Telesur
Tres querellas judiciales, presentadas ante tribunales argentinos, exigen investigar al presidente Javier Milei, al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y al asesor Santiago Caputo por implicación en la fuga de Flávio Bolsonaro.
El excandidato presidencial brasileño era investigado por presunto delito de blanqueo de capitales, corrupción e infracciones de la normativa de divisas en torno a la financiación de Dark Horse, película sobre su padre. Esta investigación lo vincula al banquero acusado de fraude Daniel Vorcaro, a quien solicitó millonarios fondos para el filme. En otra investigación, Bolsonaro está señalado por blanqueo de capitales a través de plataformas de apuestas en línea.
Días atrás, el magistrado Flávio Dino, de la Corte Suprema, ordenó investigar si hubo apoyo extranjero, en particular con dinero proveniente de EE.UU., en la campaña presidencial de Bolsonaro, quien fue derrotado en las urnas por Luiz Inácio Lula da Silva.
Las denuncias presentadas ante la Justicia argentina contra Milei y funcionarios de su entorno cercano incluyen encubrimiento, tráfico de personas, uso de recursos públicos y facilitación de permanencia ilegal para ayudar a un prófugo de la justicia brasileña.
Trámite de las denuncias
Las presentaciones del dirigente del Frente de Izquierda Gabriel Solano y del diputado socialista Esteban Paulón tramitan en los tribunales de Comodoro Py; la primera quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. Por su parte, la diputada Marcela Pagano radicó su exposición en los tribunales federales de Misiones, donde interviene el juez Marcelo Cardoso.
Pagano sostiene que debe analizarse el posible delito de “tráfico ilegal de personas por los límites fronterizos”, agravado por la intervención de funcionarios.
La legisladora advierte que estos hechos podrían comprometer “la soberanía del Estado argentino sobre el control de sus fronteras, el cumplimiento de sus obligaciones de cooperación penal con un Estado Parte del Mercosur y la integridad de los organismos federales”.
Cambio de versión y recursos estatales
La denuncia interpuesta por Solano destaca el cambio repentino en la versión oficial. Tras negar inicialmente el ingreso, Migraciones de Argentina reconoció a las 02H00 de la madrugada que Bolsonaro cruzó el 27 de octubre por el Puente Internacional Tancredo Neves con pasaporte italiano.
Aunque el Gobierno afirmó que la documentación era “hábil”, el senador brasileño tenía el pasaporte suspendido y causas penales, entre ellas por lavado de activos. La exdirectora de Migraciones, Florencia Carignano, señaló que el Gobierno tomó la decisión política de permitir su ingreso pese a las causas judiciales.
Las presentaciones detallan el presunto uso de recursos estatales: agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) escoltaron al prófugo, quien llegó al aeropuerto en un vehículo con patente diplomática argentina.
El operativo logístico
Asimismo, se investiga el operativo logístico del avión privado Gulfstream G400 de la empresa Baires Fly, vinculada a Sergio Mastropietro, procesado en una causa por corrupción en la Agencia de Discapacidad (ANDIS) y con vínculos con el narcotraficante Federico Machado (extraditado como narco a Estados Unidos y condenado por lavado de dinero en Texas). La aeronave esperó más de 24 horas en Puerto Iguazú sin autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), con un costo estimado de 140.000 dólares gestionado por un bróker de Estados Unidos.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez recordó que el DNU 366/25 establece como causal de impedimento de ingreso “la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales”. El especialista alertó sobre la irregularidad de que un extranjero con múltiples requerimientos judiciales transitó por el país burlando los controles establecidos por la ley 25.871.
Las denuncias solicitan imputar los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, exigiendo la preservación de cámaras y registros para determinar las responsabilidades penales de los involucrados.
