Cochabamba, 15 de mayo (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, denunció hoy al país y al mundo la ilegal modificación de la Constitución Política del Estado por magistrados de factos y ratificó que seguirá luchando por una justicia imparcial, despojada del odio y racismo.
La denuncia difundida en una carta abierta está dirigida al pueblo boliviano y al mundo entero y dice: “Desde hace mucho tiempo soy víctima de un Plan Cóndor Judicial. Se me acusa de todo. Soy condenado por la prensa y la justicia sin derecho al Debido Proceso o Presunción de Inocencia. De todo me culpan. Los insultos de odio y racismo son constantes. Buscan proscribir al movimiento indígena y popular. Volvieron los tiempos coloniales cuando las élites tenían el derecho exclusivo de participar en procesos electorales, excluyendo a las mayorías originarias.
El gobierno no respeta la independencia de los administradores de justicia. Llegó a la vergonzosa intromisión del ministro de justicia en una Sala Plena o la escandalosa presión en la redacción de sentencias. Los pocos jueces decentes son perseguidos y encarcelados.
Denuncio al mundo que magistrados de facto del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) -que terminaron su mandato el 31 de diciembre de 2023- emitieron una sentencia que modifica el Art. 168 de la Constitución Política del Estado con el fin de proscribirme e impedir mi candidatura presidencial para las elecciones generales a realizarse el próximo 17 de agosto.
Los “magistrados” del TCP modifican el Art. 168 de la CPE sin tener competencia. Esa facultad corresponde, exclusivamente, al Órgano Legislativo.
En Bolivia la Constitución solo puede ser modificada por una Asamblea Constituyente o por un Referendo convocado con una ley aprobada por senadores y diputados.
Los jueces usurpadores se atribuyen un mandato que la Constitución no les confiere. Y eso es cometer un delito infraganti contra la Carta Magna.
El Art.122 de la CPE, señala: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.
El TCP también viola la Ley de Régimen Electoral de Bolivia (Ley 026 del 30 de junio de 2010) porque asume determinaciones que, según la Constitución, solo corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE) referido a organizaciones políticas y la habilitación o inhabilitación de candidaturas.
Pese a la brutal guerra judicial, política y electoral que busca acabar contra mi persona, seguiré resistiendo, con la fuerza del pueblo y manteniendo la esperanza de que algún día llegue una justicia imparcial y despojada del odio y racismo contra los pueblos indígenas que ya sufrimos en tiempos de la Colonia, la República, las dictaduras militares y el neoliberalismo”.
