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Telesur A pocas horas de conocerse la lista filtrada que comprende cien ecuatorianos inhabilitados de facto a salir del país, incluidos miembros del movimiento Revolución Ciudadana, críticos al Gobierno de Noboa y hasta periodistas, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer que su Gobierno «le dará asilo a todo el que llegue a territorio colombiano». Luego de reconocer la existencia de la lista negra de opositores en Ecuador que están siendo perseguidos, el jefe de Estado denunció, desde su mensaje en la red digital X, que han sido detenidos observadores electorales colombianos. Previo a esta decisión, el mandatario colombiano se negó a reconocer los resultados del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. «El Ejército dirigió la jornada electoral, las mesas durante las elecciones, y el conteo de votos. No hay elecciones libres bajo estado de sitio», explicó Gustavo Petro. En horas de la mañana de este miércoles, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció la existencia de una alerta migratoria contra al menos 100 miembros o seguidores del movimiento progresista Revolución Ciudadana (RC), como parte de la persecución política ordenada por el Gobierno de Daniel Noboa. Como consecuencia, el compañero de fórmula de la candidata presidencial de RC, Diego Borja, denunció haber sido detenido la víspera, de modo arbitrario, junto a su familia cuando intentaban viajar a Colombia para pasar Semana Santa. Asimismo, Verónica Sarauz, viuda del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, también fue víctima de persecución política cuando intentaba ingresar al país. Desde Ecuador y diversas partes del mundo, numerosas personalidades, líderes políticos y organizaciones han rechazado los resultados de la segunda vuelta presidencial, un proceso marcado por múltiples irregularidades que incluyen el estado de excepción, actas sin firmas y persecución política.

El País “Por supuesto que no voy a hacerlo”. Esa fue la respuesta que dio el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuando fue preguntado este lunes durante su visita a la Casa Blanca si facilitaría el regreso a Estados Unidos de Kilmar Abrego García, salvadoreño deportado por error al país centroamericano por la Administración Trump pese a que contada con una protección judicial que prohibía su expulsión. En reacción a la negativa de Bukele y del presidente Donald Trump de retornar a Abrego García, un grupo de congresistas demócratas ha dicho que viajarán a El Salvador para exigir su liberación. El senador demócrata Chris Van Hollen por el Estado de Maryland, donde Abrego García residía hasta su deportación en marzo, envió el lunes una carta al embajador de El Salvador en Estados Unidos solicitando una reunión con el presidente Bukele. En la misiva, el legislador citaba la decisión del Tribunal Supremo, que exigió al Gobierno de Trump la semana pasada que facilitara el retorno del salvadoreño de 29 años, padre de tres niños y esposo de una ciudadana estadounidense. Hasta el momento, la Casa Blanca se ha negado a cumplir la orden del alto tribunal. “Kilmar Abrego García nunca debería haber sido secuestrado y deportado ilegalmente, y los tribunales lo han dejado claro: la Administración debe traerlo a casa, ahora. Sin embargo, dado que la Administración Trump parece estar ignorando estos mandatos judiciales, necesitamos tomar medidas adicionales. Es por eso que he solicitado reunirme con el presidente Bukele durante su viaje a los Estados Unidos, y si Kilmar no está en casa a mediados de semana, planeo viajar a El Salvador esta semana para comprobar su estado y discutir su liberación”, aseguró Van Hollen en un comunicado. La idea obtuvo rápidamente el apoyo de varios legisladores demócratas, que dijeron que estarían dispuestos a acompañar a Van Hollen en el viaje. “Todos debemos hacer frente común contra el secuestro y la detención ilegal de Kilmar Abrego García en El Salvador. Abrego García fue deportado el 15 de marzo a El Salvador sin haber mediado una orden judicial. Junto a otros 23 salvadoreños y 238 venezolanos, fue enviado a la prisión de Cecot, la megacárcel de Bukele, famosa por las deplorables condiciones en las que se mantiene a los presos y las denuncias de violaciones de derechos humanos.

