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RT El Ejército israelí confirmó este domingo que sus tanques y tropas han comenzado a entrar en la ciudad de Gaza como parte de la operación terrestre ‘Carros de Gedeón II’, informa The Times of Israel. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la ofensiva arrancó la semana pasada con dos divisiones y ahora incorpora a la 36.ª División, que había estado previamente desplegada en Jan Yunis y pasó dos semanas preparándose para esta nueva fase. «La 36.ª División entra en la ciudad de Gaza en el marco de la operación ‘Carros de Gedeón II’, tras dos semanas mejorando su preparación para la nueva fase de combate», escribióen X el portavoz de las FDI para medios árabes, Avichay Adraee. «La división atacó decenas de objetivos terroristas en la Franja de Gaza para aislar el área de combate y permitir el ingreso de nuestras fuerzas», agregó.  En su declaración, el portavoz aseguró que las operaciones continuarán en el sur bajo el mando de la división meridional, subrayando que «seguirán actuando para proteger a los ciudadanos del Estado de Israel».    Sin ruta de evacuación   La ofensiva de Israel en la Franja de Gaza se ha prolongado por casi dos años y recientemente ha sido calificada por la ONU como un genocidio. Este viernes las FDI cerraron la carretera de Saladino, la principal autopista de la Franja, que se usa para la evacuación, como parte de sus operaciones militares en el territorio. El Ministerio de Salud de Palestina ha reportado más de 65.000 muertes en este período y cerca de 166.071 heridos. El territorio ha sido devastado por el conflicto, con gran parte de los edificios completamente destruidos. Asimismo, los civiles de la zona sufren una gran escasez de alimentos.

Telesur La Oficina de Medios del Gobierno de la Franja de Gaza confirmó este sábado 20 de septiembre que más de 900.000 palestinos permanecen firmes en la ciudad de Gaza y en el norte de la Franja de Gaza y se resisten a desplazarse hacia el sur, donde las condiciones para evacuarse son extremas, con ausencia de acceso a agua, alimentación, servicios de salud seguros o un verdadero refugio.  A pesar de los brutales bombardeos del Ejército israelí, orientados a hacer imposible la vida en la principal gobernación del enclave palestina, en lo que el Gobierno gazatí y numerosos organismos han calificado como un “crimen de desplazamiento forzado permanente” que viola numerosas leyes internacionales; miles de gazatíes deciden no abandonar sus tierras, pues las supuestas zonas seguras del sur también son bombardeadas.  En su comunicado, la oficina aseguró que 270.000 gazatíes se han visto obligados a abandonar sus hogares durante las campañas de desalojo masivo que lleva a cabo Israel, como parte de su plan para ocupar toda la gobernación. La oficina de medios destacó que la zona de Al-Mawasi en (gobernación de Khan Younis) y Rafah, promovidas por Israel como una “zona humanitaria segura”, ha sido bombardeada más de 110 veces, ataques que han dejado como saldo más de 2.000 muertos registrados, lo cual no incluye los cientos de cadáveres que quedan atrapados bajo los escombros.  De modo que no sorprende que más de 22.000 gazatíes hayan regresado desde estas áreas del sur —informó la oficina— a sus barrios originales en la Ciudad de Gaza hasta el mediodía de este 20 de septiembre después de haber trasladado sus permanencias al sur, donde no hallaron condiciones básicas para establecerse y la vida se hace “casi imposible”.  El medio además recordó que Israel ha designado solo el 12% de la superficie total de Gaza como “zonas de refugio”, e intenta obligar a más de 1.7 millones de personas a residir en ellas, en lo que el Gobierno gazatí considera “campos de concentración” destinados a despoblar la Ciudad de Gaza y el norte del enclave. El costo de intentar huir de los bombardeos Huir de sus hogares en la ciudad de Gaza en medio de los ataques israelíes ahora le cuesta a una sola familia aproximadamente 3.180 dólares, denunció la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) este viernes 19 de septiembre, mientras la escasez de combustible, la prohibición a la entrada de suministros y los espacios superpoblados asfixian a los gazatíes.  