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Telesur En un paso judicial significativo que busca sanar una herida de más de cinco décadas, la ministra en visita Paola Plaza González formalizó la acusación contra el chileno exmilitar Pedro Barrientos Núñez. Se le imputan los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado cometidos contra el cantautor Víctor Jara Martínez y el exdirector Nacional de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal, entre el 12 y el 15 de septiembre de 1973, al inicio de la dictadura de Augusto Pinochet. El proceso judicial contra Barrientos marca un punto de inflexión. El exmilitar logró evadir la justicia chilena durante 34 años, al huir a Estados Unidos en 1989. Allí obtuvo la nacionalidad estadounidense mediante información falsa, un hecho probado posteriormente por las autoridades.  Su deportación a Chile se concretó el 30 de noviembre de 2023, luego de que las autoridades migratorias de Estados Unidos revocaran su ciudadanía el 14 de julio del mismo año por fraudes en el proceso de obtención. Pedro Barrientos fue requerido por la justicia chilena desde 2013, año en que la Corte Suprema autorizó su extradición por su participación en estos crímenes. Sin embargo, su estatus legal en Estados Unidos le permitió prolongar su situación hasta 2016. En ese año, un jurado en un caso civil en Florida lo encontró responsable de torturas a Víctor Jara y otros prisioneros en el Estadio Chile (conocido actualmente como Estadio Víctor Jara), condenándolo a pagar una indemnización millonaria. Este fallo fue crucial para impulsar su procesamiento penal en Chile. Una vez en territorio nacional, Barrientos fue debidamente notificado de los autos de procesamiento dictados en 2012 y 2014 por el entonces ministro Miguel Vásquez Plaza.  Fue este mismo magistrado quien, ante la ausencia del imputado, había decretado su sobreseimiento temporal. Con la presencia física de Barrientos en Chile, ese sobreseimiento quedó sin efecto, despejando el camino para la acusación formal que ahora se ha dictado La investigación judicial detalla que Víctor Jara fue detenido el 12 de septiembre de 1973 en la Universidad Técnica del Estado y posteriormente trasladado al Estadio Chile. El 15 de septiembre fue la última vez que se le vio con vida, tras ser sacado de una fila de prisioneros que serían llevados al Estadio Nacional.  Su cuerpo fue hallado en la madrugada del 16 de septiembre en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, junto a otros cinco cadáveres, incluido el de Littré Quiroga. El cuerpo de Jara presentaba 44 impactos de bala y múltiples fracturas. Por su parte, Littré Quiroga se había presentado voluntariamente a Carabineros el 12 de septiembre, tras ser citado por autoridades militares. Fue conducido al Regimiento Blindado Nº2 y, al día siguiente, trasladado al Estadio Chile, donde sufrió múltiples torturas y vejaciones aplicadas por personal del Ejército. Permaneció en el lugar hasta el 15 de septiembre. Su cadáver mostraba 23 impactos de bala. Este caso se enmarca en un contexto de condenas previas. En agosto de 2023, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile condenó a siete exmilitares en retiro por su responsabilidad en los mismos delitos. Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto recibieron penas de 15 años y un día como autores de los homicidios, y 10 años y un día por los secuestros. Rolando Melo Silva fue condenado a cinco años y un día como encubridor de los homicidios. Dos de estos condenados intentaron eludir la justicia: Nelson Haase Mazzei permanece prófugo, mientras que Juan Jara Quintana fue capturado en mayo de 2024 tras darse a la fuga después de la sentencia. Con la acusación formal de la ministra Paola Plaza, el caso entra en su etapa final y la suerte de Pedro Barrientos, el exmilitar, está cada vez más cerca de recibir una sentencia definitiva.

