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Prensa Latina La Habana, 30 ene (Prensa Latina).- El presidente Miguel Díaz-Canel calificó de acto de brutalidad el anuncio de Estados Unidos de ubicar a migrantes deportados en la base naval de Guantánamo, territorio cubano ilegalmente ocupado. «En acto de brutalidad, nuevo gobierno de EEUU anuncia encarcelamiento en Base Naval en Guantánamo, ubicada en territorio de Cuba ilegalmente ocupado, de miles de migrantes que expulsa forzosamente, a los que ubicará junto a las conocidas cárceles de tortura y detención ilegal», criticó el mandatario en la red social X. Desde esa plataforma, el canciller Bruno Rodríguez también condenó la decisión de la administración estadounidense y señaló que enviar migrantes hacia el enclave donde la nación norteña creo centros de tortura y de detención indefinida, muestra desprecio hacia la condición humana y el Derecho Internacional. Recalcó que la base naval está ubicada en territorio cubano, ilegalmente ocupado, fuera de la jurisdicción de las cortes de Estados Unidos. La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló este miércoles planes del gobierno para ubicar en Guantánamo a migrantes deportados que son rechazados por sus países de origen. Durante una entrevista con la cadena Fox News, la titular dijo que el gobierno de Donald Trump está «evaluándolo y debatiéndolo en este momento» antes de determinar «cómo poder podemos utilizar todos nuestros recursos para mantener a Estados Unidos seguro». Bajo el mandato del expresidente George W. Bush (2001-2009) se abrió en 2002 un reclusorio en el enclave para retener a acusados de terrorismo, el cual es blanco de denuncias por violación de los derechos humanos.

Prensa Latina Adriana Robreño El país es un hervidero en medio de la campaña, las pugnas de poderes, las denuncias y litigios legales, las presuntas infracciones, la inseguridad, el desempleo y 13,7 millones de ciudadanos convocados a elegir cómo quieren superar todos esos problemas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que el cronograma avanza según lo planificado, con la impresión de las papeletas y la distribución de los materiales para el día de la votación. En total son más de dos mil candidatos a los diferentes cargos en disputa, y 16 de ellos buscan llegar al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo. Actualmente, todos están en campaña para ganar respaldo con acciones proselitistas en todo el país. PRESIDENCIABLES 16, FAVORITOS DOS A menos de dos semanas de los sufragios, la mayoría de candidatos se encuentran con mediciones por debajo del cinco por ciento en las encuestas. Solamente dos aspirantes parecen tener alguna opción de victoria: el actual mandatario, Daniel Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) y Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC). El gobernante, que llegó al poder para completar el mandato de Guillermo Lasso, ahora busca un período completo de cuatro años y, a pesar de los problemas no resueltos y profundizados durante su gestión, mantiene apoyo entre los ciudadanos.  La representante de la RC, que se enfrentó a Noboa en el balotaje de 2023, propone nuevamente un cambio para el país, basado en el progreso y la justicia social. A ellos le siguen otros contendientes con aparentes menos posibilidades de llegar a un segundo turno, entre ellos Leonidas Iza, líder del movimiento indígena y representante de Pachakutik. También está Andrea González, postulante por el Partido Sociedad Patriótica, que subió su popularidad luego del debate presidencial, donde no hizo prácticamente ninguna propuesta, sino que se dedicó a atacar a Luisa González y al movimiento correísta. En la papeleta están también Carlos Rabascall, quien en 2021 fue candidato a vicepresidente junto a Andrés Arauz y ahora va en representación de Izquierda Democrática, y el profesor Jorge Escala (Unidad Popular). Pedro Granja, abogado que participa en la contienda con apoyo del Partido Socialista Ecuatoriano, afirma que su candidatura es de izquierda y pone énfasis en la justicia social y los derechos fundamentales, aunque ha recibido cuestionamientos de sectores progresistas. El conocido comunicador y exprefecto de la provincia de Guayas, Jimmy Jairala, compite por el Centro Democrático, mientras que Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, se presenta como la carta principal de esa organización de la derecha ecuatoriana tradicional.  