Brasilia | Agencias
La Policía Federal detuvo en Río de Janeiro a otros dos sospechosos por el asesinato de la concejala Marielle Franco hace seis años, mientras que la Fiscalía presentó una denuncia contra los hermanos Domingos y José «Chiquinho» Brazão y el comisario de Policía Rivaldo Barbosa, acusados de planificar y ordenar la muerte de la activista de izquierda.
La prensa brasileña reportó este viernes que uno de los arrestados es Robson Calixto da Fonseca, conocido como «Peixe», quien era asesor de Domingos Brazão, funcionario del Tribunal de Cuentas de Río y que fue detenido el pasado 24 de marzo. Por otro lado, la policía ejecutó una orden de prisión preventiva contra, Ronald Alves de Paula, también conocido como «Mayor Ronald», quien estaba recluido en la cárcel federal de Campo Grande, en Mato Grosso do Sul. Este último sería el antiguo líder de un grupo parapolicial en el barrio de Muzema, ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro.
Las detenciones se produjeron luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) presentara un documento ante el Supremo Tribunal Federal (STF), incluyendo los nombres de Peixe y Ronald entre los imputados por el crimen. Además, el documento denuncia a Domingos y «Chiquinho» Brazão, junto Barbosa, como los principales sospechosos de estar detrás del asesinato de la activista.
En un comunicado recogido por la Agência Brasil, la defensa del diputado «Chiquinho» Brazão señaló que aún no tuvieron acceso a la denuncia presentada por la PGR, ni conocen aún los términos de los alegatos del caso. “Por tanto, todavía no es posible emitir un juicio de valor sobre las acusaciones. Hablaremos tan pronto como el relator del caso permita a la defensa conocer todos los elementos producidos por la investigación”, indicó la defensa.
La Cámara Bja de Brasil decidió el mes pasado, con 277 votos a favor, 129 en contra y 28 abstenciones, mantener la prisión decretada por un juez de la Corte Suprema contra «Chiquinho» Brazão, fundamentada por supuestamente obstruir a la justicia dentro de una organización delictiva. De acuerdo al artículo 53 de la Constitución brasileña, es responsabilidad de las cámaras legislativas decidir si la orden de detención sobre uno de sus miembros debe mantenerse o revocarse. Estos solamente pueden ser arrestados mientras están trabajando si cometen un delito evidente y que no permite pagar una fianza.
