Telesur El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue liberado este 1 de diciembre tras recibir un indulto presidencial del mandatario estadounidense Donald Trump. La medida celebrada por la familia del exgobernante, revierte una condena de 45 años de prisión impuesta en 2024 por narcotráfico y tráfico de armas, una de las sentencias más duras aplicadas a un exjefe de Estado en Estados Unidos. La liberación fue anunciada este martes mediante un mensaje de su esposa, Ana García de Hernández, quien calificó el día como “imposible de olvidar” y un “milagro”. En su comunicado, la ex primera dama agradeció a Dios y al presidente Trump “por devolvernos la esperanza y por reconocer una verdad que siempre supimos”. El indulto fue preanunciado por Trump el pasado viernes en su red social Truth Social con un contundente: “Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”. Karoline Leavitt, portavoz presidencial, argumentó que el proceso judicial contra Hernández representó un “claro sobreenjuiciamiento” y culpó a el expresidente Joe Biden. Leavitt afirmó que, a pesar de la evidencia presentada en el juicio –que incluía el envío de “toneladas de droga y armas” a Estados Unidos, el expresidente hondureño fue víctima de una “trampa” por ser considerado “opuesto a los valores de la anterior Administración”. Quién es Juan Orlando Hernández Juan Orlando Hernández, más allá de su título de expresidente de Honduras (2014-2022), es una figura emblemática de la intersección entre el poder político, el narcotráfico y la geopolítica en el hemisferio occidental. Su condena en 2024 por una corte federal de Nueva York lo catalogó oficialmente como un narcotraficante a gran escala, responsable de facilitar la entrada a Estados Unidos de más de 400 toneladas de cocaína. Sin embargo, su historia es la de un actor que operaba en dos mundos: como aliado estratégico de Washington en seguridad y, simultáneamente, como socio de los cárteles mexicanos más poderosos. Su cercanía con las élites políticas estadounidenses, particularmente con figuras de la derecha como el actual secretario de Estado, Marco Rubio, desnuda las contradicciones de la política exterior norteamericana. Mientras Rubio, durante visitas oficiales a Tegucigalpa, elogiaba la «lucha contra las drogas» de Hernández, el hermano del expresidente, Juan Antonio «Tony» Hernández, ya condenado por narcotráfico, y el propio expresidente, según la justicia estadounidense, estaban protegiendo y enriqueciéndose con el tráfico de cocaína del Cártel de Sinaloa. Esta doble vida estaba sostenida por un engranaje de lobby: la firma BGR Group, que representaba al gobierno hondureño y también contribuía con cientos de miles de dólares a las campañas de Rubio, simbolizando una relación simbiótica entre intereses geopolíticos, influencia política y corrupción. Los vínculos de Hernández con el crimen organizado son de larga data. Testimonios clave durante su juicio, como el del exalcalde Alexander Ardón, revelaron que, incluso antes de ser presidente, como diputado, Hernández facilitó al propio Joaquín «El Chapo» Guzmán una ruta libre de vigilancia en la frontera con Nicaragua a cambio de millonarios sobornos. Este patrón se consolidó durante su mandato, donde utilizó las instituciones del Estado, incluyendo la policía y el ejército, para proteger los cargamentos de droga, transformando a Honduras en un «Estado narcotraficante», según la fiscalía. El indulto de Trump no solo libera a un convicto, sino que rehabilita políticamente a un personaje cuyo historial desmiente por completo las actuales justificaciones estadounidenses para una intervención militar en el Caribe. Mientras el secretario Rubio acusa a países como Venezuela y Colombia de un problema de fentanilo que no producen, y lanza una costosa operación militar que ha dejado decenas de pescadores civiles muertos como «daño colateral», él mismo avaló y se relacionó con un régimen probadamente responsable del ingreso de centenares de toneladas de cocaína a las calles norteamericanas.
