La Paz, 15 de junio (El nuevo Cambio).- El Pacto de Unidad y el Estado Mayor del Pueblo acordaron, luego de una reunión de emergencia, declarar una pausa humanitaria en los bloqueos de carreteras y mantener las protestas en las ciudades en contra de la crisis económica del país, exigiendo la renuncia de Luis Arce y una investigación internacional independiente, para esclarecer las muertes en la localidad de Lallagua y en el camino a Oruro.
En un comunicado, ambas organizaciones, dicen que se ha determinado declarar la pausa humanitaria en las movilizaciones en las carreteras del país. “Esta decisión busca facilitar el desarrollo de una investigación exhaustiva, transparente e independiente sobre los hechos ocurridos durante la intervención militar y policial instruida por el Gobierno del presidente Luis Arce”.
Aclara que las movilizaciones continuarán de forma sostenida mediante cacerolazos, marchas y protestas en distintas ciudades del país, en defensa de la canasta familiar, la democracia y los derechos del pueblo.
Asimismo, el movimiento indígena campesino declara duelo nacional “por el fallecimiento de compañeros en las regiones de Arque y Lallagua, como consecuencia de los recientes enfrentamientos. Esta trágica pérdida enluta a nuestras comunidades y fortalece nuestra convicción de lucha pacífica y firme”.
Exigen también a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la inmediata suspensión y no aprobación de créditos internacionales y denuncian la violación de los derechos humanos y critican la ausencia de la Defensoría del Pueblo.
También exigen al Gobierno garantizar el derecho a la protesta sin ningún tipo de criminalización ni judicialización y determinan declarar “enemigos y asesinos del pueblo” a los ministros de Gobierno, Roberto Ríos, y de Defensa, Edmundo Novillo.
“Exigimos al Alto Mando policial y militar replegar inmediatamente” a los efectivos a sus diferentes unidades para evitar enfrentamientos”, señalan al demandar la libertad de los dirigentes detenidos durante los bloqueos.
Por último, rechazan y denuncian la articulación de “grupos paramilitares como la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista en coordinación con el gobierno nacional y la creación de otros grupos paramilitares a partir de funcionarios públicos quienes ejecutaron atentados contra sedes sindicales y políticas».