BBC News El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo durante su visita a la Casa Blanca que no piensa devolver a Estados Unidos a Kilmar Ábrego García, salvadoreño al que el gobierno de Donald Trump admitió haber deportado «por error» al país centroamericano y que desde entonces permanece recluido en una polémica cárcel de máxima seguridad. Respondiendo en inglés a preguntas de los periodistas junto al presidente estadounidense, Bukele dijo: «¿Cómo puedo devolver a un criminal a Estados Unidos? ¿Meter un terrorista ilegalmente?». «La pregunta es absurda. No tengo el poder de devolverlo a Estados Unidos», continuó Bukele. Le preguntaron entonces si contempla ponerlo en libertad en El Salvador y también lo negó. «No somos muy partidarios de liberar terroristas en nuestro país», dijo, ignorando el hecho de que no consta que Ábrego García haya sido nunca acusado de ningún crimen ni en Estados Unidos ni en El Salvador. El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió la semana pasada que el gobierno debe «facilitar» el regreso al país de Ábrego, ratificando la orden previa de una juez federal, que falló que la deportación de Ábrego ignoró una orden de un juez de inmigración de 2019 que resolvió que no debía ser deportado porque su seguridad corría peligro si regresaba a El Salvador. Los abogados del Departamento de Justicia señalaron en el proceso que Ábrego fue deportado debido a un «error administrativo», aunque este lunes Stephen Miller, segundo jefe de gabinete del presidente Trump, dijo que la deportación no había sido un error y que «fue el hombre correcto enviado al lugar correcto».

BBC News Un ataque aéreo israelí destruyó este domingo el último hospital en funcionamiento en la ciudad de Gaza, reportó el Ministerio de Salud de la Franja dirigido por Hamás. Testigos afirmaron que el ataque derribó las unidades de cuidados intensivos y de cirugía del Hospital Bautista Al Ahli. Un video publicado en línea mostraba enormes llamas y humo elevándose del centro después de que misiles impactaran al edificio de dos plantas. La grabación muestra personas, incluyendo algunos pacientes que aún se encontraban en camas de hospital, huyendo apresuradamente del sitio. Israel confirmó la autoría del ataque y la justificó asegurando que el centro de salud albergaba un centro de mando de Hamás. Hasta el momento, no se han reportado víctimas, aseguraron los servicios de emergencias de Gaza. Sin embargo, un niño que previamente había sufrido una lesión en la cabeza murió como resultado del «apresurado proceso de evacuación», según un comunicado de la Diócesis Episcopal Anglicana de Jerusalén, a la cual está adscrita el hospital. Además, del centro sanitario los edificios circundantes, incluida la iglesia de San Felipe, también resultaron dañados, informaron desde la diócesis, desde donde también expresaron su consternación porque el bombardeo ocurriera en la mañana del Domingo de Ramos, fecha que marca el comienzo de la Semana Santa. El Ministerio de Salud de Gaza declaró que el edificio quedó «completamente destruido», lo que provocó el «desplazamiento forzado de pacientes y personal hospitalario». Por su parte, desde las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que habían «tomado medidas para mitigar el daño a los civiles o al complejo hospitalario, incluida la emisión de advertencias anticipadas en el área de la infraestructura terrorista, el uso de municiones precisas y vigilancia aérea». El ministro británico de Exteriores, David Lammy, condenó lo ocurrido y reclamó a Israel «poner fin a estos deplorables ataques». La ciudad de Gaza no fue el único blanco de los cohetes israelíes. Este domingo también se reportaron bombardeos en otras zonas, las cuales dejaron más de 10 fallecidos.

Rusia Today El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en marcha una remodelación de su personal y ha alejado a algunos de sus asesores por la ‘confusión’ que intensificó en la Casa Blanca a cuenta de la política arancelaria, informó citando a personas familiarizadas con el asunto. Según el medio, entre aquellos con los que el mandatario no está contento se encuentran el asesor comercial, Peter Navarro, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Al frente de la Casa Blanca en materia económica está ahora el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «Scott Bessent […] ahora está al mando, con el populista Peter Navarro relegado al margen y Howard Lutnick reelegido en el papel de ‘policía malo’», escribe el medio, citando fuentes que explican que el liderazgo del secretario del Tesoro podría equilibrar «la difícil personalidad de Lutnick«. Un exmiembro del equipo de Trump afirmó que Lutnick «tiene un tono agresivo cuando habla, y los dirigentes de países extranjeros lo interpretan como condescendiente». Politico escribe que la reorganización del personal en la Casa Blanca se produce en medio de la incertidumbre causada por los desacuerdos entre los defensores del ‘comercio justo’ y los proteccionistas. Mientras «la Casa Blanca intenta trazar el camino a seguir», la Administración Trump se enfrenta a «una pérdida de credibilidad tras semanas de mensajes contradictorios que provocaron fluctuaciones en los mercados» y «la confusión existente entre los socios comerciales», que no entienden qué «quiere la Casa Blanca y cuál es el objetivo final del presidente», reseña el medio. Tras llegar al poder, Donald Trump comenzó a imponer aranceles a los países que, en su opinión, trataban «injustamente» a Washington. Sin embargo, el miércoles el mandatario anunció que, dado que más de 75 países se habían dirigido a los representantes para abordar el asunto de las tarifas y «no han tomado represalias de ninguna forma», autorizaba para dichas naciones «una pausa de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante este período del 10 %».  «A Trump le gusta crear, primero, caos y, luego, calma, caos, calma, solo para mantener a todo el mundo adivinando», dijo a Politico un exfuncionario de la Administración del republicano.