Telesur La comisionada del Sistema Nacional de Emergencias 911 de Honduras, Miroslava Cerpas, entregó al Ministerio Público un expediente con pruebas que evidencian la injerencia del crimen organizado en las elecciones generales del 30 de noviembre. La carpeta reúne audios certificados, informes policiales y testimonios que muestran una operación criminal, ejecutada por maras, pandillas y estructuras ligadas al narcotráfico, con la intención de alterar el proceso electoral, que incluyó presiones y amenazas de muerte a simpatizantes del Partido Libre. Durante su declaración ante la prensa, Cerpas afirmó que el caso representa uno de los episodios más graves de intimidación política vividos en el país. Señaló que antes y durante la jornada electoral el 911 recibió 892 denuncias de delitos electorales, las cuales revelaron amenazas y presiones ejercidas por maras, pandillas y estructuras vinculadas al narcotráfico para impedir que los ciudadanos votaran libremente. Entre los hechos reportados, habitantes denunciaron que grupos criminales les retiraron su Documento Nacional de Identificación para impedirles votar, mientras otros aseguraron que fueron amenazados de muerte si apoyaban al Partido Libertad y Refundación (Libre). También se registraron casos de familias obligadas a abandonar sus casas en un plazo de tres días y la presencia de individuos disfrazados de observadores electorales verificando el sentido del voto en los centros de votación. Cerpas explicó que esta documentación fue recabada con cadena de custodia y con apoyo de la Dirección de Investigación e Inteligencia de la Policía Nacional en los 18 departamentos del país. Asimismo, resaltó que, por primera vez en Honduras, el crimen organizado operó abiertamente dentro de los centros electorales, infiltrándose como integrantes de mesa y como observadores. La funcionaria afirmó que el aporte del 911 es clave para que las autoridades determinen si existen bases legales para declarar la nulidad del proceso electoral. Nueve días después de los cuestionados comicios, el conteo sigue suspendido y el Partido Libertad y Refundación denuncia un golpe electoral. Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, mantiene la ventaja con 40,52 %, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39,20 %. En tercer lugar, figura la abanderada de Libre, Rixi Moncada, con 19,29 %. Ante el golpe electoral en curso, Libre desconoció los datos electorales y convocó a una movilización nacional el próximo 13 de diciembre. Además, denunció la intromisión de EE.UU. en el proceso electoral.

Rusia Today Un fuerte sismo de magnitud de 7,6 se ha registrado este lunes frente a las islas Kuriles, informó la estación sísmica de Yuzhno-Sajalinsk. Según sus datos, el sismo se produjo a una profundidad de 20 kilómetros. Previamente esta jornada un sismo sacudió viviendas y autos en la costa norte de la isla de Honshu, la principal de Japón. Varias personas resultaron heridas en un hotel de la ciudad de Hachinohe, en la prefectura de Aomori. La Agencia Meteorológica japonesa emitió una alerta por tsunami, mientras las autoridades se preparan para olas de hasta 3 metros, advirtiendo a la población de la necesidad de evacuarse de las zonas en peligro. Debido al terremoto, se suspendieron los servicios de la red de líneas de ferrocarril de alta velocidad Shinkansen de Tohoku, en el noreste del país.

RT Rixi Moncada, candidata del partido oficialista LIBRE, declaró este domingo que su movimiento no reconoce las elecciones en Honduras celebradas «bajo injerencia y coacción» del presidente estadounidense, Donald Trump, y la «oligarquía aliada». Durante una intervención, la política denunció ante la comunidad internacional la injerencia del mandatario estadounidense en los resultados de los comicios, señalando un crimen de traición a la patria. «LIBRE, en defensa de la democracia al pueblo hondureño, a nuestra combativa militancia y a la comunidad nacional e internacional, declara: número uno, Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso, después del envío de millones de mensajes por diferentes plataformas amenazando al pueblo que si vota por Rixi no recibirá las remesas el mes de diciembre», manifestó la política. En este contexto, solicitó la nulidad de las elecciones y la repetición de los comicios presidenciales, así como convocó a movilizaciones populares en rechazo al golpe electoral. Por otra parte, denunció que el 6 de diciembre se demostró en el pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral que el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) «ha sido manipulado en su código fuente» y anunció la convocatoria a una asamblea extraordinaria para el próximo sábado, así como protestas en todo el territorio nacional y asambleas departamentales con la militancia del partido en el Gobierno. Una semana después de las elecciones presidenciales en Honduras, el país parece seguir lejos de un resultado final definitivo, con la impaciencia y la desconfianza popular creciendo ante las denuncias de irregularidades y fraude en el proceso del reconteo. El Consejo Nacional Electoral lleva ya 48 horas sin actualizar los resultados de los comicios presidenciales. Los últimos resultados difundidos la tarde del viernes, con el 88 % de las actas revisadas, sitúan en el primer lugar a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional y favorito de EE.UU., con 40,19 % de los votos, seguido de manera muy ajustada por Salvador Nasralla, quien obtiene el 39,49 %. Rixi Moncada, candidata del partido oficialista LIBRE, se ubica tercera, con el 19,3 %.

