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RT Una mujer de 32 años y su bebé de dos meses murieron quemados vivos en el distrito de West Singhbhum, en el estado indio de Jharkhand, después que una turba la acusara de practicar brujería, informan medios locales. El ataque ocurrió el martes por la noche en la aldea de Kalaiya, cuando varias personas irrumpieron en la vivienda de Jyoti Sinku, la rociaron con queroseno mientras sostenía al infante y les prendieron fuego. El esposo, Kolhan Sinku, declaró que un familiar lo llamó al exterior y lo acusó de que su esposa era una «bruja» responsable de la muerte, ese mismo día, de otro pariente enfermo. Aseguró que una docena de hombres y mujeres se encontraban en el patio, gritando y culpando a Jyoti, y que él propuso llevar la disputa al consejo local a la mañana siguiente, pero el grupo no aceptó. El propio Sinku sufrió graves quemaduras al intentar intervenir, aunque logró huir y avisar a las autoridades. El superintendente de Policía de West Singhbhum, Amit Renu, confirmó que dos personas fueron declaradas muertas y que cuatro sospechosos han sido arrestados.  «Las investigaciones preliminares indican que se trata de un caso relacionado con acusaciones de brujería», señaló, añadiendo que el caso sigue bajo investigación y que se proporcionarán más detalles a medida que se aclaren los hechos.

RT El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que ordenará la publicación de archivos gubernamentales sobre extraterrestres y ovnis, debido al «enorme interés» mostrado por el público. El mandatario había afirmado que el exmandatario Barack Obama reveló información clasificada al decir, durante una entrevista el pasado fin de semana, que los alienígenas existen. «Él dio información clasificada. Se supone que no debería estar haciendo eso», declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One. Cuando uno de ellos le preguntó si entonces eso significaba que los alienígenas sí existen, respondió que no sabe «si son reales o no», solo que Obama no debía hablar de eso. «Cometió un gran error», agregó, con una sonrisa.   En una entrevista para el pódcast de Brian Tyler Cohen, Obama aseguró que los extraterrestres existen. «Son reales, pero yo no los he visto. Y no los tienen recluidos en el Área 51. No hay ninguna instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de EE.UU.», dijo entre risas. Sus declaraciones se volvieron virales en redes sociales rápidamente.

Rusia Today La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que se han publicado todos los archivos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, informa Fox News. Según el texto de una carta dirigida a los comités judiciales de ambas cámaras del Congreso, el Departamento de Justicia publicó «todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación en posesión del Departamento» que se relacionen con nueve categorías distintas, tal como exige la ley. A continuación, las nueve categorías: La carta también incluye una lista de más de 300 nombres «de alto perfil», entre ellos el presidente Donald Trump, Barack y Michelle Obama, el príncipe Enrique, Bill Gates, Woody Allen, Kim Kardashian, Kurt Cobain y Mark Zuckerberg, entre otros.  Los nombres se incluyeron en la lista si han sido funcionarios públicos o personas «políticamente expuestas» y han aparecido al menos una vez en los archivos divulgados, según se explica. En la carta se precisa que aparecen «en una amplia variedad de contextos«, como, por ejemplo, su amplio contacto directo por correo electrónico con Epstein o Maxwell, o si solo se mencionan en una parte de un documento que, a primera vista, no guarda relación con los asuntos de estos dos. «No se ocultó ni censuró ningún documento por motivos de vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política, ni siquiera en lo que respecta a funcionarios gubernamentales, figuras públicas o dignatarios extranjeros», reza la carta.