Rusia Today A dos días del balotaje en Ecuador, Luisa González, candidata presidencial de Ecuador por el movimiento izquierdista Revolución Ciudadana (RC), denunció que el presidente del país y aspirante a la reelección, Daniel Noboa, le cambió, de manera «abrupta», a su equipo de seguridad. «He sido informada por el personal de Fuerzas Armadas encargado de mi seguridad que han sido relevados de forma abrupta de sus funciones«, expresó González en un video que publicó en sus redes sociales. «Denuncio con total firmeza esta decisión irresponsable, temeraria y profundamente peligrosa, que de manera deliberada han tomado, por orden de Daniel Noboa, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Jaime Vela», continuó la aspirante presidencial; por tanto, los responsabilizó de cualquier hecho que «atente» contra su seguridad y la de su familia. González señaló que este equipo le fue asignado para proteger su vida, tras las graves denuncias de atentados en su contra, que actualmente están bajo investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE). «Cambiarlo en este momento, insisto, aumenta el riesgo para mi vida y la de mi familia», agregó González, quien exigió que ese equipo asignado se mantenga hasta que se proclamen los resultados de las elecciones, que se celebrarán el próximo domingo 13 de abril. Después de la denuncia, desde el Ministerio de Defensa Nacional emitieron un comunicado en el que señalan que «la cantidad de 58 militares totalmente armados y preparados, junto con los 12 vehículos asignados a la seguridad de la candidata Luisa González, sigue siendo la misma«.

Rusia Today Este jueves culminó la campaña electoral en Ecuador, de cara a la segunda vuelta de los comicios presidenciales previstos para el próximo domingo 13 de abril, que enfrentará al actual mandatario, Daniel Noboa, y a Luisa González, del izquierdista movimiento Revolución Ciudadana (RC). Ambos candidatos escogieron la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, para realizar sus últimos actos de campaña. González optó por realizar su actividad de cierre en la emblemática avenida 9 de Octubre de la urbe, con la presentación de artistas como Jombriel, Los Diamantes, Hellen Eu, Jhonathan Luna y Gerardo Morán. Noboa, por su parte, realizará su acto en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en la avenida Las Américas. Desde su equipo han difundido que en la actividad se presentarán los artistas puertorriqueños Tito El Bambino y Darell, algo que de darse infringiría el Código de la Democracia, que en su artículo 330, numeral 4 establece que las organizaciones políticas no podrán realizar eventos con artistas internacionales durante el período electoral. Antes, el miércoles, tanto González como Noboa hicieron sendos actos en Quito. «Estar aquí hoy es la expresión de la esperanza de días mejores para nuestra patria […] Vamos a ir a votar con alegría, con ilusión y con esperanza de que viene un futuro digno y prometedor para todos los ecuatorianos», fueron parte de las palabras que brindó la candidata de la RC ante la multitud que la acompañó en el sector de Turubamba, en el sur de ciudad, donde, además, destacó la unidad que la RC ha logrado con otros sectores, como el movimiento indígena y empresarios. Por su parte, Noboa, quien está auspiciado por su movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), realizó un acto en el Coliseo Rumiñahui, en el centro de la urbe. «La batalla final será este domingo […] Quiero agradecer a la gente de Quito, de Pichincha y de todas las provincias que están aquí, que han luchado por este presidente que también lucha por ustedes», dijo, entre otras cosas, el mandatario. Una vez que culmine el plazo de la campaña, el país va a silencio electoral, indica el CNE; espacio en el que está prohibido difundir cualquier tipo de propaganda electoral, así como encuestas, opiniones o imágenes que puedan incidir en la opinión de los votantes. Además, no se puede realizar mítines, concentraciones, actos o programas del mismo carácter.