La UNRWA destacó múltiples desafíos: escasez de combustible, una prohibición de casi siete meses de suministros básicos para sobrevivir, espacios temporales superpoblados y difíciles de encontrar, y el colapso de los ingresos de los hogares después de casi dos años de guerra, en una ciudad donde no tener efectivo equivale a no poder comprar absolutamente nada. Los costos estimados para una sola familia que busca refugio: 1.000 USD para un taxi, 2.000 USD para una carpa familiar y 180 USD para un espacio de terreno, lo que da un total de 3.180 USD. UNRWA instó a la comunidad internacional a proporcionar ayuda para aliviar las crecientes presiones financieras y humanitarias sobre las familias desplazadas en Gaza. Demoliciones, coches bombas y escombros: la realidad de 900.000 palestinos que resisten el desplazamiento forzoso en la Ciudad de Gaza Para conseguir desplazar a la población de la Ciudad de Gaza, el Ejército israelí intensificó las operaciones de demolición de edificios residenciales en la ciudad de Gaza, mediante bombardeos aéreos quirúrgicos en barrios como Al-Zeytoun y Al-Sabra, así como las detonaciones de vehículos bomba en el noroeste del enclave. Este sábado, el movimiento de resistencia palestino Hamás denunció que la ocupación israelí utiliza carros no tripulados cargados con toneladas de explosivos en barrios residenciales de la Franja de Gaza para hacer volar a los palestinos, lo que calificó como un crimen de guerra y un acto de limpieza étnica. De acuerdo con la milicia gazatí, en una sola semana se documentó la detonación de alrededor de 120 vehículos bomba con cientos de toneladas de explosivos, causando destrucción masiva y un número indeterminado de víctimas civiles. Pese a todos los intentos de exterminio que Israel lleva adelante contra la población gazatí, miles de palestinos se resisten a que la ocupación complete la colonización de sus hogares y calles, ya irreconocibles, pero son las únicas que pueden reclamar como propias en todo el planeta.

Página 12 La noticia parecía increíble: algunas de las estrellas más grandes de Hollywood habían decidido boicotear a Israel. La información se conoció el lunes y fue creciendo en los días siguientes: 4.000 actores, directores y otras figuras importantes de la industria cinematográfica firmaron un compromiso para no trabajar con instituciones fílmicas israelíes, en protesta por el genocidio en curso contra el pueblo palestino. «Nos comprometemos a no proyectar películas, aparecer o trabajar con instituciones cinematográficas israelíes -incluidos festivales, cines, canales y productoras- que estén implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino», dice su declaración, redactada con firmeza. Entre los firmantes hay nombres de peso: Olivia Colman, Emma Stone, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Javier Bardem, Ayo Edebiri, Susan Sarandon, Riz Ahmed, Elliot Page, Andrew Garfield, Brian Cox y Cynthia Nixon. También directores como Ava DuVernay, Yorgos Lanthimos, Boots Riley y Joshua Oppenheimer. No debe subestimarse la importancia de este gesto. En una industria centrada en el atractivo comercial masivo, es raro que estrellas de Hollywood se expresen sobre cuestiones internacionales tan serias, y aún más raro que adopten posturas materiales en su contra. (El boicot generó reacciones inmediatas: fue duramente criticado por Nadav Ben Simon, presidente del sindicato israelí de guionistas, quien lo calificó de “profundamente perturbador”). También sorprende ver tanta acción por parte de figuras estadounidenses, dado que históricamente el apoyo a Israel en ese país ha sido más fuerte. Es una señal clara de que algo está cambiando, luego de casi dos años de bombardeos israelíes continuos sobre Gaza, y con la opinión pública estadounidense en niveles récord de desaprobación hacia el gobierno israelí. Aunque este boicot sorprende, tiene antecedentes históricos. En 1963, 48 dramaturgos británicos y estadounidenses -entre ellos Samuel Beckett, Harold Pinter y JB Priestley- firmaron una declaración comprometiéndose a no permitir que sus obras se presentaran ante audiencias segregadas en Sudáfrica. El impacto en el teatro sudafricano fue tan profundo que los creadores teatrales del país pidieron una reunión con el entonces ministro del Interior por la amenaza que representaba para su cultura teatral. Un año después, Marlon Brando solicitó a directores, actores y productores en Londres que también prohibieran la proyección de sus películas en esas condiciones. En los años ’80, el grupo Artists United Against Apartheid, liderado por Steven Van Zandt, boicoteó el lujoso resort sudafricano Sun City. Artistas como Dolly Parton, Shirley Bassey, Elton John y, más notoriamente, Queen, recibieron fuertes críticas cuando rompieron el boicot y actuaron allí por honorarios elevados.