Telesur Un informe elaborado por una organización especializada en derecho humanitario señala que el número de víctimas mortales en la Franja de Gaza supera las 200 mil personas desde octubre de 2023, como consecuencia de la campaña genocida contra la población palestina perpetrada Israel. La cifra podría ser aún mayor, ya que numerosos cuerpos permanecen bajo los escombros de edificios destruidos, a los que los equipos de rescate no han podido acceder. La información surge de un estudio de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, liderada por el especialista Stuart Casey-Maslen. En esta linea, la Oficina Central de Estadísticas de Palestina reportó recientemente que en estos más de dos años de ofensiva se produjo una reducción del 10 % en la población gazatí. El elevado número de fallecidos ha motivado llamados urgentes de organizaciones internacionales. Casey-Maslen subrayó la necesidad de garantizar ayuda humanitaria inmediata, incluyendo alimentos, agua potable, refugios seguros y acceso a servicios médicos básicos. El experto también señaló que, además de la asistencia, es indispensable una evacuación segura de los desplazados y heridos, ya que las condiciones empeoran con el paso de los días debido a la continuidad de los ataques. “La gente sigue muriendo en Gaza”, afirmó. En paralelo, se espera que las negociaciones internacionales definan el futuro del territorio. Uno de los puntos centrales es la retirada parcial de las fuerzas israelíes, que actualmente ocupan cerca del 50 por ciento de Gaza, medida que formaría parte de la segunda fase del alto al fuego anunciado en enero. Mientras los acuerdos no se concretan, el número de víctimas continúa aumentando. Desde octubre de 2023, se han registrado 72.045 palestinos personas asesinadas y 171.686 heridos, según datos oficiales, además de miles de personas atrapadas bajo los escombros por la imposibilidad de acceder con ambulancias y equipos de defensa civil. La situación humanitaria en Gaza se mantiene crítica, con un escenario marcado por la falta de acceso a recursos básicos y la urgencia de medidas internacionales que permitan frenar la pérdida de vidas.

Telesur La Cámara de Diputados de Argentina aprobó en general el Regimen Penal Juvenil, que disminuye la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei consiguió 149 votos a favor, 100 en contra y ninguna abstención. Ahora será abordado artículo por artículo por los diputados y luego pasará al Senado. Organizaciones de derechos humanos advierten que la iniciativa avanza por sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, además de suponer un gran retroceso en esta materia, en relación a los tratados y estándares internacionales. «Estamos discutiendo meter a los pibes en una cárcel y no darles una mejor educación. No estamos discutiendo mejores salarios para los médicos, para lasalud mental, para los policías. No estamos discutiendo el trabajo informal, ni una ley de deporte inclusiva o crear más canchas, más gimnasios, más natatorios para los pibes. No estamos discutiendo que funcione el Sedronar», señaló durante el debate el diputado de Santa Cruz, Juan Carlos Molina (Unión por la Patria). Asimismo, desde la oposición cuestionaron el Régimen Penal Juvenil, al hacer énfasis en los bajos índices de reinserción social de jóvenes tras ser privados de libertad. «Las tasas de reincidencia en todos los países muestran que los pibes colocados en situación de privación de la libertad son altísimas porque en lugar de tener una política para la reinserción, el encierro es una política para recrudecer las situaciones”, enfatizó la diputada Romina del Pla (Frente de Izquierda y de los Trabajadores). Durante el plenario, Nestor Pitrola (Frente de Izquierda y de Trabajadores) refirió que «la desocupación en la juventud de 18 a 24 años es de 19,4%. Casi triplica el mentiroso índice general de desocupación que tenemos en el país. La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes envió a esta Cámara una estadística muy interesante porque en Ecuador donde rige la punibibilidad desde los 12 años, el índice de delitos es de 46,1 cada 100.000 opersonas, y en Argentina con 16 años es de 4, 2 cada 100.000 personas». En este contexto, el Consejo Federal de Defensores y Asesores generales de la República Argentina y la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADEPRA) manifestaron su preocupación sobre el proyecto oficialista de modificar el Régimen Penal Juvenil. La ex Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham refirió que “lo que falta no es castigo, es Estado, estamos discutiendo bajar la edad penal cuando más del 99 % de los chicos no tiene ningún conflicto con la ley”. Al subrayar que a aquellos que queden detenidos, «se los expone a volver a delinquir», la experta indicó que «bajar la edad de imputabilidad no da más seguridad, es un placebo que engaña a la sociedad”. Asimismo, agregó que «el riesgo es que los chicos salgan peor de lo que entraron. Si no hay operadores capacitados, equipos técnicos ni dispositivos adecuados, lo único que se logra es mayor reincidencia». Por su parte, un reciente estudio científico plantea los peligros de encarcelar adolescentes y revela un dato clave sobre el desarrollo del cerebro de los niños y niñas, que pone en discusión la efectividad de esta nueva normativa. La nueva evidencia desaconseja el enfoque punitivo como única respuesta frente al delito adolescente, salida que le está dano el Gobierno de la Libertad Avanza. De igual manera el estudio argumenta que “en esta fase, los adolescentes las tasas de enfermedades y muertes aumenta más que en la infancia, principalmente por causas vinculadas a accidentes, suicidio y violencia interpersonal”. De acuerdo al Centro de Estudios Legales y Sociales «si este proyecto se convierte en ley, un juez podría separar a un menor de su familia, inclusive enviarlo bajo custodia de los organismos de niñez. Para hacerlo, no le hará falta siquiera tomar en cuenta la voz del niño, lo que termina con el principio de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos».