DW Actualidad La Fiscalía del estado de Michoacán, en el oeste de México, elevó a cinco el número de personas que murieron y a cuatro las que resultaron heridas tras la explosión de un automóvil, frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, en la costa del Pacífico mexicano. La Fiscalía informó que la explosión del vehículo ocurrió este sábado alrededor de las 11:40 hora local (18:40 CET), sobre la calle Ignacio López Rayón, frente a la base de la Policía Comunitaria, que no es reconocida por el gobierno estatal. Las autoridades investigan si la explosión se trató de un «coche bomba» del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra la Policía Comunitaria, o si el vehículo cargaba material químico o explosivo que detonó de forma accidental. Sin embargo, medios locales como El Universal y 90 grados, informaron que la Fiscalía General de la República (FGR)  abrió una «investigación en contra de quién o quienes resulten responsables del delito de terrorismo tras la explosión en Coahuayana. La Fiscalía precisó que dos de las víctimas mortales son varones que viajaban en el automóvil siniestrado, mientras que las otras tres son miembros de la Policía Comunitaria. Grupo policial El Gobierno de Michoacán informó que no reconoce a la Policía Comunitaria de Coahuayana como una corporación de seguridad oficial, toda vez que sus integrantes se han negado a someterse al protocolo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el órgano que registra y evalúa a los policías y su armamento en México. La Policía Comunitaria es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, alias «El Comandante Teto”, identificado como un ex integrante de los civiles grupos de autodefensa que surgieron en 2014 para combatir al entonces cártel hegemónico del narcotráfico autodenominado como «Los Caballeros Templarios”. El gobierno de Michoacán tiene en Coahuayana grupos de la Guardia Civil (Policía Estatal), que operan en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Marina. Ruta de narcotráficantes de Sudamérica Michoacán cuenta con 270 kilómetros de litoral en el pacífico mexicano, distribuidos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, donde la Secretaría de Marina mantiene constantes operativos en altamar al ser una ruta para el tráfico de cocaína desde Sudamérica. Las autoridades han identificado que pobladores de la costa michoacana trabajan al servicio de narcotraficantes recogiendo en el mar paquetes de cocaína, que posteriormente trasladan por tierra o en avionetas a distintos puntos de México o la frontera con Estados Unidos. La Secretaría de Marina identificó que en la costa de Michoacán hay una fuerte confrontación entre las Policías Comunitarias de Aquila y Coahuayana con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por el control de las rutas del tráfico de drogas. Desde el 10 de noviembre, México ha reforzado la seguridad en Michoacán, tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue atacado durante un acto público en pleno Día de Muertos.

Prensa Latina Buenos Aires, 5 diciembre (Prensa Latina).- La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro y una movilización la próxima semana al Congreso contra la reforma laboral y el ajuste que proyecta el gobierno, coincidiendo con el inicio de la nueva Legislatura. La fecha de la acción sindical será el martes 9, en víspera de que arranque la nueva configuración en el Palacio Legislativo más favorable al presidente Javier Milei.  ATE demandará, además, la inmediata reapertura de negociaciones para los convenios colectivos laborales con una recomposición salarial de emergencia y rechazará el intento de recorte del 10 por ciento de los trabajadores estatales. El sindicato definió adelantar la medida de fuerza, votada por unanimidad en un encuentro realizado en San Luis el pasado 27 de noviembre, y ahora la convocatoria podría coincidir con la presentación del proyecto de reforma laboral en el Congreso. Cada provincia definirá las modalidades de protesta y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dispondrán retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10:30 hora local. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, repudió que se “trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es disciplinar la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, recalcó. “Cuando fue la crisis económica global del 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron”, recordó Aguiar. “Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde el 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización», señaló el dirigente gremial. El titular de ATE recordó que «aún con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas”.  El ejecutivo que preside Milei tiene en planes cesantear a unos 70 mil trabajadores de organismos del Estado, y podría suceder antes de fin de año. Entre estos se verán afectados la Oficina Anticorrupción, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. También serán blanco del recorte de personal la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el Archivo General de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Social, los Consejos Nacionales para la Integración (o Inclusión) de la Persona con Discapacidad y el Ente Nacional Regulador del Gas. En la misma situación están el Ente Nacional Regulador de Electricidad, el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola, el Instituto Nacional Tecnológico Industrial y el Ente Nacional de Comunicaciones.

