Sociedad

Masivas movilizaciones se registraron este viernes en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, exigiendo la abrogación de otros decretos supremos que atentan no solo contra la propiedad privada de los bolivianos, sino los derechos de los comerciantes y otros sectores del país. En todos los casos, los manifestantes fueron a las puertas de Impuestos Internos para denunciar además una serie de abusos contra el sector y amenazaron con asumir nuevas medidas de presión mucho más drásticas, a partir del lunes 20 del mes curso. Los gremiales exigen además que se deje sin efecto el proyecto de ley 143 por atentar contra sus derechos laborales y que el gobierno solucione en el plazo más breve los problemas derivados de la falta de dólares en el país. Asimismo exigieron la abrogación de los decretos 4732 y 154. El presidente Luis Arce Catacora había abrogado a comienzos de esta semana el decreto supremo 5143, para evitar conflictos en el país y bajo el argumento de que se prepara una desestabilización a la democracia, sin embargo, los gremiales y otros sectores afirmaron que otras disposiciones gubernamentales aprobadas entre “gallos y media noche” afectan la propiedad privada de los bolivianos. El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Rural, calificó la medida como injusta y solicitó a las dirigencias de los sectores en conflicto reflexionar y no generar problemas al país con la desinformación. Él viceministros de Movimientos Sociales, Gustavo Torrico, acusó a los dirigentes de estar inmersos en un plan de desestabilización de la democracia y los amenazó con asumir acciones legales en su contra.

Cochabamba, 15 de mayo (El Nuevo Cambio).- Los gremiales en todo el país anunciaron una nueva movilización para el viernes, exigiendo al gobierno la abrogación de otros decretos supremos y la solución al problema de la escasez de dólares en el país. Los dirigentes de este sector se atribuyeron el haber lograron que el presidente Luis Arce haya cedido a eliminar el decreto 5143 de Derechos Reales que era un flagrante atentado a la propiedad privada de todos los bolivianos. Los gremiales en Cochabamba dijeron que se sumarán a las medidas de presión que se organizan en todo el país, hasta lograr también la abrogación de otros decretos supremos, como el 4732 y 5139, que no fueron consensuados con ningún sector. Según los gremiales, el gobierno intenta regular y controlar el trabajo del comercio relacionado con la futura venta, venta con reserva de propiedad y otras modalidades de bienes inmuebles, lo que constituye un atentado a la propiedad privada. Asimismo, se oponen al proyecto de ley 145 que tiene que ver con el trabajo de la Aduana Nacional, porque de acuerdo a los gremiales, las autoridades podrán ingresar a sus depósitos de mercadería sin ninguna orden judicial.

Cochabamba, 14 de mayo (El Nuevo Cambio).- Los dirigentes del transporte público en las principales ciudades del país, acordaron incrementar los precios de los pasajes y las autoridades subnacionales se mantienen indiferentes, en tanto el gobierno se lava las manos y dice que son las alcaldías que deben atender la demanda. La única alcaldía que expresó su acuerdo, aunque no en el monto exigido por los choferes de 2.67 bolivianos, sino en solo 2.17 bolivianos, fue la de Cochabamba, y anunció una reunión esta semana para analizar la exigencia del transporte público. Las federaciones de transporte de varias ciudades expresaron su molestia, porque desde hace muchos años, se mantienen congeladas las tarifas de los pasajes, y no se toma en cuenta que el costo de vida, sobre todo los últimos años, se incrementó en todos los rubros. Como en muy pocas ocasiones, los dirigentes tanto del transporte libre cono federado en Cochabamba, se pusieron de acuerdo y expresaron su determinación de que las autoridades sean subnacionales o nacionales esta vez deben aceptar la demanda de esos sectores. El único alcalde que hasta el momento expresó su opinión es Manfred Reyes Villa, quien está de acuerdo con el incremento de los pasajes del transporte público, aunque no en el porcentaje propuesto, “porque se debe ver la situación económica de la población”, dijo.

La Paz, 14 de mayo (El Nuevo Cambio).- La presión social de varios sectores de la sociedad, sobre todo los comerciantes, obligó al presidente Luis Arce a abrogar este martes, el Decreto Supremo 5143, de Derechos Reales, porque supuestamente afecta la propiedad privada de la población. El mandatario dijo en una declaración pública que se asumió esa determinación para evitar cualquier especulación y distorsión de la medida, que podía generar una convulsión social, alentada por algunos sectores de la sociedad que solo tienen afanes políticos. “Seguramente hemos tocado intereses porque no quieren que se modernice Derechos Reales”, sostuvo al denunciar que existe un plan de desestabilización para las siguientes semanas que se encuentra en marcha”. Arce hizo la declaración pública después de reunirse con sus aliados de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi y otros dirigentes denominados “arcistas” de organizaciones sociales cuestionadas por las bases. Con la determinación de abrogar ese decreto, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) determinó suspender la licitación por Bs 31,1 millones para la compra de dos servidores de alta gama que iban a permitir la ejecución de la reforma en Derechos Reales.

