Prensa Latina
Quito, 19 junio (Prensa Latina).- Organizaciones de la Alianza por los Derechos Humanos rechazaron hoy el Decreto Ejecutivo 424, con el cual el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó la existencia de un conflicto armado interno y permite la presencia de fuerzas extranjeras.
En un pronunciamiento difundido este viernes, los firmantes sostienen que la medida profundiza la militarización de la seguridad pública, amplía la participación de actores extranjeros en asuntos internos y crea condiciones que podrían favorecer la impunidad frente a eventuales violaciones de derechos humanos.
El decreto, firmado este 18 de junio, establece que Ecuador recibirá cooperación internacional para enfrentar a las estructuras criminales y reconoce inmunidad para personal extranjero que participe en operaciones de seguridad, de acuerdo con los acuerdos internacionales vigentes.
También dispone que el presidente podrá conceder indultos, rebajas o conmutaciones de penas a militares, policías y civiles involucrados en acciones relacionadas con el conflicto armado interno, mientras exhorta a la Asamblea Nacional a considerar amnistías para quienes actúen en defensa del Estado.
Las organizaciones cuestionan especialmente la inclusión de beneficios penales dentro de una normativa que ratifica la existencia de un conflicto armado interno.
A su juicio, ello genera una “expectativa institucional de protección o tratamiento excepcional respecto de conductas futuras aún indeterminadas” y podría debilitar las garantías de investigación y sanción de abusos.
El documento advierte que el derecho internacional prohíbe utilizar amnistías o indultos para impedir el juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura o crímenes de lesa humanidad.
Los firmantes también expresan preocupación por la participación de civiles en acciones vinculadas al conflicto armado interno, sin que se defina quiénes podrían intervenir, bajo qué condiciones, ni cuáles serían los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
Otro de los cuestionamientos se refiere a la cooperación con Estados extranjeros, lo cual podría dificultar el acceso a la justicia de eventuales víctimas de abusos y debilitar los principios de soberanía y responsabilidad estatal.
Las organizaciones sostienen además que el Decreto 424 difiere de anteriores declaratorias de conflicto armado interno porque reconoce de forma autónoma esa condición y regula sus consecuencias sin activar los mecanismos ordinarios de control constitucional asociados a los estados de excepción.
Como parte de sus demandas, los colectivos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a comisiones Naciones Unidas que requieran información urgente al Estado ecuatoriano sobre los fundamentos jurídicos y fácticos del decreto, así como sobre los alcances de la participación extranjera y civil en las operaciones.
