Sociedad

La Paz, 11 de diciembre (El Nuevo Cambio).- La Federación Interamericana de Abogados advirtió que la justicia boliviana está sometida a los intereses políticos y atraviesa una crisis estructural“ preocupante. En un ´pronunciamiento sostiene que las elecciones judiciales que se realizarán en domingo en todo el país no resolverán la crisis y lamentó que se haya decidido por autoridades cuestionadas que sean parciales. La federación manifiesta que los ciudadanos bolivianos solo tienen dos opciones ante las elecciones judiciales parciales de este 15 de diciembre el no asistir a la votación, lo que les generara problemas en sus trámites o votar nulo. Dicen que el sistema judicial, en la práctica, esta en un “secuestro Político”, por un grupo de abogados que acordaron auto prorrogarse en los cargos desde enero de este año, sin una base legal que sustente esa determinación. La Federación sostiene también que la crisis estructural de la justicia en Bolivia se acentuó en los últimos 18 años, ya que está “secuestrada” por el poder político y el poder económico. Esto se debería al sistema de elección por voto popular de los magistrados de los altos tribunales de justicia y los consejeros del Consejo de la Magistratura en las elecciones judiciales.

La Paz, 10 de diciembre (El Nuevo Cambio).- La justicia en Bolivia es la institución que menos credibilidad tiene en el país, no solo porque está inmersa en procesos de corrupción, sino de violación a los derechos humanos y un total sometimiento a los intereses políticos del gobierno, según se establece de informes de organismos independientes, tanto a nivel nacional como internacional. Las conclusiones son respaldadas también por un informe de la Defensoría del Pueblo que emitió un informe en el se afirma que la justicia, junto al Ministerio Público, la Policía y la Dirección General de Régimen Penitenciario son las que más denuncias tienen por violaciones a los derechos y leyes. La Defensoría señala que hasta el 5 de diciembre atendió 24.375 casos, de los cuales 1.753 son denuncias en contra del Ministerio Público, el Órgano Judicial 1.744, seguido por las direcciones de Educación con 1.257, la Policía con 1.098 y Régimen Penitenciario con 610. El informe dice que la mayor cantidad de denuncias tiene relación con la vulneración de los derechos humanos, las garantías del debido proceso y el acceso a la justicia, además al derecho de vivir sin violencia. Los casos donde existen más denuncias se registran en La Paz con 4.167 casos, seguido de El Alto con 4.033, luego Cochabamba con 2.429 y finalmente Santa cruz con 2.405. Los demás departamentos tienen menores porcentajes.

Lauka Eñe, 8 de diciembre (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, planteó hoy la necesidad de aplicar en el país, una política de austeridad, ante la grave crisis económica que afecta al país en la actualidad y que el gobierno, en su presupuesto, intenta que retornen los gastos reservados. El planteamiento lo hizo durante el programa “Evo es pueblo-líder de los más humildes”, que se difunde en la Radio kausachun Coca, los domingos desde las 7.00 de la mañana, desde Lauka Eñe, en el trópico de Cochabamba. Morales dijo que él tiene moral para hacer ese planteamiento “porque yo hice eso en mi gestión”. “Cuando era diputado ganaba 25 mil bolivianos, de presidente ganaba 40 mil, más gastos reservados, era como unos 60 mil, pero yo dispuse una reducción hasta los 15 mil bolivianos y anule los gastos reservados”, añadió. Dijo que en la actualidad los precios de los productos no sólo alimentos, sino otros se elevaron a extremos inalcanzables para el pueblo boliviano, sobre todo para las familias que viven al día, los más humildes y pobres.

El Alto, 4 de diciembre (El Nuevo Cambio).– Los transportistas de la ciudad de El Alto se sumaron a las protestas contra el gobierno y autoridades municipales, en rechazo al incremento del costo de la canasta familiar, los repuestos, entre otros, y el congelamiento de las tarifas del transporte. Los dirigentes de este sector reclamaron también a las organizaciones sociales que no digan nada frente al incremento de productos de la canasta familiar y no permitan una nivelación de pasajes, como si los choferes no sufrirían también la elevación del costo de vida. Los choferes de los distritos 7 y 14 en El Alto ya asumieron una medida de presión, replegaron sus unidades, y la gente debe caminar largas cuadras hasta intentar encontrar otros vehículos de transporte en otras zonas. El dirigente Eufren Paty reiteró que realizarán una marcha de protesta como primera medida de presión, para que sus demandas de incremento en los pasajes, sean escuchadas y aceptadas por el municipio. Entre tanto, en Santa Cruz, se mantiene un paro indefinido de los micreros que demandan el aumento de los pasajes de 2 a 2.5 bolivianos, inicialmente para posibilitar las negociaciones con las autoridades locales. En Cochabamba también el transporte urbano advirtió con asumir medidas de presión, sin descartar un paro indefinido de actividades, desde enero próximo, si no se acepta el aumento del precio de los pasajes.