El País Sometido a la presión de los mercados, de las críticas en el seno del propio Partido Republicano, de los empresarios y los inversores, el presidente de Estados Unidos decretó este miércoles una tregua parcial de 90 días en la guerra comercial. Trump deja en suspenso los mal llamados aranceles “recíprocos” con la excepción de China, a la que castiga por tomar represalias con un arancel del 125%. Para el resto, deja en vigor un arancel universal del 10%, así como los gravámenes a los automóviles, el acero y el aluminio, lo que ya supone por sí solo un muro proteccionista sin precedentes en un siglo. Las Bolsas se dispararon tras el anuncio de la tregua parcial, con subidas cercanas al 10% en Wall Street. Por la mañana, Trump había tuiteado: “Es un gran momento para comprar”. El paso atrás de Trump provoca un dilema para sus socios comerciales, entre ellos la Unión Europea, a la que pasa a imponer un arancel del 10% pero con la idea de que lo elevará si hay respuesta para oponerse a las políticas de Estados Unidos. La UE solo ha aprobado por ahora represalias a los aranceles del 25% al aluminio y el acero, pero Trump deja en vigor el arancel genérico y el de los automóviles y sus componentes. De momento, Trump quiere usar como escarmiento a China, que elevó sus aranceles al 84% este miércoles. Aunque el secretario del Tesoro dijo inicialmente lo contrario, Canadá y México siguen excluidos de los aranceles “recíprocos” por ahora y mantienen los suyos del 25% a parte de las importaciones (las que no cumplen los requisitos de su tratado comercial). La Casa Blanca trató de presentar inicialmente la rectificación de Trump como parte de un plan premeditado. En una comparecencia improvisada, la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, acusó a los periodistas de no haber sido capaces de ver lo que Trump estaba haciendo.

Página 12 La habitual manifestación de los miércoles por parte de los jubilados en las afueras del Congreso terminó de la misma manera que la semana pasada: con represión por parte de la Policía Federal, con heridos y con detenidos. El reclamo sostenido es la restitución del 100 por ciento de los descuentos en los medicamentos del PAMI, la prórroga de la moratoria jubilatoria, que el Gobierno pretende cerrar a fines de marzo, y la recomposición de los haberes. La respuesta fueron diez heridos y dos detenidos.  Un megaoperativo de la Policía Federal y la Gendarmería, que duplicaba a los manifestantes, avanzó con escudos, bastones y gases lacrimógenos contra los jubilados y las postas de salud y seguridad que acompañan el reclamo.  «¡Que todo el mundo escuche y entienda bien! ¡Es un gobierno dictatorial! ¡Este gobieron no da más!», se descargó un jubilado con los ojos rojos tras ser gaseado por el operativo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La movilización de cada miércoles convocada por el Plenario de Trabajadores Jubilados, la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL), el Polo Obrero, la CTA y otros partidos de izquierda y sindicatos fue pacífica y había acordado con la Policía Federal realizar una ronda sobre la plaza de los Dos Congresos y bajar a la calle respetando el corte de los semáfores en las calles Callao y Rivadavia. Sin embargo, el operativo del Ministerio de Seguridad avanzó con represión.  «A pesar de que hemos tenido jubilados heridos por los gases, porque tiran a la cara y hace mucho daño a los ojos, y por una compañera jubilada que tuvimos que llevarla al hospital en ambulancia el miércoles pasado, no vamos a bajar la guardia. Lo hemos dicho desde que nos empezaron a aplicar el protocolo: no vamos a bajar los brazos», señaló Ana Valverde, dirigente de UTJEL.