Henry Cucalón (Construye), exministro de Guillermo Lasso y exasambleísta; Francesco Tabachi (Creando Oportunidades), también exgobernador de Guayas; y Víctor Araus (Pueblo, Igualdad y Democracia), exgeneral de la Policía Nacional; estos son otros de los presidenciables. A la lista se suman Luis Felipe Tillería (Avanza), Juan Iván Cueva (Amigo), el expresidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela (Democracia Sí) y Enrique Gómez (Suma), que sustituyó a Jan Topic luego de ser inhabilitado. DENUNCIAS Y LITIGIOS LEGALES La campaña se desarrolla en medio de litigios legales y denuncias, sobre todo contra Noboa por las polémicas decisiones adoptadas en el contexto electoral. De acuerdo con el artículo 93 del Código de la Democracia, aquellos funcionarios que buscan la reelección deben pedir licencia para hacer campaña y el actual jefe de Estado lo ha hecho por periodos cortos en el último mes. La controversia en este caso surge por dejar en su lugar a Cynthia Gellibert, secretaria general de la Administración Pública y Gabinete, y no a la vicepresidenta titular, Verónica Abad, quien ha impugnado ese tipo de decisiones. La vicemandataria, reemplazada mediante decreto ejecutivo, compareció ante el Parlamento y pidió a los legisladores que investiguen y sancionen a nueve integrantes de la administración de Noboa, incluidos varios ministros y a Gellibert. Llamó a los asambleístas a poner un alto en lo que está ocurriendo e instó al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral y a la Corte Constitucional a que sean transparentes, justos y pacíficos con las demandas sobre el tema, ventiladas en esos organismos. La Corte Constitucional dijo que analizará con prioridad las denuncias sobre el reemplazo de Abad, caso sobre el cual existe gran expectativa. Por otro lado, el jefe de Estado acumula denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presuntas infracciones, una de ellas ya fue archivada, dos esperan tratamiento y otras dos se unificaron. La demanda del candidato Jorge Escala y del director nacional de Unidad Popular, Giovanni Atarihuana, se unió a la del Partido Social Cristiano (PSC). Según ellos Noboa habría vulnerado los artículos 278 y 279 del Código de la Democracia porque como servidor público en ejercicio de sus funciones indujo el voto, participó en actos de inauguración o entrega de obras y utilizó recursos públicos con fines electorales. Si bien Noboa ha solicitado licencia para hacer campaña durante los fines de semana, el resto de los días laborables se desempeña como mandatario y eso, de acuerdo con analistas, le da ventajas. Así lo considera la experta en comunicación política y docente Caroline Ávila, para quien estar en funciones le permite a Daniel Noboa poner agenda e intervenir con ventaja en la conversación.  “Entre otras, esa es una razón por la cual el Código de la Democracia exige la licencia para candidatos en cargos públicos”, comentó. UN PAÍS EN CRISIS Analistas políticos y encuestadoras coinciden en que la principal preocupación del país es la seguridad, porque a pesar de la militarización como estrategia contra el crimen organizado, los delitos persisten y 2024 cerró como el segundo año más violento de la historia.  En el plano económico, otra de las grandes preocupaciones de la ciudadanía, resalta cómo la pobreza subió a un 28 por ciento en diciembre de 2024, o sea, hay alrededor de cinco millones de personas en Ecuador que viven con ingresos menores a los 91 dólares mensuales. En tanto, el desempleo alcanzó el 2,7 por ciento ese mes, lo que equivale a 230 mil personas de la población económicamente activa sin