RT El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, se dirigió este jueves a la prensa para comunicar que se reescrutarán las actas electorales que presentan inconsistencias, por lo que aún no puede darse por concluido el proceso.  La consejera Cossette López informó que se «transcribirán de manera transparente aquellas actas que no hayan sido recibidas desde el sistema TREP [transmisión de resultados electorales preliminares]» lo que permitirá completar «el cómputo del 100 % de las actas de la elección».  También se refirió a las denuncias de «algunas actas con inconsistencias», aunque afirmó que estas no han sido incorporadas al conteo difundido hasta el momento.  «Como puede constatar la ciudadanía, dichas actas están catalogadas como inconsistentes en la divulgación nacional, pero no forman parte de la sumatoria de votos y eso es importante que se sepa», precisó.  «Escrutinio especial» De su parte, la presidenta del organismo, Ana Paola Hall, aseguró que tras resolverse las contingencias, se realizará un «escrutinio especial» a cargo de «juntas especiales de verificación y recuento que funcionan de forma autónoma». «Es importante que comprendamos todos que estas juntas que van a hacer los escrutinios especiales se integran por personas a propuesta de los partidos políticos», abundó.  Sostuvo asimismo que «el trabajo de estas juntas será transmitido 24/7, porque se ha dispuesto en el lugar en el que se realizarán los escrutinios especiales cámaras que enfocan cada una de estas juntas», lo que será garantía de transparencia.  «Estos nuevos conteos se hacen por tratarse de casos donde las juntas receptoras de votos han presentado inconsistencias insalvables. Todo esto completará […] el escrutinio final al 100 %, como lo manda la ley electoral de Honduras», explicó.  Paciencia Hill llamó a recordar que a medida que avanza el conteo, «los resultados de todas las candidaturas en todos los niveles electivos van variando» y ello «continuará sucediendo hasta el momento en que se cierre el cómputo y no haya más actas o votos por computar». «Todos estos procedimientos que hemos detallado requieren tiempo y, por lo tanto requieren paciencia«, destacó la funcionaria, quien insistió en la necesidad de completarlos, «porque permiten asegurar que el escrutinio final exprese de manera fiel la voluntad ciudadana».  Entretanto, López reiteró que la ley electoral hondureña «establece mecanismos para impugnar o revisar actas con inconsistencias divulgadas». Así, instó a los actores políticos «a usar las vías jurídicas pertinentes en caso de tener inconformidades, para lo cual ya el CNE emitió previamente un reglamento».  Retrasos, suspensiones y denuncias Las elecciones generales de Honduras se celebraron el pasado domingo y, desde entonces, se han producido retrasos y suspensiones en la transmisión de las actas electorales. Además, la contienda ha estado particularmente reñida entre los conservadores Nasry Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal), mientras que el gobernante partido Libertad y Refundación (Libre) ha insistido en denunciar un «golpe electoral» así como que ha habido injerencia extranjera. El Grupo ASD, compañía responsable del conteo, ha estado en el ojo del huracán desde el pasado domingo, cuando afirmó que su plataforma de conteo rápido sufrió intentos de hackeo. Mientras, el CNE atribuyó las demoras a «problemas técnicos» y reconoció que «paquetes de actas transmitidas en la noche de la elección todavía se encuentran pendientes de procesamiento». En la madrugada de este miércoles, Nasralla –quien lideró el conteo el lunes y el martes– denunció que el escrutinio había sido alterado para favorecer a Asfura, cuya candidatura fue apuntalada abiertamente por el presidente estadounidense, Donald Trump.  «A las 03:24 de la madrugada, se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013) cambió los datos«, aseguró en X. «Deben investigar a la empresa colombiana que está metida en estos cambios, ASD, de la cual son socios: el exgerente de EEH [Empresa Energía Honduras], Germán Martell; y el candidato al Parlacen [Parlamento Centroamericano] del Partido Nacional, Walter Castellanos», agregó.