Prensa Latina Quito, 18 septiembre (Prensa Latina).-  El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), Gary Espinoza, anunció que se sumarán al paro nacional convocado en rechazo al alza del diésel en Ecuador. “No es posible que este señor (Daniel Noboa) gobierne a espaldas del pueblo”, dijo Espinosa, en declaraciones a la prensa este jueves luego de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunciara el llamado al paro nacional, inmediato e indefinido. De acuerdo con Espinoza, la Fenocin “se declara en movilización y asambleas permanentes en todos los territorios para iniciar el proceso de movilización nacional progresiva e indefinida”. El dirigente recordó que el diésel es un combustible que está presente en toda la cadena productiva e instó al Gobierno a derogar el decreto 126, que estableció el fin de la subvención. Ante esa medida, llamó a otras organizaciones a que “cierren filas para enfrentar la política neoliberal del Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Con el retiro del subsidio al diésel, el precio de este combustible en Ecuador subió de 1,80 a 2,80 dólares por galón. La medida acumula un amplio rechazo de diversos sectores, mientras el Gobierno de Noboa afirmó que el ahorro de mil 100 millones de dólares por ese concepto se destinará a proyectos de protección social. El anuncio de la Conaie y la Fenocin llega en momentos en que el presidente propuso llamar a una Asamblea Constituyente, para redactar una nueva Carta Magna en Ecuador. Esa iniciativa también fue rechazada porque, según afirman, “no resolverá los problemas del país”.

Telesur El ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este miércoles sobre recientes operativos contra el narcotráfico, que el pasado lunes se concretaron en laincautación de 3.692 kg de cocaína, y precisó que de enero a esta fecha las autoridades han requisado 60 toneladas de drogas, la mayor cifra desde que Venezuela cortó sus vínculos con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA. Tras asegurar que dicha agencia se dedica al narcotráfico, Cabello afirmó que aquella incautación iba a ser parte de una operación de falsa bandera contra Venezuela en el contexto de la amenaza militar de EE.UU. contra el país bajo el pretexto de hacer frente al narcotráfico. Refirió que el operador de la droga, Levi Enrique López Bati, posee estrechos vínculos con Gersio Parra Machado, quien opera en el Catatumbo y en La Guajira colombiana. Afirmó que el narcotraficante Levi Enrique López es un agente de la DEA y que el movimiento de esa droga iba a ser parte de una operación de falsa bandera contra Venezuela. Llamó la atención que los cuatro detenidos portaban la cédula de identidad. “Iban a salir cuatro detenidos con cédula venezolana”, refirió Cabello, quien detalló que también fueron requisados durante la operación 100 sacos de clorhidrato de cocaína, un teléfono satelital, dos teléfonos inteligentes, dos radiotransmisores, un GPS y 2.400 litros de combustible. Los detenidos confirmaron que López Bati trabaja para la DEA. Sabemos que se estaba prestando para esta operación, aseguró. Un detenido en Puerto Rico, alias Cirilo, puso a López Bati en contacto con la DEA para ejecutar esta operación e incriminar a Venezuela. Subrayó que la detención de este grupo de narcotraficantes es el resultado de investigaciones durante varios meses y que los operativos de captura siempre han respetado los protocolos internacionales sobre el tema. En el caso de la lancha capturada en la madrugada del lunes, una embarcación tipo Go Fast equipada con cuatro motores de 300 caballos de fuerza cada uno, los tripulantes hicieron caso omiso inicialmente a la orden de detenerse, pero luego se entregaron al comprobar que no tenían escapatoria. “Así se hace una operación cuando usted quiere demostrar un hecho. No bombardeamos una embarcación sin saber, pudiendo hacerlo, porque se les dio la voz de alto y no se detuvieron“, reflexionó el ministro venezolano, quien contrastó esa actuación profesional y respetuosa de la vida y de los derechos humanos con el procedimiento empleado por EE.UU. de bombardear embarcaciones en alta mar. No tenemos potestad para asesinar a nadie, dijo Cabello, quien manifestó que este método es ideal para crear un falso relato sobre Venezuela, pues no deja testigos y tampoco evidencia. Destacó la firme posición del presidente Gustavo Petro contra el narcotráfico. Recordó que el jefe de Estado colombiano es atacado por EE.UU. y reflexionó que ello no resulta casual. Ratificó que Venezuela continuará impidiendo la salida de droga a través de su territorio. De acuerdo con la investigación del caso y el GPS de la embarcación, esta droga salió de Colombia, expresó Cabello. Instó nuevamente a la Administración Trump a bloquear la droga que sale por el Pacífico hacia EE.UU. y Europa. Recordó que numerosos embarques incautados se han descubierto en cargamentos de bananos, lo cual conduce al presidente ecuatoriano Daniel Noboa y su familia. Aseguró que el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe obedece a una operación de cambio de Gobierno en Venezuela.

