Telesur
El Gobierno de Javier Milei decretó, sin pasar por el Congreso, una reforma del sistema de inteligencia argentino a través de un decreto de necesidad y urgencia firmado en la noche del último día de 2025, que será publicado en los próximos días.
La disposición modifica de forma sustancial el marco legal que regula la inteligencia en el país, incorpora la noción de “riesgo estratégico nacional” como eje conceptual y refuerza un modelo concentrado de conducción. Además, amplía las capacidades de acción de los organismos y establece el carácter reservado de todas sus tareas.
La medida generó cuestionamientos inmediatos en la oposición. El diputado Esteban Paulón advirtió que el decreto instala un clima de sospecha generalizada y concentra atribuciones sensibles en áreas bajo control político, mientras que Ricardo Alfonsín expresó su preocupación por la modificación de la ley.
Por su parte, el diputado nacional Jorge Taiana sostuvo que la reforma amplía las funciones de inteligencia y les otorga un marco legal que podría derivar en “un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores”.
En el texto, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025 fortalece de forma sustancial a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que pasa a dirigir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional que asumirá el control presupuestario del área, incluidos los gastos reservados, y podrá requerir información a organismos nacionales, provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las nuevas facultades, se incluye la posibilidad de aprehender personas en casos de flagrancia o por orden judicial.
La norma también redefine la estructura del sector al transformar la Agencia de Seguridad Nacional en la Agencia Nacional de Contrainteligencia, cuya misión será prevenir amenazas de alcance amplio, como espionaje, sabotaje, injerencias externas y operaciones de influencia que puedan afectar el orden constitucional o los “intereses estratégicos del país”.
En el ámbito digital, el decreto establece una división entre ciberseguridad y ciberinteligencia. Para ello, crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que dependerá de la Jefatura de Gabinete y tendrá a su cargo la planificación y supervisión de políticas destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas y los sistemas tecnológicos vinculados a servicios esenciales. Para su funcionamiento, se trasladarán bienes, personal y patrimonio que antes estaban asignados a la ex Agencia Federal de Ciberseguridad.
Esta última, en tanto, pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia y quedará bajo la órbita de la SIDE, enfocada exclusivamente en tareas de inteligencia en el entorno digital. La reorganización refleja, además, un delicado equilibrio interno dentro del oficialismo, con áreas clave repartidas entre sectores cercanos a Karina Milei y al asesor presidencial Santiago Caputo.
El decreto incorpora, además, definiciones que hasta ahora no figuraban explícitamente en la legislación vigente, como la caracterización formal del trabajo de inteligencia como reservado. El texto establece que todas las actividades del sistema tendrán carácter encubierto con el objetivo de reducir el denominado “riesgo estratégico nacional».
El Ejecutivo recurrió al DNU para evitar el paso por el Congreso, una decisión que genera serias dudas sobre la legalidad y la transparencia de la medida. Al obviar el control legislativo, el Gobierno actúa de manera unilateral, concentrando poder y eludiendo los mecanismos de debate y fiscalización que garantizan la democracia.
La normativa también crea dos instancias de articulación: la Comunidad de Inteligencia Nacional, que agrupa a los organismos de espionaje junto con áreas especializadas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y la Comunidad Informativa Nacional, integrada por dependencias estatales con capacidad de generar información relevante, como Migraciones, Aduanas y organismos vinculados al sector nuclear. En ambos casos, la SIDE será la encargada de definir los mecanismos mediante los cuales se deberá suministrar la información.
El texto dedica un apartado específico a la protección de instalaciones, bienes y personal del sistema de inteligencia, habilitando a los organismos a contar con mecanismos propios de seguridad para prevenir o neutralizar agresiones. Asimismo, regula la reasignación del personal afectado por los cambios estructurales y garantiza la continuidad operativa mientras se completa la reorganización.