El Pais El Vaticano ha confirmado hoy domingo que en 2019 impuso un precepto penal con medidas disciplinarias al cardenal peruano y exarzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, por una acusación de pederastia, tal como reveló este periódico el sábado. Además, le ha recordado que el castigo “sigue en vigor”. Cipriani, el primer cardenal que tuvo el Opus Dei, fue obligado a retirarse, a exiliarse de Perú y Francisco le prohibió llevar símbolos cardenalicios y hacer declaraciones públicas. De este modo, la Santa Sede ha salido al paso de las declaraciones del cardenal, que tras la publicación de la noticia afirmó este sábado que es inocente y criticó al Papa por haberle sancionado “sin haber sido escuchado”. También aseguró que no había podido conocer la denuncia, si bien el Opus Dei de Perú admitió el mismo sábado en un comunicado que la víctima quiso hablar con el vicario regional de la Obra en Perú, Ángel Gómez-Hortigüela, en 2018 para informarle de los abusos y se negó a recibirlo. En la nota, el vicario le pidió perdón por ello. La oficina de prensa de la Santa Sede ha ratificado que “tras las acusaciones contra él, y después de aceptar su renuncia como arzobispo de Lima, al cardenal se le ha impuesto un precepto penal con algunas medidas disciplinarias”. Como reveló este periódico, el Vaticano confirma que se trató de medidas “relativas a su actividad pública, al lugar de residencia y al uso de los símbolos, firmado y aceptado por su eminencia”. Además, la oficina de prensa corrige al cardenal, que el sábado también afirmó que en 2020 se reunió con el Pontífice y le permitió reanudar su actividad pastoral. Por el contrario, el Vaticano ahora le precisa: “Si bien en ocasiones específicas se hayan acordado algunos permisos para acoger peticiones debidas a la edad y a la situación familiar del cardenal, en el estado actual tal precepto sigue estando todavía en vigor”. Condecoración Pese a ello, Cipriani ha viajado a Perú este mes y el pasado 7 de enero recibió en el Ayuntamiento de Lima la medalla al mérito de la institución, su máximo reconocimiento. Se la entregó el alcalde, Rafael López Aliaga, también miembro del Opus Dei, que tras la noticia del castigo del Papa salió en defensa de Cipriani. Calificó las acusaciones de pederastia, que el Papa ha considerado creíbles, como una “gravísima difamación”. La municipalidad de Lima ha guardado silencio ante las peticiones para que retire la condecoración al cardenal. También la Conferencia Episcopal Peruana, que ayer clausuró su asamblea general, se mantuvo en silencio sobre el escándalo que afecta a quien fue el clérigo mas poderoso de la Iglesia del país durante dos décadas y uno de los líderes de la ultraderecha latinoamericana. Cipriani también es una figura controvertida por su amistad con el dictador Alberto Fujimori, a quien apoyó durante su régimen, entre 1990 y 2000. El Papa recibió en el verano de 2018 una carta de un hombre que hoy tiene 58 años que acusaba al cardenal Cipriani de haber abusado de él cuando tenía entre 16 y 17 años en 1983 en un centro del Opus Dei en Lima. Afirmaba que durante la confesión le hacía tocamientos en las nalgas por debajo de la ropa, le acariciaba y le daba besos. Esta persona, que ha confirmado sus acusaciones a EL PAÍS, relataba también que lo contó entonces, ya en 1983, a responsables de la Obra, pero no hicieron nada. El vicario regional del Opus Dei en Perú, Ángel Gómez-Hortigüela, admitió en su comunicado de disculpas del sábado que “no hay registro de ningún proceso formal” en esa fecha, pero no descarta que se produjera la denuncia: “En esa época no se tenía la misma conciencia que hoy sobre los procedimientos más adecuados para acompañar a los implicados”. Admite que “hoy sería imposible que una denuncia quede sin registro”. Es decir, según el relato del denunciante, cuando en 2019 el Papa obligó a retirarse a Cipriani, la Obra ya conocía acusaciones de abusos contra él desde hacía al menos 35 años. No obstante, Cipriani luego fue nombrado vicario del Opus Dei en Perú en 1986, máxima autoridad de la entidad en el país; en 1988 fue obispo auxiliar de Ayacucho, y arzobispo en 1995; hasta que en 1999 fue designado arzobispo de Lima. En 2001 Juan Pablo II le hizo cardenal. El Pontífice recibió la carta por mediación de Juan Carlos Cruz, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores del Vaticano, que ha confirmado a este periódico que realizó la gestión. El Papa actuó de inmediato, envió a un sacerdote de confianza a reunirse con el denunciante y recabar la información. Además, ya había llegado otra acusación contra el cardenal en 