Santa Cruz, 1 de octubre (El Nuevo Cambio).- Efectivos encapuchados de la Policía aprehendieron al fiscal general, Roger Mariaca, y al departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, alrededor de las 22.00 horas de este miércoles, en un sorpresivo operativo realizado en el aeropuerto de Viru Viru, cuando ambos llegaron a la capital oriental procedentes de la ciudad de Sucre.
La aprehensión se realizó sin ningún mandamiento y disposición legal respectiva, y ambas autoridades fueron subidos a una aeronave y trasladados a la ciudad de La Paz donde guardan detención en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).
La aprehensión de ambos fiscales generó una serie de protestas, inicialmente en la Fiscalía General de Sucre, donde al menos unos cinco funcionarios también fueron detenidos, y varios sectores denunciaron la violación de las leyes y el sometimiento del gobierno de Rodrigo Paz, a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Varios fiscales, no sólo en Sucre, sino en varias capitales departamentales denunciaron que el gobierno de Rodrigo Paz, violó la institucionalidad y la independencia del Ministerio Público al intervenir policialmente todas las fiscalías del país.
En las redes aparecieron videos donde aparentemente el narcotraficante Sebastián Marset, extraditado a los EE.UU. luego de su detención en Bolivia, afirmaba que tenía protección del fiscal Mariaca e incluso del exministro de Gobierno del régimen de Luis Arce Catacora, Eduardo del Castillo a quien se le habría pagado 500 mil dólares.
El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, dijo que la aprehensión de Roger Mariaca y Alberto Zeballos, quienes hasta hace pocas horas fungían como fiscal general y del fiscal departamental de Santa Cruz, respectivamente, debe respetar el control jurisdiccional y el debido proceso.
Antes de su aprehensión, el fiscal general, Roger Mariaca, denunció que la revocación de su visado diplomático por parte del Gobierno de Estados Unidos responde a un intento de injerencia geopolítica para frenar investigaciones de alto nivel por narcotráfico y corrupción estatal que involucran al operador de extrema derecha Fernando Cerimedo.
Explicó que la medida punitiva de la Casa Blanca busca blindar al asesor de campañas de la derecha continental y frenar las causas judiciales por legitimación de ganancias ilícitas y red de influencias que salpican a sectores del Ejecutivo.
Mariaca había afirmado que pese a las presiones internacionales y las solicitudes de renuncia impulsadas por sectores del Legislativo, el fiscal general ratificó que no retrocederá «ni un centímetro» en el esclarecimiento de las denuncias formuladas por la ciudadana Nadia Beller, sobreviviente de un intento de feminicidio, quien expuso audios y pruebas sobre la presunta existencia de un esquema de cobro de sobornos y facilitación al narcotráfico.