Villa Tunari, 4 de diciembre ( El Nuevo Cambio).- El gobierno debía asumir de inmediato una política de austeridad, en vez de aumentar los gastos no sólo en el uso del avión presidencial, sino en el aumento de salarios a algunos ministerios, mientras recorta la Renta Dignidad a los jubilados. La observación fue expresada por el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, en su cuenta X que dice: “Es importante, así como a inicios de nuestro gobierno, plantear una política inmediata de austeridad. En nuestra gestión iniciamos con la reducción de salarios a autoridades electas y eliminación de gastos reservados. Hoy es inadmisible que se recorte la Renta Dignidad mientras aumentan los gastos presidenciales. En tiempos de crisis económica, es importante acompañar en todos los sentidos los problemas de las familias bolivianas”. En el gobierno del exmandatario Morales al margen de la reducción de salarios y anulación de los gastos reservados, entre otros, también se nacionalizó los hidrocarburos lo que posibilitó un mayor ingreso económico al país, con lo que se pudo crear bonos para los de la tercera edad, las madres y los niños. También se logró una estabilidad económica en los casi 14 años de gestión, el dólar se mantuvo en 6.96 bolivianos y se pusieron en vigencia programas que posibilitaron la ejecución de proyectos, entre ellos, Mi Agua y MI Riego, Evo cumple, con los que se ejecutaron miles de obras.

Santa Cruz, 3 de diciembre (El Nuevo Cambio).- La ciudad de Santa Cruz sufre por el paro indefinido de micreros en demanda del incremento de los pasajes y el transporte en Cochabamba amenazó con la misma medida de presión desde el próximo mes de enero. En la capital cruceña, el primer día de paro, generó serias dificultades a los ciudadanos que no sólo tuvieron problemas con llegar a sus fuentes de trabajo, sino que las lluvias ocasionaron algunas inundaciones. Los micreros demandan del municipio la aprobación del incremento de pasajes, al menos de manera transitoria, mientras se realizan las negociaciones, a 2,50 bolivianos para los adultos, como condición de levantar la medida de presión. Entre tanto, el transporte en la ciudad de Cochabamba advirtió que podrían también ingresar en un paro indefinido desde el próximo mes de enero, si el municipio no aprueba un incremento de los pasajes. El transporte cochabambino se queja que desde hace más de 8 años los pasajes no se incrementaron, a pesar de que, en la actualidad, por la grave crisis económica, todo ha subido, no sólo la canasta familiar, sino los repuestos y el mantenimiento de vehículos.

La Paz, 3 de diciembre (El Nuevo Cambio).- El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, de 94 años, fue sentenciado a seis años y tres meses de cárcel en el caso denominado “Petrocontratos”, en un juicio de responsabilidades que tramitó hace años, el Tribunal Supremo de Justicia. Junto a Sánchez de Lozada también fueron sentenciados tres de sus ministros. Se trata del exministro de Hidrocarburos, Jorge Joaquín Beridoague; Carlos Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López que fueron también acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Los tres excolaboradores del expresidente recibieron una condena de cinco años de cárcel. Según la lectura de la sentencia, Gonzalo Sánchez de Lozada y el resto de los sentenciados deberán cumplir condena en la cárcel de San Pedro de La Paz. Sánchez de Lozada radica en los Estados Unidos, desde el 17 de octubre de 2003, cuando prácticamente fue expulsado por el pueblo boliviano que se levantó contra el exmandatario por los asesinatos de campesinos y su intención de vender gas a Chile. En esa época murieron 60 personas. La acusación principal tiene que ver con que ninguno de los 106 contratos petroleros suscritos durante las presidencias de Hugo Banzer Suárez, Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Quiroga Ramírez, tuvo una autorización o aprobación congresal.