Telesur Tres palestinos, entre ellos el fotorreportero Mahmoud Wadi, fueron asesinados este martes en ataques israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza, en lo que constituye una nueva violación del cese al fuego vigente desde el 11 de octubre. Las fuerzas israelíes también bombardearon zonas residenciales, cercaron familias bajo fuego de drones y destruyeron viviendas en el norte y el centro del enclave. De acuerdo con fuentes médicas, dos palestinos fueron abatidos en el campamento de Al-Bureij y en el vecindario de Zeitoun, en Ciudad de Gaza. Minutos más tarde, un dron israelí asesinó al periodista Mahmoud Essam Wadi en Khan Younis, en el sur de la Franja. El ataque contra Wadi, quien trabajaba con medios locales e internacionales, eleva a 257 el número de periodistas palestinos asesinados desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023, según confirmó el Gobierno de Información de Gaza (GGMO). Durante la noche del lunes, fuerzas israelíes cercaron a decenas de familias en la zona de Sannafour, en el barrio de Tuffah, disparando de forma sostenida y lanzando ataques con drones. Cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos niños y una mujer. La evacuación fue posible solo tras coordinación con la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). En paralelo, Israel detonó un robot cargado de explosivos en el área de al-Shaaf, realizó demoliciones de edificios en el norte, lanzó ataques aéreos sobre Yabalia y bombardeó nuevamente el campamento de Bureij. Estas acciones violan de forma directa el acuerdo de cese al fuego que estipula la suspensión total de operaciones militares —incluyendo bombardeos aéreos y artillería— alcanzado el 10 de octubre. El GGMO denunció que Israel ha violado el cese al fuego al menos 591 veces en 50 días, dejando un saldo de, 357 civiles asesinados,903 heridos, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, 164 ataques directos contra civiles, 25 incursiones militares fuera del “línea amarilla” además de 280 bombardeos y ataques de artillería, 118 demoliciones de viviendas, 38 personas secuestradas en Gaza desde el 10 de octubre. El Ministerio de Salud palestino actualizó este miércoles la cifra total de víctimas desde el inicio de la guerra en octubre de 2023: 70.117 muertos y 170.999 heridos. La guerra más mortal para periodistas en la historia moderna Organizaciones internacionales han descrito Gaza como “el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo”. Reporteros Sin Fronteras (RSF) afirmó que la Franja se ha convertido en el territorio con mayor número de periodistas asesinados en 2024 y 2025. Un informe del Watson Institute reveló que la ofensiva israelí ha matado a más periodistas que varias guerras combinadas: la Guerra Civil estadounidense, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, Vietnam, Yugoslavia y Afganistán después del 11-S. Además, 44 periodistas palestinos han sido asesinados dentro de tiendas de desplazados, muchas ubicadas cerca de hospitales o instalaciones de la ONU, lo que refuta las afirmaciones israelíes de “daños colaterales”. Los investigadores destacaron el uso de armamento de precisión en áreas densamente pobladas, lo que evidencia —según el informe— un patrón de “intención calculada para silenciar testigos y obstaculizar la documentación de crímenes”. El Sindicato de Periodistas Palestinos exigió la creación de una comisión internacional independiente para investigar estos asesinatos y activar mecanismos de la Corte Penal Internacional (CPI) para perseguir responsabilidades por crímenes de guerra. También pidió a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y a la Federación Internacional de Periodistas habilitar corredores seguros para los reporteros desplazados y preservar un archivo legal que permita documentar violaciones graves contra periodistas y civiles.

BBC News Este martes se reinició el recuento de los votos de las presidenciales, un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dijera que había un «empate técnico» entre el conservador Nasry Asfura y el centrista Salvador Nasralla y anunciara la interrupción temporal del escrutinio por problemas técnicos. Así, con poco más del 61% de las actas escrutadas, Nasralla, un afamado expresentador de televisión, alcanza 788,004 votos (39,94%), mientras que Asfura —respaldado en la recta final por el presidente estadounidense Donald Trump— suma 785,411 (39,81%). En tercer lugar, figura la oficialista Rixi Moncada, exministra de Defensa y delfín de la presidenta Xiomara Castro, con el 19,19% de los sufragios. La jornada electoral del domingo, en la que también se renovó el Congreso y las autoridades locales, transcurrió en paz, aunque semanas antes tanto Libre, el partido oficialista, como la oposición denunciaron posibles fraudes, lo que alimentó temores sobre la transparencia del proceso. Ahora, los dos candidatos que van en la delantera aseguran tener la ventaja según sus conteos internos, mientras Moncada denuncia una presunta «inflación de actas» en favor del Partido Nacional, en el que milita Asfura. ¿Qué pasa ahora? En Honduras no existe segunda vuelta electoral, por lo que quien obtenga la mayoría de votos, aunque sea por un margen mínimo, será declarado ganador. Esto ocurre únicamente cuando se concluye el conteo de todas las actas. Actualmente, el CNE ha procesado el 61% de las boletas y la diferencia entre ambos candidatos es tan