Página 12 La conjura cívico-militar que planificó el golpe de Estado en Brasil el 8 de enero de 2023, queda cada día más expuesta por una abrumadora cantidad de pruebas. Esta vez se trata de nuevos audios y videos que se enviaron entre sí los complotados que seguían a Jair Bolsonaro. Están contenidos en 1.214 informes elaborados por la Policía Federal que procesó unos 255 millones de mensajes de los ultraderechistas extraídos de celulares y computadoras.  Lo hizo con un programa de computación que podría ser igual o más sofisticado que el software utilizado por el gobierno del expresidente para perseguir opositores. El político de extrema derecha bebe hoy de su propia medicina por delitos que podrían llevarlo a la cárcel. La gran diferencia es que ahora la tecnología sirvió para detectar cómo se organizaron los golpistas en su frustrado intento de derrocar a Lula da Silva e incluso matarlo. Una parte de los documentos que refuerzan la evidencia de una conspiración para deponer al actual presidente una semana después de asumir su cargo, fueron revelados por el programa Fantástico de TV Globo.  Un ciclo que lleva décadas en el aire y que emite informes especiales sobre la realidad brasileña. Los golpistas militares y civiles urdieron el plan Punhal Verde Amarelo (Puñal Verde Amarillo) que también incluía intentar asesinar a Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF). Trama golpista Fue el último paso de una trama que había empezado cuando el líder del PT recuperó sus derechos políticos en 2021 después de sufrir 580 días en prisión por un juicio manipulado. Los neofascistas brasileños pensaron que ésa era la forma de impedir su regreso al gobierno por tercera vez. No pudieron. Los testimonios recogidos por el tradicional ciclo televisivo con nombres y apellidos de los golpistas son parte de la evidencia en un proceso judicial que lleva adelante la Procuraduría General de la República (PGR). Hasta ahora el militar de mayor rango detenido es el general cuatro estrellas, Walter Braga Netto. Recluido desde el 14 de diciembre de 2024 en el Comando de la 1° División del Ejército en Rio de Janeiro. El teniente coronel Guilherme Marques de Almeida, entonces destinado en el COTER – Comando de Operaciones Terrestres del Ejército – abre el especial de Fantástico. El  militar le señala a un interlocutor en un audio: “Si tú tuvieras alguna posibilidad de influir a alguien de los movimientos, yo estoy intentando plantar eso en las redes donde ellos están. Estoy participando de varios grupos civiles”. Los audios editados son una coartada que utilizan los golpistas en varias investigaciones de la PGR para negar su responsabilidad en la tentativa de violar la constitución de 1988. Hasta hoy, Bolsonaro el principal implicado rechaza las imputaciones que recibió. El programa de la cadena Globo menciona que “militares en puestos de comando incitaban a la participación popular y discutían cómo usar a los manifestantes enfrente de los cuarteles como mano de obra para presionar por una intervención”. La sedición del 8 de enero de 2023 tenía varios antecedentes de cómo militares y civiles de extrema derecha se retroalimentaban. Uno de los episodios más repudiables fue aquel de los días posteriores a la victoria de Lula en segunda vuelta, a comienzos de noviembre de 2022. En San Miguel del Oeste, estado de Santa Catarina, los fanáticos de Bolsonaro hicieron el saludo nazi mientras cantaban el himno y reclamaban un golpe de estado frente al cuartel del 14º Regimiento de Caballería Mecanizada para su demostración. Evidencias Entre las evidencias que mostró la TV brasileña, hay un mensaje que le envía el civil Rodrigo Yossuo Faria al general retirado Mario Fernandes. En el audio le pide respaldo: “Buen día general, ¿todo bien? Estoy precisando de un apoyo aquí porque la gente compró una tienda y el personal no está dejándola entrar para cambiar. La policía del ejército de aquí, del QG (Cuartel General). Yo necesito de un apoyo para la liberación”. El programa también cita un comunicado de la defensa del general Fernandes que explica no haber tenido acceso completo “al contenido resultante de la violación de confidencialidad y que la denuncia sólo presenta extractos inconexos”.  Un dato clave del informe señala que “cuando los militares no tenían autoridad para resolver, apelaban a que los pedidos para proteger a los manifestantes llegaran hasta el presidente Jair Bolsonaro”. De las grabaciones se desprende que un camionero llamado Lucas Rotilli Durlo le preguntó a Fernandes “¿hasta cuando ustedes quieren que la gente esté aquí, general?”. En el mismo audio le confió que quería “ser el último en salir. Somos un soldado”. Muchos transportistas son simpatizantes del expresidente y cortaron rutas del país para forzar la salida de Lula.