricato al disponer ilegalmente la libertad de Jeanine Añez, cabecilla del golpe de estado perpetrado en noviembre de 2019 y de las masacres que derivaron en la muerte de más de 34 ciudadanos.
Esa entidad liderizada por el abogado Aldo Michel dijo, a través de un pronunciamiento, que desde hace cuatro años realiza el seguimiento y emplazamiento de los procesos, por los hechos gravísimos del golpe de 2019 que derivaron en las masacres de Senkata, Sacaba, Los Rosales y El Pedregal en La Paz, en Montero y Betanzos.
Asimismo, en la persecución y encarcelamiento de más de 1.500 bolivianos sometidos a torturas, a vejámenes; los robos y desmantelamiento de las empresas ENTEL, BOA, el caso “respiradores”, así como la vinculación y encubrimiento al narcotráfico del régimen de Añez, Camacho, Mesa, Jorge Quiroga, Doria Medina y sus cómplices.
“Desde hace más de un año se ha posesionado, a través de los pactos asumidos por el gobierno de Arce Catacora y promovidos por Iván Lima una escalada de impunidad”, afirma al denunciar la conformación de un consorcio encabezado por Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia y jueces corruptos (que se reunieron con abogados de Añez) y han emitido una Resolución que anula la sentencia ejecutoriada con 10 años de cárcel para Jeanine Añez y otros responsables de la organización y gestación del golpe de 2019, resolución ilegal y contra la norma por la carencia de fundamentación.
Añade que en el caso del proceso Golpe II, las pruebas son abundantes y están contenidas en más de 50 declaraciones testificales y más de 200 documentos, que han demostrado fehacientemente en todas las etapas que la señora Añez se auto nombró, que violó la Constitución, que no hubo ningún mandato ni elección de la Asamblea Legislativa y que su ejercicio como presidenta auto nombrada fue inconstitucional y de facto, argumentos que no pueden ser desestimados.
El pronunciamiento afirma que la determinación de anular la sentencia favoreciendo la impunidad de Añez desemboca en la absoluta inseguridad jurídica del Estado, “pues está dejando en la oscuridad actos inconstitucionales violatorios de los derechos humanos y deja en la indefensión a las víctimas de los 11 meses de terrorismo, persecución y masacres del gobierno de facto de Añez”.
El comité se comprometió a seguir su lucha junto a las víctimas “y que con el pueblo boliviano accionaremos un recurso de Amparo y un juicio de responsabilidades a los vocales del TSJ por prevaricato; agotaremos las instancias para que los organismos internacionales como la CIDH tomen una resolución toda vez que existen dos sendos informes de los expertos internacionales que comprobaron en los hechos que el gobierno de la señora Añez fue inconstitucional e ilegal y que promovió la violación severa de los Derechos Humanos”.