reducida que se encuentra dentro del margen de error estadístico. Por ello, no es posible establecer una tendencia clara, una situación que se conoce como empate técnico. La autoridad electoral deberá continuar con el conteo y, una vez finalizado, según la Ley hondureña, informar quién resultó ganador o si hubo un empate numérico. Este anuncio debe realizarse a más tardar 30 días calendario después de los comicios y publicarse al día siguiente en el diario oficial La Gaceta. En caso de un empate exacto, donde ambos candidatos obtengan el mismo número de votos, se volverían a contar las boletas en un escrutinio especial. Si tras este nuevo conteo persiste la igualdad, la legislación establece que se debe convocar a una nueva elección dentro de los 20 días calendario siguientes a la declaración del empate. En este escenario, los comicios se realizarían únicamente entre los candidatos empatados. Este panorama no es imposible, pero en términos estadísticos resulta poco probable. Alegan ventaja Este lunes, mientras el CNE pedía «calma» durante el conteo de votos, tanto Nasralla como Asfura aseguraban que serían los ganadores de la elección. Nasralla publicó en sus redes sociales una proyección de votos que, según él, lo ubicaría como vencedor de los comicios del domingo. Más tarde aclaró en otro mensaje: «No nos estamos declarando ganadores, solo estamos proyectando los resultados que van a ingresar al CNE en las próximas horas». Este es el cuarto intento de Nasralla por llegar a la presidencia. En 2022, en su anterior intento, renunció a sus aspiraciones y se integró a la fórmula de la propuesta de izquierdas de Xiomara Castro como vicepresidente. El conservador Asfura, por su parte, también se pronunció tras el cierre del conteo preliminar del CNE, pidiendo a sus correligionarios paciencia, aunque aseguró que los resultados favorecen a su partido. Esta es la segunda ocasión en la que el exalcalde de Tegucigalpa, quien hizo campaña con su pegajoso lema «Papi a la orden» (que también utilizó en otras elecciones), se postula al máximo cargo público en Honduras. En los días previos a las elecciones, Donald Trump le dio explícitamente su apoyo en varios mensajes publicados en su red social Truth Social y anunció el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en EE.UU. por narcotráfico y en el pasado fue líder del Partido Nacional. Trump también amenazó con recortar la ayuda financiera al país centroamericano si no ganaba Asfura, a quien las encuestas previas a los comicios situaban en tercer lugar. En la tarde del lunes, Trump publicó un mensaje en el que hizo referencia al proceso de recuento de votos. «Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá infierno que pagar!», escribió el mandatario en redes sociales sin aportar pruebas. Además de elegir presidente, los hondureños debían votar por los 128 integrantes del Parlamento nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano y las autoridades de los 298 municipios del país. El nuevo gobierno que surja de estas elecciones tendrá que responder a las expectativas de un país donde más del 60% de los hogares vive en condiciones de pobreza y cuya realidad está marcada por el crimen organizado, la violencia política y la corrupción.

BBC News Uno de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, el líder convicto del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable este lunes en Estados Unidos de diversos cargos relacionados con el tráfico de drogas. Joaquín Guzmán López compareció este lunes ante el Tribunal Federal de Distrito de Chicago, donde ratificó su cambio de declaración de culpabilidad -primero se había declarado inocente- en el proceso judicial que enfrenta en el estado de Illinois. La fiscalía federal lo acusaba de dos cargos de conspiración relacionada con el tráfico de drogas y de participación en las actividades de una organización criminal. Guzmán López es junto a sus otros hermanos, incluido Ovidio Guzmán López, «El Ratón», parte de la facción de «Los Chapitos» que disputan el control del poderoso Cartel de Sinaloa desde que su padre fue detenido en 2016 y condenado en Estados Unidos tres años después. «El Ratón» se declaró culpable por cargos similares en julio de este año. La detención de Guzmán López, conocido también como «El güero moreno», fue lograda por las autoridades de EE.UU. en circunstancias inusuales el 25 de julio de 2024. Ese día arribó en un avión privado a un aeropuerto cercano a la ciudad de El Paso en compañía de Ismael «El Mayo» Zambada, el otro líder del Cartel de Sinaloa junto a «El Chapo». Ambos fueron capturados de inmediato por las autoridades de EE.UU. La defensa de Zambada ha alegado que fue llevado en contra su voluntad por Guzmán López y sus hombres a bordo de la aeronave, que luego viajó directamente a Texas hasta su captura aquel día. Actualmente Zambada está a la espera de que se le dicte una condena, luego de declararse culpable de cargos de narcotráfico en Nueva York. Otros dos de los cabecillas de «Los Chapitos», Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, también son buscados por acusaciones de tráfico de drogas en Estados Unidos y se presume que están en México. Desde la captura de Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada, las facciones de «Los Chapitos» y «Los Mayos» se han enfrentado en Sinaloa, dejando un saldo de cientos de muertos de ambos bandos y otras víctimas civiles en Sinaloa.