El País
México ha presentado este viernes un desglose del registro oficial de personas desaparecidas, tema delicado donde los haya, símbolo de un país sometido a niveles desatados de violencia desde hace dos décadas.
Esperado desde hace meses, el Gobierno que preside Claudia Sheinbaum, ha dado el primer paso en un terreno resbaladizo, con un objetivo tan claro como polémico: convencer de que la cifra de más de 130.000 personas desaparecidas que muestra el registro oficial rebasa por mucho la realidad. El problema es serio, pero no de la magnitud que se pensaba. El Ejecutivo no ha querido aportar una cifra nueva.
Se ha centrado en cribar el registro -cargado de fallas- y en partir la cifra conocida, los más de 130.000, en tres grupos, dependiendo de la información que se tiene sobre esas personas.
De acuerdo al desglose, de las más de 130.000 personas desaparecidas, el 33% no ha tenido ningún tipo de “actividad” tras su desaparición, el 31% sí ha tenido actividad y el 36% responden a casos con datos “insuficientes”.
Lo anterior conduce a una conclusión que Sheinbaum y su equipo han evitado verbalizar durante su comparecencia ante la prensa. El número mínimo de desaparecidos que cuenta México ahora mismo es ese 33%, 43.128 personas, reportadas como desaparecidas desde 2006 a la fecha, que no han tenido actividad alguna desde que fueron reportadas como desaparecidas.
Esta cifra representa la intención del Ejecutivo de poner orden en un tema complejo y trágico, que ha traído de cabeza a sucesivos gobiernos desde hace más de 15 años. La polémica sobre cuántos desaparecidos hay en México viene de largo y bebe de la desconfianza de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que creen que cualquier modificación del registro podría sacar de la lista casos reales, por error o puro dolo.
El Gobierno descarta este tipo de posibilidades. “Nosotros estamos reportando lo que encontramos, con total transparencia”, ha defendido la presidenta. Sheinbaum ha destacado precisamente el trabajo conjunto con los colectivos de personas desaparecidas. Según ha podido saber EL PAÍS, la Secretaría de Gobernación convocó este jueves a representantes de colectivos para explicarles el desglose de las cifras.
De la mano de Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Gobierno ha detallado el desglose. Figueroa ha tomado las más de 130.000 entradas del registro y las ha dividido en tres rubros. En primer lugar, figuran las entradas en que los datos de la persona supuestamente desaparecida son “incompletos o insuficientes”.
Es decir, que quien quiera que subiera el reporte a la base de datos no añadió el nombre de la persona, su fecha de nacimiento o desaparición, el lugar donde ocurrió, su sexo, o varias de estas variantes combinadas.
Estos casos suman más de 46.000, el 36% del total, e incluyen algunos donde la entrada solo consta de un apodo, el nombre de un negocio o de nombres directamente falsos. Durante años, cualquiera podía añadir un reporte al registro, situación que explica el desorden que ha dibujado el Ejecutivo. Ahora, las fiscalías son las encargadas de generar los reportes y abrir las investigaciones, obligadas a integrar la batería de datos completa. De cualquier manera, el Gobierno pone estas entradas en cuarentena y no descarta que haya casos reales de personas desaparecidas entre ellas.
En segundo lugar, aparecen los casos en que la persona reportada como desaparecida “tuvo algún tipo de actividad oficial” después de su desaparición. Bajo este rubro, el Ejecutivo coloca los casos de personas que votaron en unas elecciones, que se casaron o tuvieron hijos, que se vacunaron contra el covid-19, que fueron a consulta con médicos de alguno de los seguros sociales públicos del país, el IMSS o el ISSSTE… El Gabinete de Seguridad asume que, si bien en estos casos, alrededor de 40.000, el 31% del total, la ausencia de la persona reportada como desaparecida es real para el denunciante, la situación no tendría que ver necesariamente con el crimen.
Por último, el Gobierno coloca los casos de personas desaparecidas, cuyos registros están bien hechos y no han tenido actividad posterior al reporte de la desaparición. Este rubro agrupa 43.128 casos, el 33% del total, y es, como se explica arriba, la cifra mínima de personas desaparecidas que cuenta México hoy día. Figueroa ha destacado que, de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas. Además, ha dicho que de cada 100 localizadas, 92 son halladas con vida.
La presentación de estas cifras integra la estrategia del Gobierno, que ha colocado la seguridad al frente de sus prioridades, dado el tamaño y sofisticación del crimen organizado en el país, y las mismas carencias de las corporaciones de seguridad.
El informe que ha presentado Figueroa deja en un lugar delicado a las autoridades locales, sobre todo a las fiscalías estatales, que apenas han abierto investigaciones estos años por casos de personas desaparecidas.
Las protestas de los colectivos estos años han sido constantes, por la falta de empatía de los funcionarios, pero también por su desidia y falta de iniciativa a la hora de investigar.