Rusia Today Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó este martes que el Gobierno de EE.UU., a través de su denominada ‘guerra contra el narcoterrorismo’, comete ejecuciones extrajudiciales y viola el derecho internacional del mar, al lanzar misiles contra embarcaciones en el Caribe tras acusarlas —sin pruebas y sin que estas muestren resistencia armada— de que realizan supuestas acciones para el tráfico internacional de drogas. A través de un comunicado divulgado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el grupo de expertos integrado por Ben Saul, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y George Katrougalos, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, los especialistas responsabilizaron a EE.UU. de la ejecución extrajudicial de personas en el Caribe. De acuerdo con los especialistas, las personas fueron asesinadas por las tropas de EE.UU. en dos masacres perpetradas contra dos embarcaciones civiles. La primera reportada el 2 de septiembre de 2025, cuando las fuerzas armadas adscritas al Comando Sur lanzaron un ataque con misil a una lancha para matar a 11 personas y hundir la embarcación que supuestamente transportaba un importante alijo de drogas. El segundo asesinato múltiple ejecutado por EE.UU. en el Caribe fue el 15 de septiembre, cuando las tropas estadounidenses volvieron a atacar otra lancha en la que iban a bordo tres personas que murieron bombardeadas por un misil del Comando Sur. En ambos ataques Washington informó —sin presentar pruebas— que las personas fallecidas por su accionar bélico eran supuestos «narcoterroristas» de nacionalidad venezolana. «El derecho internacional no permite a los gobiernos simplemente asesinar a presuntos narcotraficantes», advirtieron los expertos, quienes recordaron que la legislación internacional obliga a combatir las actividades delictivas «de conformidad con el estado de derecho, incluso mediante la cooperación internacional». Además, indicaron que las organizaciones y personas vinculadas al narcotráfico «deben ser desmanteladas, investigadas y enjuiciadas».  Los expertos denuncian que la mencionada «guerra de EE.UU. contra los narcoterroristas» viola también el derecho a la vida, porque según lo estipulado por las leyes internacionales, «todos los países deben respetar el derecho a la vida, incluso al actuar en alta mar o en territorio extranjero». Además, la militarización por parte de EE.UU. contraviene la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz que los países de la región firmaron en 2014. Sobre el derecho internacional «El uso de fuerza potencialmente letal solo está permitido en defensa propia o de terceros ante una amenaza inminente a la vida. El ataque de EE.UU. también viola el derecho internacional del mar, que no autoriza ataques no provocados contra buques, exige el cumplimiento de criterios para interceptarlos e insiste en un enfoque policial, no militar, para el uso de la fuerza», indicaron los analistas. Además, señalaron que para defender estas acciones, EE.UU. asegura que el ‘Tren de Aragua’, organización delictiva internacional señalada por Washington como «terrorista», habría organizado una supuesta «invasión» e «incursión depredadora» contra el territorio estadounidense. Sin embargo, los expertos indican que «no hay evidencia» de que el Tren de Aragua «esté cometiendo un ataque armado contra EE.UU.» que le permita al Pentágono argumentar el uso de «la fuerza militar» como medida de «defensa propia», a raíz de una supuesta «orden clasificada» firmada por el presidente Donald Trump en agosto de 2025 para realizar acciones bélicas en territorio extranjero o aguas internacionales contra cárteles de la droga en Latinoamérica, especialmente en países como México y Venezuela. «El derecho internacional no permite el uso unilateral de la fuerza en el extranjero para combatir el terrorismo o el narcotráfico. Los ataques contra grupos del crimen organizado en territorio extranjero violarían la soberanía del otro país y podrían constituir un uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional consuetudinario», alertaron los especialistas. El grupo de la ONU también advierte que EE.UU. desplegó «importantes fuerzas navales, aéreas y terrestres en la región con el fin de disuadir el narcotráfico y el narcoterrorismo». Además, calificó en julio pasado al presunto ‘Cártel de los Soles’ como grupo terrorista y alegó —sin pruebas —que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, era su supuesto líder, lo que plantea la posibilidad de que Washington se permita avalar el uso de su fuerza militar directamente contra ese gobierno al argumentar su lucha contra el narco, una cuestión que el propio mandatario venezolano ha denunciado como un plan para intentar un cambio de régimen en su país. «Instamos a EE.UU. a que abandone su ilegal guerra contra el narcoterrorismo. Según el derecho internacional, EE.UU. debe investigar de forma independiente a quienes ordenaron y perpetraron estos asesinatos, enjuiciar a los autores, independientemente de su rango en el gobierno, brindar reparación a las familias de las víctimas y garantizar que tales actos no se repitan jamás», expresaron.

