Página 12
En El Salvador, los familiares de los detenidos bajo el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele no tienen información oficial sobre su paradero. Desde marzo de 2022, que el mandatario impulsó esta medida que lo ha catapultado a nivel internacional, más de 91 mil personas han sido detenidas acusadas de pertenecer a pandillas.
Además de que el Estado no brinda información sobre los lugares y las condiciones de reclusión en las que están, los acusados son juzgados sin derecho a la debida defensa, en juicios masivos y por jueces anónimos.
Ante la negligencia de no garantizarles un proceso apegado a derecho y debido a las múltiples denuncias de violaciones sistemáticas a derechos humanos que ocurren en el país centroamericano, que incluyen muertes con signos de tortura dentro de las cárceles, decenas de madres han comenzado a organizarse en el colectivo Madres por la Libertad.
En el colectivo hay al menos 60 madres salvadoreñas que exigen públicamente que las autoridades les den información sobre sus hijos, hijas o esposos detenidos. Lo hacen en medio de un contexto represivo y bajo un Estado en el que ningún ciudadano cuenta con derechos constitucionales.
A mediados del año pasado, una encuesta de la Universidad José Simeón Cañas señaló que de 10 salvadoreños, seis tienen miedo de ir presos por expresar opiniones en contra del gobierno.
El caso testigo de Merlon Urías
“Necesitamos unirnos para ver qué es lo que humanamente posible podemos hacer, cuáles puertas podemos tocar, para que el gobierno nos escuche; porque el gobierno netamente sabe que tiene a personas inocentes recluidas en los centros penitenciarios. No solo son hombres jóvenes, sino que son ancianos, son mujeres, son adolescentes”, dice Mirna Urías, una de las fundadoras y voceras del colectivo, en charla con Página/12.
El hijo de Urías, Merlon, fue detenido el 30 de marzo de 2022, cuando el régimen de excepción cumplía tres días de haberse implementado. Merlon trabajaba regando cultivos de caña y había cumplido 18 años. El día de su detención estaba jugando videojuegos con tres amigos más en una casa y a todos se los llevó una patrulla policial. Desde entonces, Urías no volvió a ver a su hijo y su abogado público no le da novedades sobre el proceso.
Cuando ella va a preguntar por su hijo a la cárcel en la que le dicen que está recluido, se limitan a decirle que está allí. Seis meses después de la detención de Merlon, el esposo de Urías fue detenido y ella también desconoce oficialmente su paradero.
En 2024, Bukele reconoció que del total de detenidos que había hasta la fecha, 8 mil eran inocentes. Sin embargo, la falta de acceso a la información pública de su gobierno no permite contrastar si realmente todas estas personas han sido liberadas.
Las organizaciones sociales han registrado casos de personas que fueron liberadas por no contar con pruebas que las vinculen a pandillas y que al salir fueron detenidas nuevamente; y hay otros casos donde los jueces emiten órdenes de libertad, pero el sistema penitenciario no las cumple.
La historia de Urías se replica en miles de madres. Hasta el momento, las familias se habían articulado en el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), que realiza acciones continuas para denunciar las detenciones arbitrarias cometidas durante el régimen de excepción y exige al Estado que les de pruebas de que sus parientes detenidos siguen vivos.
Debido a que el 95 por ciento de las personas que realizan los trabajos de búsqueda de estos detenidos son mujeres, las madres decidieron también fundar su colectivo, indica Urías.
El pasado 9 de mayo, en vísperas del Día de la Madre en El Salvador, que se celebra el 10 de mayo, las Madres por la Libertad hicieron una ronda a la manzana donde está ubicada la catedral metropolitana, en el Centro Histórico de la capital salvadoreña, San Salvador.
Llevaron pañuelos blancos, carteles y fotografías de sus familiares detenidos que mostraron frente a los cientos de personas que transitaban la zona y a los policías que mantienen militarizada las calles. Tras la ronda, entraron a la catedral a rezar a la cripta del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado por un grupo de paramilitares vinculados al Ejército el 24 de marzo de 1980.
En medio de la represión, estas madres encaran a la mano dura de Bukele. En los pañuelos, símbolo universalizado por las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, las madres salvadoreñas van tejiendo una flor. “En los pañuelos, cada quien va tejiendo la flor como puede, y significa mucho para nosotras: es el esfuerzo de una madre buscando a sus familiares”, precisa Urías.