La Paz, 29 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El Grupo Iberoamericano de Magistrados (Grupo IBA),  observó la auto prórroga de los magistrados en Bolivia y expresó su “profunda preocupación” por las violaciones a la justicia y derechos ciudadanos. En un comunicado dice que la prórroga de mandato por tiempo indefinido derivaría en violaciones a las responsabilidades del juez natural, generando principalmente incertidumbre y poniendo en riesgo la legitimidad de los más altos tribunales de justicia en Bolivia. Afirma que el mandato constitucional de 6 años de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia, “expiró el 31 de diciembre de 2023, sin que haya tenido lugar hasta el presente la celebración de las elecciones judiciales para la conformación de nuevas autoridades”. El Grupo IBA, reúne a jueces de 92 países del mundo y tiene como principal objetivo salvaguardar la independencia de las autoridades judiciales, es una de las organizaciones más importantes en el campo de la justicia en el mundo. Este grupo recordó que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su artículo 8.1 sobre “Garantías Judiciales”, establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías, y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Afirma que la prórroga de mandato por tiempo indefinido, dispuesta por el TCP, a través de la Declaración Constitucional 049/2023 del 11 de diciembre, “da lugar a la violación del juez natural y genera incertidumbre, poniendo en riesgo la legitimidad de los más altos tribunales de justicia”. Las reiteradas acciones de amparo, con la finalidad de suspender el proceso de preselección de candidatos, puede considerarse como un posible intento de instrumentalizar esta acción de defensa y representan una grave amenaza a las elecciones judiciales de diciembre de 2024, sostiene. El Grupo Iberoamericano hizo un llamado a las autoridades judiciales de Bolivia para que “no permitan la utilización de los recursos legales, como los amparos constitucionales, en finalidades aparentemente políticas”. El comunicado fue firmado por el presidente y el vicepresidente del Grupo IBA-UIM, magistrados Walter Barone y Francisco Silla, respectivamente, en Sao Paulo (Brasil), el 26 de noviembre de este año.

La Paz, 28 de noviembre (El Nuevo Cambio).- Los jubilados rechazaron los intentos gubernamentales de eliminar la renta dignidad, un sector vulnerable, y plantearon reducir salarios los senadores, diputados, ministros, directores y más de 600 mil  funcionarios públicos. La declaración la hizo el presidente de la Asociación Vanguardia de Jubilados Pensionados de La Paz, Mario Delgado, y que fue reproducida en una entrevista en sus noticieros por Abya Yala televisión. Delgado dijo que otros recursos en el que se puede afectar y que le puede generar un ahorro al Estado boliviano, es el presupuesto que se destina para pagar el sueldo de los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ministros, directores y otros cargos jerárquicos. El presidente de los Jubilados Pensionados afirmó que, en vez de afectarse a un sector vulnerable, como son los adultos que tienen más de 60 años y que en algunos casos se quiere quitar la Renta Dignidad, se debería rebajar los sueldos a los 600 mil funcionarios que trabajan en la administración pública del país, si se quiere generar un ahorro para el Estado. “Estamos en contra, porque somos los directos afectados, hace semanas atrás dijeron que iban a subir los límites solidarios de 640 a 720 bolivianos, que son 80 bolivianos, pero por el otro lado, (ahora dicen que) les van a quitar sus 300 bolivianos, algo que va en contra de un sector vulnerable”, señaló. Sostuvo que si se quiere disminuir sus egresos, ¿por qué no rebajan los salarios de los cargos burocráticos? que suman las 600 mil personas que hay en la administración pública del país”. #AbyaYalaTv

Santa Cruz, 21 de noviembre (El Nuevo Cambio).- La ciudad de Santa Cruz vive hoy una situación crítica, con un paro del transporte urbano, sin la venta de carne en los mercados, con una huelga de los trabajadores en salud y con una canasta familiar elevada que sube más, a medida que pasan los días. La urbe cruceña amaneció este jueves con el paro del transporte urbano que exige a las autoridades autorizar la elevación de los pasajes de 2 a 3 bolivianos, tomando en cuenta que toda ha subido en el país y que los repuestos se han encarecido al menos hasta un 50 por ciento. Los padres de familia y los estudiantes se tuvieron que movilizar en lo que podían, no solo a pie, sino también en motos, algunos taxis y trufis del transporte libre, pero con dificultades, porque los transportistas también bloquearon algunas vías. Los dirigentes del transporte justificaron su medida de presión explicando que hace 11 años que no se revisa el precio del pasaje y que la falta de diésel y de gasolina, además del aumento del costo de vida, generan que la situación sea insostenible. Al margen de esta medida de presión y las interminables filas en los surtidores para cargar gasolina o diésel, los trabajadores de la carne cumplen también un paro indefinido y en los mercados de la ciudad no se está vendiendo ese producto. Los trabajadores en salud también determinaron suspender la atención a los pacientes, porque el gobierno y las autoridades no atienden sus demandas planteadas hace meses y los hospitales se encuentran con sus puertas cerradas.