2002, que no tuvo recorrido. El Papa dio credibilidad a las acusaciones y forzó el retiro de Cipriani, que en diciembre de ese año cumplía 75 años y, por praxis, estaba obligado a presentar su renuncia a esa edad. Normalmente el Pontífice no la acepta, deja pasar unos años, pero en este caso la acogió en el momento y lo cesó. Luego le castigó con el exilio y medidas disciplinarias. Sin embargo, después de que el escándalo haya salido a la luz, el cardenal Cipriani se ha enfrentado públicamente a las decisiones del Papa. Asegura, por un lado, que las acusaciones son falsas: “No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie ni en 1983, ni antes, ni después”. Por otro, critica la actuación de Francisco: “En agosto de 2018 fui informado de que había llegado una denuncia que no se me entregó. A continuación, sin haber sido escuchado, sin haber sabido más y sin que se abriera un proceso, el 18 de diciembre de 2019 el Nuncio Apostólico me comunicó verbalmente que la Congregación para la Doctrina de la Fe me había impuesto una serie de penas limitando mi ministerio sacerdotal y pidiendo que tuviera una residencia estable fuera del Perú. También se me pidió que guardara silencio, cosa que he hecho hasta ahora”. Ha

Telesur El Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en respuesta a la política anti inmigrantes del mandatario estadounidense Donald Trump, aseguró que siempre aceptará “con los brazos abiertos” a los connacionales que sean repatriados. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, externó que «México tiene una muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos y cooperamos con respeto a nuestras soberanías en una amplia gama de temas, incluyendo la migración». «Tratándose de repatriaciones, siempre aceptaremos la llegada de mexicanas y mexicanos a nuestro territorio con los brazos abiertos. México te abraza», manifestó la cancillería. Medios de comunicación estadounidenses reportaron que dos aviones C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con destino a Guatemala y 80 personas a bordo cada uno, salieron el jueves por la noche. Sin embargo, un tercer vuelo, programado para llegar a México, nunca despegó. Un funcionario del Gobierno de Trump negó que México hubiera rechazado recibir el vuelo y aclaró que lo que pasó fue «un problema administrativo», el cual se resolvió rápidamente. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dio a conocer este viernes que la administración Trump comenzó los vuelos de deportación de migrantes irregulares en Estados Unidos. «Comenzaron los vuelos de deportación. El presidente (Donald) Trump está enviando un fuerte y claro mensaje al mundo: si entras ilegalmente a EE. UU., enfrentarás las consecuencias», explicó la funcionaria en su cuenta de X.

Agencias y El País Después del desguace y desfinanciamiento de las áreas y los programas del Estado que defendían los derechos de las mujeres, la batalla cultural contra lo que el mandatario ultra considera “el cáncer de la ideología woke” pretende ahora dar un nuevo paso: el Gobierno intentará eliminar la figura legal de feminicidio, los cupos laborales para minorías sexuales, la paridad de género en listas electorales y los documentos de identidad no binarios. Para conseguirlo, deberá reunir en el Congreso una mayoría de apoyos que, por el momento, no parece tener. A la diatriba de Milei contra el wokismo, vociferada en Suiza, la siguió la confirmación de que el Gobierno elabora un proyecto de “igualdad ante la ley”, con el que pretende derogar leyes y reglamentaciones relacionadas con la discriminación positiva. La información difundida por la Casa Rosada se completó este viernes con el anuncio del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona: “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal. Porque esta Administración defiende la igualdad ante la ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”, sostuvo en sus redes sociales. “Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre”, siguió. Los argumentos del Ejecutivo ultraderechista consisten en que el feminismo “es una distorsión del concepto de igualdad” y esconde la “búsqueda de privilegios”, según dijo Milei en Davos. Allí también cargó contra la “agenda