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RT El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la victoria judicial del exmandatario colombiano Álvaro Uribe, quien este martes fue absuelto en segunda instancia de los delitos por los que fue condenado en un proceso penal en agosto pasado.  En una publicación en su cuenta de X, Petro sugirió que el Tribunal Superior de Bogotá, que falló a favor del expresidente, se equivoca al contradecir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esto porque la CSJ había intervenido las comunicaciones de Uribe, y las grabaciones fueron avaladas por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien en primera instancia dictó la sentencia contra el exmandatario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Sin embargo, el tribunal bogotano consideró esas interceptaciones irregulares. «El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad», criticó Petro. Entonces, el mandatario señaló que «así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia». «Buscará la sanción» Petro, además, incluyó en la ecuación al presidente de EE.UU., Donald Trump, quien recientemente lo calificó de «líder del narcotráfico ilegal», desatando una nueva crisis entre ambos países. De acuerdo con el mandatario, su par estadounidense, «aliado» con Uribe, buscará una sanción en su contra. «Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció, en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país«, enfatizó. Asimismo, insistió en que desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes buscan «el golpe de Estado» en su contra. «Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo», agregó en su escrito; y, por último, convocó a sus seguidores para este viernes en la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, «para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente» que promueve el Ejecutivo colombiano.

Telesur A través de su Observatorio de Libertad de Prensa, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) registró 25 ataques a periodistas durante la cobertura de las protestas del pasado 15 de octubre, convocadas por diferentes sectores ciudadanos en contra del gobierno, en Lima y otras regiones. La ANP remarcó que «los 25 ataques fueron perpetrados por agentes policiales» y se registraron dos tipos de ataques por incidente: disparo con perdigones de goma, se registraron 14; episodios de agresiones físicas, con 11 registradas. Entre los hechos de mayor gravedad se encuentran las agresiones contra los fotoperiodistas Gabriel García, de Ojo Público, quien fue empujado y pateado al inicio de la confrontación en las inmediaciones del Congreso, y posteriormente recibió impacto de perdigones. Asimismo, las recibidas por Antonio Melgarejo, fotoperiodista del diario El Comercio, quien recibió impactos de perdigones en el Parque Universitario, y el fotoperiodista independiente Juan Mandamiento que sufrió impactos de perdigones en más de una oportunidad, que le ocasionaron más de 10 lesiones en el cuerpo. Igualmente, fueron impactados por perdigones en diferentes momentos y lugares, los integrantes de los portales informativos ContraNoticia, Punto y Coma, y Mataperrea. De igual forma, sufrieron impedimentos de cobertura los periodistas de Canal N y Latina Noticias, ambas señales de televisión de amplia difusión en la capital. Durante el repliegue de la marcha, un grupo de manifestantes se enfrentó a la policía, especialmente con algunos agentes vestidos de civil, y en ese momento un efectivo disparó su arma a un manifestante y le causó la muerte. La represión a la manifestación del miércoles en Lima contra el Gobierno y el Congreso de Perú dejó al menos un muerto, según confirmó la Defensoría del Pueblo, que también reporta más de 100 heridos —entre ellos 24 manifestantes— así como diez detenidos. La Fiscalía ha pedido este viernes la detención preliminar del policía autor del disparo y de otro agente que lo acompañaba, quien presuntamente también hizo disparos en el lugar. No es la primera vez que la policía peruana reprime a los trabajadores de la prensa y comunicadores independientes. El 29 de septiembre pasado durante las movilizaciones contra la expresidenta de facto, Dina Boluarte, la policía cargó contra los manifestantes y periodistas. «En los últimos tres años, Perú ha caído 53 puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF, ubicándose en el puesto 130 en 2025, lo que constituye  uno de los descensos más significativos», denuncia la organización Reporteros Sin Fronteras. La organización denuncia también que «El 13 de marzo, el Congreso aprobó en primera votación un proyecto de ley conocido como la Ley Mordaza, una reforma que aumenta las penas de prisión por difamación hasta cinco años, e introduce delitos vagamente definidos como la “violación de la intimidad personal”, que podrían ser utilizados fácilmente para criminalizar el periodismo de investigación.