Página 12 La tensión en Rosario continúa. Policías y personal del Servicio Penitenciario se acuartelaron el lunes por la noche frente a la sede de la Jefatura de la fuerza en reclamo de mejoras salariales. Tras varias horas de protestas, hubo enfrentamientos con otros efectivos y fueron desalojados. Sin embargo, la situación está lejos de resolverse y esta mañana se realizan “sirenazos” y nuevas manifestaciones en la ciudad. Las protestas comenzaron este lunes y se extendieron hasta esta madrugada frente a la sede de la Jefatura de Policía de Rosario, ubicada en Ovidio Lagos al 5200. Efectivos que patrullaban la ciudad se sumaron a la protesta que habían iniciado efectivos retirados y familiares de policías, para reclamar aumentos salariales y mejoras en sus condiciones de trabajo. Las manifestaciones de los policías también se replicaron en la ciudad de Santa Fe, donde varios patrulleros se ubicaron frente a la Casa de Gobierno provincial, y en otras localidades de la provincia. En Rosario la tensión fue en aumento. Los manifestantes prendieron fuego cubiertas hasta que las autoridades ordenaron el avance de efectivos de la fuerza contra los manifestantes, lo que derivó en choque entre agentes y en el desalojo de los efectivos que realizaban la protesta. Poco antes de las 10 de este martes, las protestas volvieron a Rosario. Efectivos de la policía realizaron un “sirenazo” frente a la Jefatura de Policía. Policías, personal retirado y sus familiares se encuentran apostados frente a la sede de la fuerza, que es custodiada por un cordón de seguridad. “No nos vamos a ir, nos vamos a quedar hasta que esto se resuelva”, afirmó un manifestante en declaraciones televisivas. Las protestas, también en otras ciudades Además de Rosario, también hubo protestas y acuartelamientos este lunes en Santa Fe, Reconquista, Vera, Rafaela, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tome, San Javier y Avellaneda. Una agente de la policía provincial que participó de la protesta contó en diálogo con Argentina 12 que las manifestaciones comenzaron la semana pasada, para reclamar un salario que cubra la canasta básica total. Según dijo, los últimos incrementos que recibieron fueron del 1% por mes y debe realizar adicionales y trabajar con apenas “24 horas semanales de descanso” para poder reunir un monto que le permita cubrir las necesidades básicas de su familia. La agente explicó que este lunes “por orden de la superioridad, (los policías que se manifestaban) fueron reprimidos por sus compañeros”. “Las que estabamos en primera fila eramos las mujeres y esta vez, por orden del jefe, (los efectivos) avanzaron” y “arrojaron gas pimienta”. También relató que hubo policías que se negaron a reprimir a sus compañeros.