sanguinaria y asesina del aborto” y afirmó que, “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil; son pedófilos”. En su discurso, el presidente cuestionó que “si uno mata a la mujer se llama femicidio y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima”. De paso, también negó la brecha salarial de género: “Es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagadas que la mayoría de las mujeres”. El proyecto que aspira a plasmar esas ideas en la realidad es elaborado por la Secretaría de Planeamiento Estratégico y por el poderoso asesor presidencial Santiago Caputo. El propósito es dejar sin efecto las leyes de Identidad de género, de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, de Paridad electoral en ámbitos de representación política, así como la llamada Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en cuestiones de género para empleados públicos. En todos esos casos, la reforma debe ser aprobada por las dos cámaras del Congreso. El documento de identidad no binario, en cambio, fue aprobado en 2021 a través de un decreto, por lo que puede ser quitado por la misma vía. La tipificación del feminicidio que Milei busca derogar fue aprobada por el Congreso argentino en 2012, durante el Gobierno de Cristina Kirchner, un año antes de que la Organización de Naciones Unidas instara a los países a tomar medidas ante las “proporciones alarmantes” de asesinatos de mujeres y niñas a nivel mundial. “Prácticas de odio” Tanto los dichos de Milei como el proyecto de “igualdad ante la ley” anunciado por el Gobierno fueron criticados por organizaciones civiles y por referentes políticos opositores. “El femicidio es la forma más extrema de violencia hacia las mujeres por razones de género en Argentina. Reconocerlo nos permite visibilizar y sancionar este tipo de violencia”, advirtió Amnistía Internacional. La organización de derechos humanos le reclamó al presidente, a través de un comunicado, “dejar de fomentar expresiones que incitan a la discriminación y atentan contra los principios de igualdad y respeto hacia todas las personas”. La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, Mónica Macha (peronismo), apuntó que “Milei va en busca de una sociedad excluyente, desigual, opresora, y habilitas prácticas de odio, de persecución, de violencia de clase, de género y de supremacía blanca”. Desde la izquierda, la legisladora Myriam Bregman alertó que la iniciativa del Ejecutivo no busca igualar ante la ley: “Mentira, lo hacen de puro misóginos. Precisamente, se contempló esa agravante porque no hay igualdad real entre los géneros, hay violencia machista que asesina mujeres y deja sin sus mamás a decenas de niños”. La Unión Cívica Radical (partido de centro) se solidarizó con los inmigrantes, las mujeres, los miembros de la colectividad LGTB y los militantes “despreciados y agredidos” por Milei. Y le exigió al mandatario que “cese con los agravios a quienes piensan diferente” y “deje a un lado sus guerras imaginarias y sus ansias de liderazgo mundial”.

Telesur La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró como infundado el recurso de apelación interpuesto por el expresidente Pedro Castillo, manteniendo así su medida de prisión preventiva.  Castillo se encuentra en detención desde el 7 de diciembre de 2022 por cargos que lo acusan de un intento de golpe de estado; en tal sentido, enfrenta múltiples cargos que incluyen rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación del orden público. En esta ocasión, la solicitud de su defensa legal fue desestimada, con el TC respaldado por la mayoría de sus magistrados, incluyendo a la presidenta Luz Pacheco. La fiscalía está pidiendo una drástica condena de 34 años de cárcel por el delito de rebelión. Aparte de la decisión más reciente de la Corte Suprema, Castillo ya ha visto otros recursos suyos denegados, incluyendo una apelación para revocar la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró improcedente la nulidad del proceso penal contra él. Actualmente, Pedro Castillo cumple una prisión preventiva de 36 meses en el penal de Barbadillo.  La situación política y judicial del exmandatario peruano sigue estando bajo la mirada de la opinión pública y la comunidad internacional.

