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Desde hace varias semanas, la provincia caribeña de Bocas del Toro tiene en vilo a los panameños y, en especial, al Gobierno de José Raúl Mulino.
Durante décadas, la industria bananera y el turismo marcaron el ritmo en esta región fronteriza con Costa Rica. Ahora, Bocas del Toro se ha convertido en sinónimo de las manifestaciones que sacuden el país desde abril.
La reforma de pensiones, los planes para reabrir una mina de cobre y la firma de un memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos fueron los detonantes de las protestas, que se han traducido en paros de docentes, trabajadores bananeros y obreros de la construcción.
«La situación ha provocado una violenta polarización del país y una generalizada crispación social, que ha impactado muy negativamente todas las actividades, en especial la educación pública», observa la abogada Lina Vega, presidenta de la Junta Directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
«Temas que nunca se resolvieron»
«La gente está muy descontenta, pero no es solamente un descontento de lo que ha estado haciendo el Gobierno en este periodo, que no llevan más de un año en el poder.
El país tiene como 50 años de estar acumulando temas que nunca se resolvieron», comenta Anastacio Rodríguez, coordinador de Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert (FES), cercana al partido socialdemócrata alemán, en Panamá.
«El estallido social de hoy es la acumulación de décadas en las que no se aplicaron políticas de Estado», agrega el asesor académico Rodríguez, y explica que a las protestas se han sumado reclamos como seguridad, salud y acceso al agua potable.
