Telesur
La abogada Ivania Cruz, integrante de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), denunció que el Gobierno de El Salvador está empleando mecanismos internacionales, en particular la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), para intimidar y perseguir a activistas que desde el extranjero denuncian abusos de poder y violaciones a los derechos humanos en el país.
Durante su participación en el espacio Encuentro con Julio Villagrán, Cruz explicó que tanto ella como su colega Rudy Joyafueron las primeras víctimas en 2025 de lo que describe como “persecución política transnacional” por parte del Gobierno de Nayib Bukele. Mientras ambos se encontraban en una gira en España, sus viviendas en El Salvador fueron allanadas por la Policía Nacional Civil (PNC).
“La Interpol es un mecanismo que Bukele está utilizando para seguir intimidando”, afirmó Cruz, al referirse a una notificación recibida en julio, en la que se informaba que Interpol había emitido una alerta roja a solicitud de un tribunal salvadoreño. El aviso llegó a las autoridades españolas en agosto, lo que derivó en la detención de Joya durante 24 horas. Cruz se presentó voluntariamente ante las autoridades para aclarar su situación, ya que se trataba de un proceso de extradición.
La defensora señaló que lograron evitar la extradición porque ambos son solicitantes de asilo en España, y una de las garantías en esos procesos es la no devolución al país de origen. Explicó que su caso está vinculado a la imputación de “agrupaciones ilícitas”,un delito ampliamente utilizado bajo el régimen de excepción implementado por el Gobierno.
Sin embargo, UNIDEHC fue registrada en el Registro de Comercio y opera como movimiento popular integrado por líderes comunitarios y abogados independientes, sin necesidad de inscripción en el Ministerio de Gobernación, según lo respalda la Constitución de la República.
Cruz recordó que el caso judicial surgió tras la detención de más de 24 líderes comunitarios de la Localidad La Floresta, entre ellos Fidel Zavala, acusado erróneamente de ejercer como abogado. “Él nunca dijo eso en ninguna entrevista; su labor era de vocero de UNIDEHC y defensor de derechos humanos, para eso no es necesario ser profesional”, aclaró.
La defensora destacó que organismos internacionales, incluidos Amnistía Internacional, el Observatorio Internacional de Derechos Humanos, el Colegio de la Abogacía de Madrid y expertos de la ONU, han cuestionado el uso indebido de la Interpol, dado que este organismo prohíbe emitir alertas con motivaciones políticas.
Actualmente, Cruz y Joya continúan con su proceso de asilo y trabajan para lograr la eliminación de la alerta de Interpol. Un abogado del Colegio de la Abogacía de Madrid los representa y esperan respuestas tanto de la comunicación entre la ONU y la Interpol como del pronunciamiento del colegio profesional, con el objetivo de sentar un precedente contra la instrumentalización de mecanismos internacionales en perjuicio de defensores de derechos humanos y periodistas.