BBC News El descontento en Perú no cesa. Y en las calles, miles de manifestantes siguen protestando desde hace un mes. Ni la caída de la anterior presidenta, Dina Boluarte, ni la llegada hace apenas una semana del actual mandatario, José Jerí, parecen calmar las aguas revueltas del país. En las últimas horas, las protestas se tornaron violentas. El miércoles, el cantante de hip hop Eduardo Ruíz, de 32 años, murió tras recibir un disparo de arma de fuego durante una manifestación en la que participaba con miles de jóvenes, según la Fiscalía. El comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola, informó este jueves que fue un suboficial quien disparó y se encuentra detenido. Más de 100 personas resultaron heridas en los últimos días, entre ellas policías y periodistas, y varios de los colectivos que promueven las protestas aseguran que se mantendrán en las calles hasta sacar a Jerí de la presidencia. Sin renuncia El nuevo mandatario dijo que no renunciaría y aclaró: «Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país, esa es mi responsabilidad y mi compromiso». A la vez, dijo que pedirá al Parlamento facultades para combatir la delincuencia. Pero la muerte de un manifestante ha recordado a lo sucedido en 2020 con Manuel Merino, que tuvo que renunciar tras la muerte de dos manifestantes solo cinco días después de habr sido investido presidente. Las autoridades parecen estar actuando esta vez de modo diferente, quizá conscientes de que un malestar popular desbordado puede forzar que la presidencia de Jerí sea también muy efímera.  El presunto autor del disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz fue detenido en pocas horas y el general Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú, ofreció sus condolencias a la familia, prometió una investigación «exhaustiva» y anunció que los generales responsables del operativo policial en el centro de Lima el miércoles habían sido relevados. La pregunta es si a Jerí le bastará con actuar de manera diferente a como lo hizo Merino en 2020.  «Aunque su instinto de supervivencia lo empuja a marcar distancia de un régimen impopular, Jerí no debe olvidar que su origen es el mismo», escribió en El Comercio el columnista José Carlos Requena, en referencia a que las fuerzas que propiciaron en el Congreso el acceso de Jerí a la presidencia parecen ser las mismas que sostuvieron a Boluarte. Pese a las protestas de los estudiantes y otros colectivos en la calle, el presidente ha sobrevivido hasta ahora a los movimientos de sus rivales, que no están dispuestos a darle tregua. El Congreso rechazó admitir a trámite dos mociones de censura contra la mesa directiva del Parlamento. La aprobación de una moción de este tipo implicaría la salida de Jerí de la Presidencia, que ejerce en su calidad de presidente del Congreso. Si deja de serlo, dejará de ser también el presidente de la República.  Pero el mandatario ha logrado hasta ahora sortear ese peligro. La última votación se saldó con 63 votos en contra por solo 20 a favor, lo que revela una posición todavía relativamente sólida en el Congreso. Aunque antecedentes como el de Boluarte muestran que esto puede cambiar en cuestión de horas en Perú.  Este mismo viernes la congresista del Bloque Democrático Popular Sigrid Bazán presentó una denuncia constitucional contra Jerí; su primer ministro, Ernesto Álvarez; y su ministro de Interior, Vicente Tiburcio, por su presunta responsabilidad en la muerte del manifestante. Pocos apuestan que será el último intento contra Jerí y su gobierno. Jerí es el séptimo presidente de Perú en menos de una década y asumió el cargo el 10 de octubre.

Telesur La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, María Zajárova, afirmó que el Premio Nobel de la Paz y otras distinciones similares, se han transformado en «herramientas políticas«. Sostuvo que, en lugar de basarse y reconocer «el desempeño pasado, lo cual es comprensible y lógico», premian «ciertas perspectivas futuras«. De acuerdo con la vocera, el criterio de adjudicación se ha desviado de la labor real de una persona u organización a favor de la paz. «Lo que vemos se ha convertido desde hace mucho tiempo en una especie de fragua política, donde presentan a un ‘caballo negro’ y se le adaptan las herraduras«, manifestó Zajárova. Las críticas de la portavoz se suman a la opinión expresada recientemente por el presidente ruso, Vladímir Putin. El mandatario opinó el pasado viernes, 10 de octubre, sobre el Premio Nobel de la Paz 2025, asegurando que el prestigio del galardón se ha perdido, y destacó que «ha habido casos en los que el Comité ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a personas que no han hecho nada por la paz«. Las declaraciones de las autoridades rusas llegan en un momento de controversia tras el anuncio de que el Comité Noruego otorgó a la opositora de la ultraderecha venezolana, María Corina Machado, el Premio Nobel de la Paz 2025 por su supuesto «incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos». Diversas investigaciones y denuncias revelan una paradoja en esta distinción, dado que el historial político de Machado está marcado por la promoción de la violencia y planes conspirativos que han comprometido la soberanía de Venezuela. La principal crítica a la política de María Corina Machado se centra en su rol activo en la promoción y defensa de sanciones internacionales contra Venezuela. Se le atribuye la labor de haber abogado consistentemente ante Gobiernos extranjeros por la imposición de estas medidas, las cuales han afectado directamente al pueblo venezolano.

