La Paz, 12 de septiembre (El Nuevo Cambio).- Académicos, activistas y defensores de los derechos humanos de América Latina y Europa denunciaron, a través de una declaración en una carta abierta una escalada de violencia estatal en Bolivia, contra las naciones y comunidades indígenas y campesinas.
La declaración reproducida por Radio Kausachun Coca y firmada por profesores de reconocidas universidades como el MIT, Yale y UCLA, así como por organizaciones de derechos humanos, expresa su indignación por la criminalización de la protesta social y la persecución de dirigentes de movimientos históricos que, entre 2006 y 2019, impulsaron la construcción del Estado Plurinacional y lograron importantes avances en soberanía, inclusión y reducción de la pobreza.
“Exigimos que cesen, de forma inmediata, los homicidios, la persecución, la detención arbitraria y la tortura de campesinos e indígenas que se movilizan en apoyo de la plataforma antiimperialista que promueve el expresidente Evo Morales”, señala la carta.
También denuncian que el gobierno de Luis Arce mantiene encarcelados a dirigentes sociales como Ramiro Cucho (CONAMAQ), Ponciano Santos (CSUTCB), Enrique Mamani (Interculturales) y Franco García (barrios populares de Cochabamba), muchos de ellos acusados de terrorismo “únicamente por ejercer su derecho constitucional a la protesta”.
Asimismo, expresan su solidaridad con las mujeres que denunciaron violencia sexual por parte de efectivos policiales durante los bloqueos campesinos de noviembre de 2024.
Advierten de la presencia de grupos paramilitares que “operan con impunidad” y que, según denuncias, coordinan acciones con la Policía y reciben apoyo logístico del Estado. “Su desmantelamiento es urgente y obligatorio bajo las normas de la CIDH”, afirman.
La carta también denuncia la presunta injerencia de Estados Unidos en la política boliviana, recordando el rol de la embajada norteamericana en el golpe de 2019 y el apoyo a “políticos ultraderechistas”. En el mismo sentido, rechazan lo que califican como “corrupción judicial” para impedir la candidatura de Evo Morales, comparando el caso con el de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil antes de su rehabilitación política.
Finalmente, los firmantes exigen que se respete el derecho de las mayorías indígenas y campesinas a elegir libremente a sus representantes y que se anulen las decisiones judiciales que excluyeron a Morales de las elecciones del 17 de agosto. “No debe permitirse que las elecciones sean robadas por medio de persecución judicial y exclusión política”, concluye el documento.