El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, demandó a los periodistas decir siempre la verdad, a pesar de los riesgos y peligros que eso conlleva, en una profesión noble y digna, que nació para servir a los demás. El exmandatario, a través de su cuenta X, felicitó a los periodistas que este 10 de mayo festejan un aniversario más y recordó a Ana María Romero de Campero que fue una destacada profesional, Defensora del Pueblo, presidenta del Senado Nacional, de la Asociación de Periodistas, directora del periódico Presencia y premio nacional de esa profesión. El mensaje de Morales dice: “El gobierno de Germán Busch instauró en 1938 el día del periodista boliviano, con la aprobación de una serie de medidas en beneficio del sector, sobre todo el derecho a un seguro de salud y de jubilación. A lo largo de estos años, muchos periodistas han honrado esta noble y linda profesión, arriesgando sus vidas, trabajando sin descanso y feriados y muchas veces con bajos salarios y muy poca comprensión. Quiero rendir mi homenaje a todos los periodistas que hoy recordarán su día en momentos políticos y económicos muy difíciles. Hago votos para que ellos siempre digan la verdad, a pesar de cualquier riesgo y peligro, como lo hizo en su momento, la recordada Ana María Romero, que defendió los derechos humanos, a los desposeídos, marginados y pobres, porque ella sabía que la verdad siempre nos hará libres. Abrazos hermanos periodistas”.

Bolivia cayó considerablemente en el ranking mundial de la libertad de prensa del puesto 117 2023 al 124 este año y que los ataques se han “intensificado”, de acuerdo con un informe difundido en este viernes por Reporteros Sin Fronteras. Los datos y evaluación de cada país fuero difundidos en ocasión a este 3 de mayo al recordar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. “En Bolivia, los ataques, las amenazas, la censura y el hostigamiento por parte del Estado y las fuerzas progubernamentales, atentan regularmente contra la libertad de prensa. Los ataques hacia los periodistas se han intensificado, especialmente los de la policía”, señala el informe. Recordó que desde 2020, los ataques físicos contra los periodistas se han “intensificado”, especialmente en las zonas rurales del país. Incluso, por ese hostigamiento, “muchas emisoras de radio y televisión se han visto obligadas a suspender su actividad y sus redacciones han sido saqueadas”. “Sigue impune el caso del secuestro y tortura por un grupo armado civil, en 2021, de siete periodistas de Santa Cruz de la Sierra que cubrían conflictos territoriales. Al menos 25 periodistas fueron agredidos por la policía mientras cubrían la masiva huelga de Santa Cruz, en noviembre de 2022”, añade. En el estudio de Reporteros Sin Fronteras se advierte además que el Estado boliviano “controla” numerosos diarios y ha aumentado la vigilancia sobre los medios críticos, especialmente en las redes sociales.

El expresidente del Estado Plurinacional y presidente del Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Evo Morales Ayma, rindió homenaje a las trabajadoras y trabajadores, en su día, y porque sin ellos, hubiera sido difícil nacionalizar las empresas estratégicas y lograr la estabilidad económica del país. A través de su cuenta X, el exmandatario dijo: “Sin la lucha, el sacrificio y la fuerza de las trabajadoras y de los trabajadores ningún país crecería. Fueron ellas y ellos, junto a las políticas económicas propuestas por el pueblo, quienes nos impulsaron a nacionalizar los hidrocarburos un Primero de Mayo de 2006”. Agregó: “Con esa determinación logramos estabilizar nuestra economía. En tiempos neoliberales, alrededor de 20 años, la renta petrolera era de 3.000 millones de dólares, nosotros en 13 años y medio logramos aumentar a 38.000 millones de dólares”. “Nuestro homenaje a las trabajadoras y los trabajadores que nos ayudaron a que nuestra querida Bolivia creciera durante el Proceso de Cambio, con estabilidad, dignidad, justicia, igualdad y democracia”, afirma.

La Defensoría del Pueblo estableció en un informe que, durante los primeros meses de 2024, se registraron 103 conflictos de los cuales la mayoría se registraron en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, respectivamente. Dice que en la sede de gobierno se presentaron 18 conflictos, entre tanto, en la capital oriental 17 hechos de conflictividad, fundamentalmente por una serie de demandas económicas y de cumplimiento de acuerdos. Después de estos departamentos se ubican Potosí y Beni, con 16 cada uno, y Cochabamba con 15. El informe fue emitido por el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana, dependiente de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo al informe, del total de los conflictos registrados en el país, la mayoría tienen que ver, en una cantidad de 75, con los conflictos sociales, mientras que el resto de 27 fueron alertas tempranas. También sostiene que las movilizaciones se registraron por temas relacionados con los problemas laborales, en muchos casos falta de pagos devengados, suspensión y extinción de fuentes laborales. Asimismo, la Defensoría dice que los conflictos mayores tienen que ver con las elecciones judiciales y prórroga de autoridades judiciales, desabastecimiento de combustible, modificación a Ley de Pensiones, censo y límites municipales y departamentales, “elecciones primarias a través de las verificaciones in situ”, seguimiento y acciones para restablecer los derechos humanos.