Telesur El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de violar las leyes internacionales sobre el paso de buques por la zona económica exclusiva de varios países del continente, incluyendo Venezuela. El único país que viola con consuetudinariamente las leyes internacionales del paso de buques por la zona económica exclusiva de muchos países del continente es Estados Unidosde Norteamérica, aseguró el jefe de Estado venezolano durante una rueda de prensa acerca de la amenaza militar del imperio a Venezuela, ocasión en que recalcó que la presencia de un contingente militar de ese país en el Caribe sur es para intentar un cambio de Gobierno en la patria de Bolívar y Chávez. Maduro también criticó a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Susheila Persad-Bissessar por amenazar a Venezuela con ataques, declarándole “casi la guerra”. El Presidente aseguró que el pueblo de Trinidad y Tobago está en contra de esta actitud y recordó la histórica relación de cooperación y hermandad entre ambos países. El líder bolivariano acusó al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio de estar detrás de la actitud de la Primera Ministra, señalándolo como el “señor de la muerte y la guerra”. Exigió que Trinidad y Tobago restablezca relaciones de respeto con Venezuela y advirtió que el país tiene planes de defensa escalados para garantizar su soberanía y preservar la paz. Advirtió la gravedad del hecho. “Nunca jamás un gobernante de Trinidad y Tobago se había atrevido a amenazar con una guerra a Venezuela. ¿Quién está detrás? ¿Quién mete la intriga? ¿Quién azuza en el oído de esta señora, que no sé bajo los efectos de qué sustancia es capaz de declarar eso? ¿Quién? ¿Quién? Marco Rubio”, reafirmó. Apeló a los lazos históricos entre ambos pueblos y la hermandad tradicional de Venezuela hacia el pequeño país vecino. “Trinidad y Tobago, todos sus sectores sociales, políticos, culturales, económicos y su pueblo tienen que imponer otra vez relaciones de respeto, así de sencillo. Se tienen que imponer relaciones de respeto. Y veremos, planes tenemos de defensa y ya la fuerza armada ha anunciado parte de eso.  Tenemos planes de defensa escalados, varias líneas y Venezuela puede tener la seguridad absoluta, la seguridad absoluta que nosotros vamos a garantizar nuestra soberanía y a preservar la paz de nuestro país”. En la rueda de prensa participaron más de 47 medios internacionales y 170 representaciones diplomáticas de todo el mundo.

Prensa Latina Quito, 14 septiembre (Prensa Latina).- Organizaciones sociales de Ecuador llamaron a enfrentar con unidad lo que consideran un “paquetazo de Noboa”, luego de que el Gobierno anunciara el fin del subsidio al diésel. La Unión Nacional de Educadores (UNE) señaló que esa decisión del presidente Daniel Noboa constituye un golpe al transporte público, comunitario y escolar.  “Mientras el Gobierno elimina el subsidio al diésel para ir a un Ecuador más justo, el grupo Noboa dejó de pagar más de 70 millones de dólares al SRI (Servicio de Rentas Internas)”, mencionó la UNE en un comunicado. Desde este sábado el precio del diésel en esta nación sudamericana pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón. En ese contexto, la UNE llamó a otras organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), sectores del transporte y otros grupos a enfrentar este paquetazo con unidad, lucha y organización. Desde el FUT ya advirtieron en un pronunciamiento que el incremento del valor del combustible “se trasladará inmediatamente a los precios de los productos de primera necesidad” y criticaron al Gobierno por profundizar la crisis en los hogares. La Conaie, que lideró anteriormente paros en contra del incremento de precios a los combustibles, se pronunció contra la nueva medida gubernamental y recordó que “nuestros pueblos tienen una historia de resistencia y no vamos a quedarnos callados”. Para el movimiento indígena, “el Gobierno está llevando al límite la paciencia popular” y denuncia que esa decisión responde a intereses del Fondo Monetario Internacional. El presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, Carlos Brunis, anunció que paralizarán el servicio desde este lunes en la provincia donde se encuentra la capital del país “hasta que la autoridad nos llame a una mesa de trabajo, una mesa técnica, para que podamos conocer cómo fue el proceso para llegar a este incremento”. Por su parte, la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo alertó que subir el precio del diésel privilegia a los importadores privados de combustibles, en detrimento de la producción nacional y el bolsillo de las familias ecuatorianas. Para este lunes, además del paro del transporte en la capital, se esperan reuniones organizativas de colectivos sociales para definir posibles acciones en rechazo a la medida, a pesar de que el Ejecutivo divulgó acciones para mitigar el impacto del cambio de precio. En medio de las tensiones y tras el anuncio del paro, el presidente Noboa trasladó temporalmente la sede de la función ejecutiva a la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi.