Agencias y RT Rusia no ve «nuevos elementos» en las amenazas de sanciones contra el país formuladas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este jueves el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov. El vocero indicó que, durante su primer mandato, Trump fue «el presidente de EE.UU. que más recurrió a los métodos de sanciones». «Le gustan estos métodos, al menos le gustaban durante su primera presidencia», dijo. «Estamos observando muy de cerca, por supuesto, toda la retórica, todas las declaraciones. Estamos registrando cuidadosamente todos los matices. Seguimos dispuestos al diálogo, como ha dicho en repetidas ocasiones el presidente Putin, al diálogo en pie de igualdad, al diálogo mutuamente respetuoso», afirmó Peskov. El portavoz recordó que este tipo de diálogo tuvo lugar entre los dos presidentes durante el primer mandato de Trump, agregando que en el Kremlin esperan las señales desde Washington, de su disposición a reanudar estos contactos, que todavía «no han llegado». La pasada jornada, Trump amenazó con imponer sanciones y aranceles «a altos niveles» contra Rusia si no se alcanza un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania. «Voy a hacerle un gran favor a Rusia, cuya economía está fallando, y al presidente Putin. Lleguen a un acuerdo ahora, y ¡detengan esta ridícula guerra! Solo va a empeorar», escribió en la plataforma Truth Social. «Si no llegan a un ‘acuerdo’, y pronto,no tengo otra opción que poner impuestos, aranceles y sanciones a altos niveles a todo lo que sea vendido por Rusia a Estados Unidos, y a varios otros países participantes [del régimen de sanciones]. Acabemos con esta guerra, que nunca habría empezado si yo fuera presidente. Podemos hacerlo de la manera fácil, o de la manera difícil, y la manera fácil siempre es mejor», agregó. Rusia quiere «una paz a largo plazo» Previamente, Trump manifestó su disposición a reunirse con Putin «en cualquier momento» que le convenga al mandatario ruso. Además, advirtió que «parece probable» que imponga sanciones adicionales a Rusia si Putin se niega a participar en negociaciones con él. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este lunes que Moscú «está abierto al diálogo con la nueva Administración de EE.UU.» sobre Ucrania, pero enfatizó que «lo más importante aquí es eliminar las causas fundamentales de la crisis».  “En cuanto a la propia solución de la situación, quiero subrayar una vez más que su objetivo no debe ser una breve tregua, una especie de descanso para un reagrupamiento de fuerzas y un rearme para una posterior continuación del conflicto, sino una paz a largo plazo basada en el respeto a los intereses legítimos de todas las personas, de todos los pueblos que viven en la región”, explicó Putin.

Agencias El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en el primer día de su regreso a la Casa Blanca que las naciones latinoamericanas necesitan más a EE.UU. que el país norteamericano a ellas. Preguntado por una periodista sobre cómo ve las futuras relaciones con Brasil y América Latina, Trump aseguró que «deberían ser geniales». «Ellos nos necesitan. Mucho más de lo que nosotros les necesitamos a ellos. Nosotros no les necesitamos. Ellos nos necesitan. Todos nos necesitan», añadió. El republicano también reafirmó su reclamación sobre el canal de Panamá, calificando de error la decisión del expresidente Jimmy Carter de ceder su control al país centroamericano.  La posible política de Trump hacia América Latina queda reflejada también en su elección de Marco Rubio como secretario de Estado, cuyo nombramiento fue aprobado este lunes unánimemente por el Senado. Rubio, hijo de inmigrantes de Cuba, se opone a la normalización de las relaciones con La Habana y con sus aliados, especialmente, con el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. En ese sentido, una de las primeras medidas de Trump tras asumir el cargo fue devolver a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, anulando así la decisión tomada la semana pasada por su predecesor, Joe Biden.  El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, tachó de «fraudulenta» la renovada designación de su país como «Estado patrocinador del terrorismo» y señaló que es una decisión que «no sorprende». Se trata de un «acto de arrogancia y desprecio por la verdad», cuyo objetivo es «seguir fortaleciendo la cruel guerra económica contra Cuba con fines de dominación», expresó el mandatario.

