Página 12
Tras el desmantelamiento de las fiscalías que acusaban a Fernando Cerimedo, con la intervención del Gobierno boliviano y de la DEA, las irregularidades se siguen acumulando. Ahora, Nadia Beller, víctima del intento de femicidio, denunció que el consultor tiene un celular propio, algo inusual en la estricta cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Advirtió que activó una cuenta de Telegram desde el penal, a través de la cual podría mantener conversaciones y organizar acciones fuera de la prisión sin ningún tipo de control.
El caso Cerimedo comenzó con un intento de asesinato de Beller, su entonces pareja. A partir de ese hecho se acumularon pruebas cada vez más impactantes: chats y mensajes internos que aportaban evidencias claras de que el consultor la había mandado a matar, la contratación de sicarios y la identificación de los presuntos autores materiales.
Se trata de dos ciudadanos colombianos que dejaron un reguero de pistas que permitió localizarlos. Todo esto llevó a la detención de Cerimedo cuando intentaba huir de Bolivia y a la apertura de cuatro causas penales en su contra: una por el intento de femicidio, otra por episodios previos de violencia contra Beller y dos más por enriquecimiento ilícito y presuntos vínculos con el narcotráfico.
Pero el caso dio un giro con la intervención directa de Estados Unidos o, más precisamente, de la DEA. El organismo difundió un video en el que, casualmente, un capo narco uruguayo preso en Estados Unidos decía ser “amigo” del fiscal general de Bolivia, quien impulsaba las acusaciones contra Cerimedo.
A partir de esa difusión, sin que mediara una causa judicial ni una orden de un juez, el Gobierno boliviano —del que Cerimedo era cercano— procedió a detener al fiscal general Roger Mariaca, junto con un grupo de fiscales, comisarios y otros funcionarios judiciales. La operación significó el desmantelamiento completo del equipo que investigaba al consultor.
Desde entonces, las causas permanecen paralizadas y Cerimedo se muestra confiado en que pronto recuperará la libertad.
En ese contexto, Beller publicó en su cuenta de Facebook una denuncia: el consultor tendría un celular dentro de la cárcel y estaría utilizando un canal encriptado de Telegram. Según contó, la información llegó a un periodista mientras la entrevistaba en un programa de radio.
“Cerimedo aparece conectado en Telegram utilizando el mismo número telefónico del celular que entregó a la Policía y que posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía para su desdoblamiento y peritaje. Telegram es la única red donde él tenía visible su última hora de conexión”, relató Beller.
“Esto demuestra que Cerimedo está utilizando ese mismo número y sus redes sociales desde otro dispositivo mientras permanece detenido en Chonchocoro. Todo esto en complicidad con el gobierno, el régimen penitenciario y la policía”, denunció.
Beller planteó una serie de interrogantes: “¿Quién le proporcionó ese dispositivo? ¿Cómo obtuvo nuevamente esa línea telefónica argentina estando preso en Bolivia? ¿Quién se la proporcionó y mediante qué mecanismo o autorización?”. También consideró otra posibilidad, en un contexto en el que las causas cuentan con fiscales más sumisos: “¿La Fiscalía le devolvió ilegalmente el teléfono que debía permanecer bajo custodia para su peritaje?”.
“La supuesta interceptación de un celular que pretendían ingresar a Chonchocoro ayer puede ser, entonces, una cortina de humo”, hipotetizó. Se refería a una versión según la cual el personal penitenciario interceptó a otro detenido, encargado de repartir los alimentos, que tenía un celular escondido que pretendía hacerle llegar a Cerimedo. Las autoridades de la cárcel aseguran que el dispositivo nunca llegó a manos del consultor y que investigan cómo llegó a poder del preso que intentaba entregárselo.
Beller consideró que el uso de un teléfono dentro del penal por parte de Cerimedo “es particularmente grave porque el senador Leonardo Roca ya denunció que continúan registrándose movimientos de la cold wallet vinculada a Cerimedo”. Es decir, el consultor no solo estaría estableciendo contactos y organizando acciones, sino también moviendo dinero.
“Estamos hablando de acceso a comunicaciones y de operaciones financieras que continúan mientras se encuentra privado de libertad”, sostuvo.
“Y hay algo todavía más grave: esta evidencia demuestra que Cerimedo continúa comunicándose y coordinando acciones desde la cárcel, incluyendo la comunicación con el sicario que participa en la difusión de videos destinados a intentar desvirtuar su responsabilidad en la tentativa de feminicidio en mi contra”, advirtió la expareja del consultor.
“Mientras la Policía que debía garantizar su custodia sigue bajo cuestionamiento por su colaboración con Cerimedo en este caso, y ahora tenemos un fiscal general elegido bajo serios cuestionamientos por instrucción política del gobierno de Rodrigo Paz, ¿qué garantías existen de que la evidencia será preservada y de que habrá una investigación independiente?”, se preguntó Beller. Se refería al nombramiento de José Urioste como reemplazante de Mariaca, a quien considera dócil al gobierno de Rodríguez Paz y al mandato de Estados Unidos.
“La posibilidad de que la Fiscalía bajo el mando del nuevo fiscal le haya devuelto el teléfono que debía estar bajo peritaje constituye un hecho gravísimo que debe ser investigado”, consideró Beller. La ex pareja del consultor cerró su denuncia con una última pregunta: “¿Quién lo está ayudando?”.
Para contestarla, hay que mirar hacia el norte.
