Página 12
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció la eliminación de 13 programas de protección de mujeres y diversidades por considerarlos “ideológicos” y “kirchneristas”. Se trata de una medida electoralista para reforzar el núcleo duro, y su voto a antifeminista, de cara a las elecciones de este domingo.
Según se indica en el comunicado oficial del Ministerio, estos programas eran “innecesarios”. Entre ellos, se encuentran: Fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad, Escuelas populares de formación en género y diversidad ‘Macachas y Remedios’, Dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género, Apoyo urgente y asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género.
La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello justificó la medida argumentando que muchos de estos programas eran ineficaces, redundantes o carecían de impacto. Sin embargo, estos programas fueron fundamentales para miles de personas en todo el país y se implementaron con carácter federal.
“No hay que perder de vista que son políticas que surgieron de un organismo que se había creado recientemente y, por ende, tenían una implementación incipiente. Pero, sobre todo, que buscaron dar respuestas a desigualdades estructurales e históricas. Definitivamente, lo que había que hacer era fortalecerlas, no eliminarlas”, explicó a este diario Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.
En materia de violencia de género, los programas que ahora se eliminan formalmente aplicaban un paradigma que ponía énfasis en el abordaje integral de las violencias, con un enfoque prioritario en la prevención, pero también en el fortalecimiento de la independencia económica de las mujeres en situación de violencia. También creaban y fortalecían áreas de género locales que territorializaban estas políticas en todo el país.
La decisión ignora además las obligaciones del Estado: incumple con los compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Ivana Rosales, una mujer neuquina que fue víctima de violencia y que murió años después a raíz de las lesiones provocadas por su ex pareja. Dichos compromisos incluían acciones de acompañamiento, protección y custodia a las víctimas.