Prensa Latina La Habana, 21 ene (Prensa Latina).- Cuba mantiene hoy su determinación de no doblegarse y seguir batallando, pese a la reincorporación de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo y demás acciones injerencistas en su contra. Así lo manifestaron la víspera las máximas autoridades de la nación caribeña, quienes consideraron que la designación de su país en el unilateral listado busca recrudecer la guerra económica desatada por Estados Unidos. Al respecto, el presidente Miguel Díaz-Canel, subrayó que la medida de su par norteamericano Donald Trump es un acto de arrogancia y desprecio, que no sorprende y tiene fines de dominación. Desde la red social X, denunció que la acción es además una burla y abuso que confirma el descrédito de los listados y mecanismos unilaterales de coerción del gobierno de Estados Unidos. En esa plataforma, el canciller Bruno Rodríguez calificó esta y las demás nuevas medidas de Washington como «medievales y de retroceso civilizatorio». Señaló que «ebrio de arrogancia, el presidente Trump decide sin razones que Cuba patrocina el terrorismo. Sabe que miente. Su empeño es incrementar el castigo y la guerra económica contra las familias cubanas». Entretanto, el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), Esteban Lazo, señaló que la decisión de Trump «es contraria al sostenido y firme reclamo del pueblo cubano y de la inmensa mayoría de la comunidad internacional». De manera similar se pronunció el secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, quien aseguró que la mayor de las Antillas continuará batallando «contra ese y todos los demonios que vengan desde la nueva administración estadounidense». Este lunes, Trump revocó la orden de hace apenas seis días de su antecesor, Joe Biden, que excluyó a Cuba de la unilateral lista de países patrocinadores del terrorismo. La medida es una de varias que el recién posesionado mandatario ha tomado en sus primeras horas en el cargo, relacionadas con órdenes y acciones de Biden que había considerado él dañinas, y de las cuales ha comenzado a deshacerse a través de una serie de órdenes ejecutivas. El pasado 14 de enero, Biden tomó su decisión, aunque tardía, de que Cuba «ya no debería ser designada como Estado patrocinador del terrorismo». Igualmente, emitió una exención para el Título III de la Ley Helms-Burton, también conocida como Ley Libertad, por un período de seis meses y rescindió el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 5 de 2017 sobre la política hacia Cuba para eliminar la llamada lista restringida. Cuba fue designada por Washington como «Estado patrocinador del terrorismo» en enero de 2021, en una de las últimas acciones de Trump antes de concluir su primer mandato.

Página 12 La reconocida red social de origen chino salió a celebrar y a agradecer al republicano por las garantías a sus proveedores. Las razones del bloqueo en todo el país y como se espera resolver el conflicto.  TikTok afirmó este domingo que se encuentra en proceso de restaurar su servicio en Estados Unidos por las garantías ofrecidas a sus proveedores por el presidente electo de ese país, Donald Trump, quien asumirá el cargo este lunes. «TikTok se encuentra en proceso de restablecer el servicio. Gracias presidente Trump por brindar la claridad y la seguridad necesarias a nuestros proveedores de servicios de que no enfrentarán sanciones al brindar TikTok a más de 170 millones de estadounidenses», dijo la plataforma en un comunicado. Según añadió, trabajarán con el futuro mandatario en una solución a largo plazo que permita su funcionamiento en Estados Unidos. TikTok dejó de funcionar el sábado en Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo avalara el viernes una ley aprobada el año pasado por el Congreso que obligaba a la plataforma a desvincularse de su empresa matriz, la china ByteDance, o enfrentarse al cierre. La decisión de TikTok se aplicó aproximadamente una hora y media antes de la entrada en vigor de la ley, prevista para las 00:01 del domingo, hora del este de Estados Unidos. Según el Gobierno del presidente saliente, Joe Biden, TikTok tomó este paso por iniciativa propia, porque tras el fallo del Supremo la Casa Blanca anunció que el actual Ejecutivo no aplicaría la normativa y que su cumplimiento quedaría en manos de la nueva Administración. Trump afirmó este domingo queemitirá una orden ejecutiva en su primer día en el cargo para permitir de forma temporal que TikTok continúe operando y añadió que le gustaría que Estados Unidos asuma una propiedad parcial. «Me gustaría que Estados Unidos tuviera una participación del 50 % en una empresa conjunta. Al hacer esto, salvamos TikTok, lo mantenemos en buenas manos y le permitimos seguir creciendo. Sin la aprobación de Estados Unidos, no hay TikTok. Con nuestra aprobación, vale cientos de miles de millones de dólares, tal vez billones», escribió en su red social, Truth Social.