RT El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, ha animadoa los milicianos que acuden este sábado a los cuarteles para tomar parte en entrenamientos, en el marco de la nueva fase del Plan Independencia 200, lanzado para afrontar la amenaza del despliegue naval estadounidense al sur del mar Caribe. »No se trata de meterle a la cabeza el miedo a nadie. Los venezolanos no tenemos miedo», declaró Cabello ante los alistados, señalando que tienen que «estar preparados para quien sea, como se llame, venga de donde venga» y poder «cumplir con la tarea fundamental de cuidar nuestra patria». «Quien se meta con Venezuela sepa que la va a pagar muy caro», expresó. En este sentido, recordó las palabras del presidente Nicolás Maduro, que instó a mantener «nervios de acero, calma y cordura». «Máxima movilización y organización del pueblo», agregó el ministro, indicando que, «pase lo que pase y en cualquier circunstancia», Caracas vencerá. «La convicción que tenemos de vencer cada día debe fortalecerse», agregó. La víspera, Maduro convocó a los ciudadanos que se alistaron en la Milicia Bolivariana a una jornada de entrenamiento en manejo de armas y otros asuntos operativos en 312 cuarteles. «Ahí van a tener adiestramiento en el manejo de los sistemas de armas […], organización de las operaciones, todo lo que es el desarrollo de hábitos y habilidades en el despliegue de las operaciones militares […], todos los mecanismos de convocatoria y activación», detalló el mandatario.

Telesur Dos accidentes náuticos en la provincia de Ecuador, al noroeste de la República Democrática del Congo, causaron al menos 193 fallecidos y un número indeterminado de desaparecidos en el transcurso de esta semana. El primer accidente tuvo lugar el pasado miércoles 10 de septiembre en el territorio de Basankusu, a unos 150 kilómetros del territorio de Lukolela. Un barco motorizado volcó, causando la muerte de al menos 86 personas, en su mayoría estudiantes, según medios estatales.  Los reportes no precisaron el número de desaparecidos en este accidente, pero los medios estatales atribuyeron el naufragio del miércoles a una “carga inadecuada y navegación nocturna”,según informes desde el lugar. El segundo accidente ocurrió el jueves por la noche en el territorio de Lukolela, de la misma provincia, cuando un barco con casi 500 pasajeros se incendió y volcó en el río Congo, cerca de la aldea de Malange. Respecto al suceso, el Ministerio de Asuntos Humanitarios de la República Democrática del Congo reportó 107 muertes y 209 sobrevivientes rescatados, mientras que un memorando del Ministerio de Asuntos Sociales indicó que 146 personas permanecen desaparecidas tras el naufragio. No se establecieron de inmediato las causas exactas de ambos accidentes, ni se confirmó si las operaciones de rescate continuaban el viernes por la noche.  Asimismo, un grupo de la sociedad civil local responsabilizó al Gobierno por el naufragio del miércoles y afirmó que el número de víctimas fue mayor al reportado. Tras los incidentes, se iniciaron operaciones de búsqueda con participación de personal naval y voluntarios de la comunidad, quienes recorrieron las orillas del río Congo.  Las autoridades prometieron atención médica para los heridos, asistencia a las familias afectadas y la repatriación de los sobrevivientes a sus lugares de origen o destino.  El transporte fluvial en la República Democrática del Congo es esencial debido a la escasez de carreteras transitables, pero los barcos suelen viajar sobrecargados y con pocos chalecos salvavidas.  La navegación nocturna, común en estas rutas, complica las operaciones de rescate, dejando a menudo cuerpos desaparecidos. Las operaciones de búsqueda enfrentan limitaciones por recursos escasos y la ubicación remota de los accidentes, lo que agrava las consecuencias de estas tragedias.