Prensa Latina
Lima, 14 julio (Prensa Latina).- La posible excarcelación del exmandatario peruano Pedro Castillo se debate hoy entre pedidos de que la decrete el presidente José María Balcázar y presiones en sentido contrario, en víspera de una marcha por la libertad del preso.
A solo dos semanas de que culmine el breve mandato iniciado en febrero pasado, Balcázar recibió la advertencia pública de que debería evitar problemas y dijo creer que no indultará al exgobernante.
Voces similares sostienen que si el presidente escucha los pedidos de liberar a Castillo, el mandatario de 83 años podría inclusive ser procesado penalmente.
El partido Juntos por el Perú (JP), cuyo líder, Roberto Sánchez, perdió el balotaje por la presidencia por escaso margen ante la neoliberal Keiko Fujimori, prepara la movilización a favor del exmandatario preso desde diciembre de 2022.
Sánchez señaló que la medida depende de una decisión de Balcázar quien ha dado señales de analizar el tema y hasta ha declarado que un informe del Grupo de Trabajo sobre de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, podría dar argumentos a quienes propugnan la excarcelación y los exhortó a buscar argumentos para ese objetivo.
La marcha a favor de Castillo coincidirá con la ceremonia de entrega a Fujimori de la credencial de Jefa de Estado por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El diputado electo y secretario general de JP, Ernesto Zunini, invocó a Balcázar a dar libertad a Castillo, mediante un indulto o por una gracia presidencial, ya solicitada por el abogado del exmandatario y aplicable al caso por el exceso de prisión preventiva respecto a la condena de 11 años a la que fue condenado en noviembre de 2025.
El senador del mismo partido Jaime Quito dijo a su vez que el canciller, Carlos Pareja, debe ceñirse a la constitución, según la cual Balcázar dirige la política exterior y los ministros de Relaciones Exteriores solo la ejecutan.
Aludió tácitamente a un comunicado de la Cancillería que niega valor jurisdiccional al informe del grupo de la ONU y según el cual el exmandatario fue detenido, destituido por el Congreso y condenado sin fundamento jurídico y debe ser puesto en libertad.
De otro lado, la mayoría de la prensa, congresistas del partido Fujimorista Fuerza Popular (FP), juristas y exministros conservadores rechazan la libertad de Castillo con el argumento de que, al intentar disolver el Parlamento opositor, el entonces presidente perdió la presidencia y los derechos de gobernante.
El ex canciller de derecha extrema Javier González Olaechea se sumó a esos criterios, pero reconoció que otorgar un indulto es una atribución de los jefes de Estado y Balcázar puede dictar la medida.
Admitió tácitamente que hay razones políticas para el rechazo a la excarcelación de Castillo, pues el problema es que, en vez de pedir asilo a México a reunirse con su familia, decida “incendiar la pradera” con su actividad política.
El ex candidato presidencial Jorge Nieto, declaró que, de si el indulto de Castillo forma parte de una política de “des-polarización” del país, la medida correspondería a la nueva presidenta, que no se ha referido al tema tras su elección.
Nieto, quien se declara equidistante del nuevo gobierno y de JP y se negó a apoyar a Sánchez en el balotaje, respondió a una pregunta de la prensa sobre Castillo tras visitar a Fujimori junto a tres de los legisladores de su partido y dijo en el diálogo presentaron diversas sugerencias.