Página 12 La reunión oficial en la Casa Blanca entre Donald Trump y Javier Milei dejó un mensaje contundente: el respaldo económico de Estados Unidos a Argentina está condicionado a la victoria del presidente ultraderechista en las elecciones del 26 de octubre. “Si Milei gana, estaremos cerca; si no, nos vamos”, advirtió Trump, en lo que analistas califican como una extorsión política sin precedentes. Milei inició el encuentro con evidente nerviosismo y dificultades para expresarse, agradeciendo a Trump por la recepción, su apoyo económico y su rol en la gestión de conflictos internacionales.  En su escueto mensaje, el ultraderechista resaltó el acuerdo de swap por 20.000 millones de dólares, que reforzará las reservas y buscará estabilizar el peso. “Nos permite transitar tranquilos y demostrar al mundo que las ideas de libertad funcionan”, afirmó Milei. Además, destacó el trabajo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y sostuvo que su intervención permitió “superar el problema de liquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos de la oposición”. Trump condiciona su ayuda: “Si un socialista gana, nos sentimos distintos” Trump, a su turno, elogió la gestión y la popularidad de Milei, asegurando que la administración libertaria podría “hacer grande a Argentina otra vez”. Sin embargo, dejó en claro que cualquier apoyo financiero adicional depende de un alineamiento estratégico con Washington. Esto incluye reducir la relación con China y abrirse a inversiones estadounidenses. “Si un socialista gana, nos sentiremos muy diferente sobre nuestro apoyo a Argentina”, subrayó. El mandatario estadounidense enfatizó los límites de su asistencia: “No quisiera que se hicieran tantas relaciones con China, ni que intervengan en las fuerzas armadas”. Además, precisó que el rescate económico tiene un interés político concreto: garantizar que La Libertad Avanza consiga un triunfo en los comicios de octubre. Consultado sobre un posible fracaso electoral de Milei, Trump fue aún más explícito: “Si no ganan, no seremos generosos con Argentina”. En paralelo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, respaldó la expectativa de triunfo del partido de Milei, aunque reconoció que un resultado adverso podría obligar a EE. UU. a “replantear” su política hacia Argentina. Mercados en alerta: bonos caen 7,4% y acciones se desploman El impacto en los mercados fue inmediato. Los bonos argentinos cayeron hasta 7,4%, mientras que las acciones locales retrocedieron más del 9%, reflejando la incertidumbre sobre la continuidad del respaldo financiero estadounidense y los riesgos electorales de Milei.  Trump también mencionó que posibles acuerdos de libre comercio e inversiones en sectores estratégicos como litio, energía y cobre estarán condicionados al resultado de las elecciones, reforzando la percepción de que la asistencia estadounidense no es incondicional. A menos de dos semanas de los comicios, la Casa Blanca dejó en claro que la supervivencia económica y política del gobierno de Milei depende de su capacidad para garantizar un triunfo electoral y mantener alineamiento con Washington.

Página 12 El gobierno de Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 697/2025) que autoriza el ingreso de tropas de Estados Unidos a territorio argentino para participar del ejercicio militar conjunto “Operación Tridente”. Las maniobras se desarrollarán entre el 26 de octubre y el 15 de noviembre en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, además de áreas marítimas y terrestres destinadas al entrenamiento especializado. El convite le costará al Estado 60 millones de pesos. Según el documento oficial, la medida tiene como objetivo “intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre Fuerzas Especiales” para mejorar la coordinación multinacional, la capacidad de respuesta inmediata y el uso de tecnologías avanzadas. La Armada Argentina será la encargada de financiar la estadía de las tropas extranjeras, con un presupuesto estimado de $60.211.157. Fuentes del Ministerio de Defensa señalaron a este diario que la millonaria suma destinada a la operación forma parte del presupuesto asignado a la Armada dentro de la jurisdicción Defensa. Desde el Ejecutivo, en tanto, defendieron la medida como una “oportunidad estratégica para potenciar las capacidades nacionales”. El decreto presidencial destaca que la experiencia acumulada por las Fuerzas Especiales estadounidenses constituye un “recurso invaluable”, aplicable tanto en contextos de combate como en operaciones de asistencia humanitaria. El gobierno de Milei subraya que la participación de Argentina en la “Operación Tridente” demuestra “su compromiso con la estabilidad regional y la seguridad internacional, mejora su reputación como socio y contribuye a estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las fuerzas argentinas en futuras operaciones multinacionales”. El texto agrega además que “la no participación en el ejercicio afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas con la Armada de los Estados Unidos de América”.

RT El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este domingo la creación de una fuerza militar indígena de alcance continental destinada a defender el país de cualquier agresión. «Una de las órdenes que voy a dar hoy a la Fuerza Armada Nacional […] es que profundicemos y aceleremos la expansión de la milicia bolivariana indígena en todos los territorios del país y se conformen brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de nuestra Suramérica para venir a defender a Venezuela, si fuese necesario», aseveró. Las declaraciones del mandatario se dieron durante su discurso en el evento de conmemoración del Día de la Resistencia y Descolonización de América, en el que una multitud de comunidades indígenas marchó en Caracas para reafirmar su defensa de la paz y la integridad territorial. En este sentido, Maduro declaró que había recibido «cartas de varios pueblos indígenas» de toda América del Sur «dispuestos a guerrear» en defensa de la nación.