La Paz, 18 de marzo (El Nuevo Cambio).- El empresario Philipp Lichtenfeld, vinculado al caso de sobornos por la compra de gases lacrimógenos para Bolivia, fue invitado por el presidente Rodrigo Paz a un encuentro en San Pablo con empresarios brasileños y el presidente Luiz Inácio Lula.
Según una información publicada por DTV, Lichtenfeld forma parte del esquema investigado en Estados Unidos, en el que también estuvo implicado el exministro de Gobierno Arturo Murillo, condenado en enero de 2023 a 70 meses de prisión por conspiración por el lavado de dinero proveniente de sobornos.
En ese proceso ventilado en los EE.UU. se estableció que Arturo Murillo, actualmente en el Penal de San Pedro en La Paz, recibió al menos 532.000 dólares en pagos irregulares vinculados a la adjudicación de un contrato millonario de gases lacrimógenos en 2019.
El año 2021, la Fiscalía de La Paz emitió una orden de aprehensión contra Lichtenfeld por enriquecimiento ilícito de particulares y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, además de confirmarse su detención en Estados Unidos por su participación en el mismo esquema de corrupción.
La inclusión de Lichtenfeld en la lista de invitados al encuentro con el presidente Rodrigo Paz motivó una serie de cuestionamientos en las redes sociales, por su vinculación en el caso de los gases lacrimógenos.
El expresidente Evo Morales también se refirió al tema y dijo en su cuenta X que “La cloaca de la corrupción está en el gobierno: el empresario estadounidense Philip Lichtenfeld -condenado en EEUU por lavado de dinero sucio, junto al ministro de Jeanine Añez, Arturo Murillo- fue invitado por el presidente Rodrigo Paz para integrar la comitiva oficial que viajó a Brasil. Esto demuestra que no combate la corrupción de sus socios y amigos.
El pueblo debe recordar que Arturo Murillo y los empresarios norteamericanos: Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, fueron detenidos tras ser acusados de pagar US$ 602.000 en sobornos a funcionarios del gobierno de facto de Añez con el fin de adjudicarse contratos por 5,6 millones de dólares para suministrar gas lacrimógeno destinado a la represión del pueblo indignado.
Los empresarios estadounidenses -dueños de Bravo Tactical Solutions, con sede en Florida-Miami- fueron intermediarios entre el Estado boliviano y la empresa brasileña Cóndor, la fabricante de gases. Luego de ese negociado, lavaron los sobornos en bancos de EEUU y de nuestro país”.
