Sociedad

La Paz, 17 de junio (El Nuevo Cambio).- Solo después de que se revelara el audio que confirma el control y manejo del gobierno de la justicia en Bolivia, se procedió a la aprehensión de la vocal Claudia Castro Dorado y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia salió a decir que era un golpe. Antes del audio, a pesar de tener conocimiento de ese extremo, las autoridades judiciales se mantuvieron calladas, sometidas y dejaron que la independencia de la justicia sea sólo un mero discurso y no un derecho constitucional. Este lunes, se procedió a la detención de la vocal Claudia Castro en oficinas del Tribunal Departamental de Justicia, según dijeron para investigar la constitución del consorcio que operaba judicialmente en varios casos, uno de ellos, la destitución de una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Castro está involucrada con el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza y de La Paz Iván Córdova, además del exministro Cesar Siles en varios casos y con el intento de destitución de la magistrada del TSJ, Fanny Coaquira. El abogado Eduardo León declaró a la prensa que Castro Dorado es la cabecilla del consorcio conformado en el Tribunal Departamental de La Paz, donde también está involucrado el ahora exministro Siles. Sobre este mismo caso, el presidente del TSJ, Roger Saucedo, dijo que el exministro Siles no renunció, sino fue destituido por sus vínculos con el consorcio que tenía el objetivo de ejecutar un golpe al órgano judicial. Sobre el tema, también se pronunciaron la esposa y la hija del juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, actualmente detenido por haber anulado la credencial de la magistrada del TSJ, Fanny Coaquira. Ambas dijeron que el juez Lea Plaza fue presionado por el exministro Siles y ahora está detenido y amenazado. Denunció que su familia también sufre una serie de amenazas, para que no digan nada.

La Paz, 17 de junio (El Nuevo Cambio).- La difusión del audio que revela como el exministro de Justicia, Cesar Siles, controlaba y manejaba la justicia a favor del gobierno y de Luis Arce Catacora, destapó una serie de pruebas del lawfare contra el expresidente Evo Morales y la democracia en el país. El audio constituye una prueba irrefutable de la intervención directa del presidente Luis Arce y del ministro de Justicia, César Siles, en el manejo del sistema judicial boliviano y pone en evidencia que el Gobierno controla el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y la Fiscalía General del Estado, instituciones que deberían ser independientes y garantes de la democracia, según un pronunciamiento. Según el análisis, la revelación confirma un grave atentado contra la democracia y la separación de poderes en Bolivia. El control y la manipulación de estas instituciones no solo vulneran la Constitución, sino que también determinan la nulidad de todos los actuados y decisiones que se han venido tomando en contra de los intereses democráticos del país. Este manejo arbitrario y político de la justicia ha sido utilizado para perseguir y obstaculizar a líderes de la oposición, en particular a Evo Morales, evidenciando una clara instrumentalización de la justicia con fines de persecución política y de control electoral. Los delitos que se habrían cometido por parte del gobierno tienen que ver con prevaricato y el uso indebido de la función pública para influir en decisiones judiciales, la usurpación de funciones con la intervención directa en competencias exclusivas del Poder Judicial. Ademas, el abuso de autoridad, como ejercicio arbitrario del poder para fines políticos, las amenazas y la presión sobre jueces, magistrados y fiscales para direccionar fallos y el atentado contra la independencia judicial y la subordinación de los órganos de justicia al Poder Ejecutivo. Las organizaciones sociales y profesionales, ante esta realidad, exigieron a la Asamblea Legislativa Plurinacional la apertura inmediata de una investigación exhaustiva sobre las acciones del presidente Luis Arce y el ministro César Siles. Dicen que es urgente restaurar la independencia de los órganos judiciales, anular los actuados viciados de nulidad y garantizar que nunca más se utilicen las instituciones del Estado para la persecución política. “La democracia boliviana está en riesgo. No podemos permitir que el poder se concentre en manos de unos pocos a costa de la justicia y la voluntad popular. Es momento de defender el Estado de Derecho”, dicen.

La Paz, 15 de junio (El Nuevo Cambio).- El ministro de Justicia, César Siles, presentó renuncia a su cargo, por discrepancias políticas presentadas al interior del gabinete ministerial y el gobierno. “Por mi buen nombre, mi apellido y mi familia y las personas que saben cuánto cuesta empezar de abajo y mantener una impecable trayectoria (…) y a fin de evitar cualquier nuevo pretexto de quienes insisten perpetrarse en el poder (…) presento a usted como máxima autoridad del país mi renuncia”, señala la nota entregada al mandatario.   Según afirma en su carta el ahora exministro, “en los últimos días, he sabido de rumores y acusaciones en mi contra, sin fundamento o prueba alguna, que merecen aclaración”, y sirvan de pretextos para afectar mi imagen. La renuncia fue aceptada por el presidente Arce Catacora, según confirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcon, que dijo que el mandatario conversó con Siles y luego aceptó su alejamiento del gobierno.

La Paz, 11 de junio (El Nuevo Cambio).- Los ex ministros del gobierno de Evo Morales Ayma criticaron un pronunciamiento del ALBA-TCP y les recordaron a los países miembros de ese organismo, que en ninguna parte del mundo hay democracia, sin la participación del pueblo. Los miembros de ese organismo hicieron público un documento sobre la grave situación económica y política del país, afirmando que respetan la soberanía de todos sus miembros, en procesos democráticos y eleccionarios. Según los ex ministros, “Ningún líder ni gobierno que se llama progresista debería defender a un gobierno que persigue a los dirigentes sindicales y sociales violando todos sus derechos, que ordena a las Fuerzas Armadas a agredir al pueblo en las carreteras y que ejerce LAWFARE, contra el más importante líder indígena de la región y del mundo”. El documento dice: “Los actuales miembros del ALBA – TCP parecen no comprender que no hay democracia si el pueblo no participa en ella. Deberían saber que la violencia viene del terrorismo de Estado que busca proscribir a la mayoría de los votantes, porque quieren votar por Evo Morales. El pueblo boliviano está en situación de desesperación y angustia y hoy exige soluciones inmediatas a la carencia de alimentos, combustibles, medicamentos y otros; carencias generadas por las malas y dolosas decisiones de un gobierno penetrado por el narcotráfico y la más grande corrupción de los últimos tiempos. El pueblo boliviano quiere “decidir su futuro en paz y democracia”; en paz, sin el terrorismo de Estado que quiere acabar con toda protesta nacida del hambre y de las carencias sufridas hoy y, en democracia, porque todas y todos los bolivianos tienen que poder votar por el candidato de su preferencia.  No se puede vaciar el contenido de la palabra democracia a conveniencia de los poderosos y de la voracidad transnacional por los recursos naturales.  El terrorismo de Estado en Bolivia, ha llegado al punto de intentar un magnicidio en octubre del 2024 contra el ex presidente Evo Morales, y cometer el asesinato del joven dirigente campesino Johny Cruz en marzo de 2025, a esto hay que sumarle la detención del compañero Ponciano Santos, máximo dirigente de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia y del compañero Enrique Mamani, máximo dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades Interculturales de Bolivia, además de mandamientos de aprehensión contra decenas de dirigentes acusados por el delito de “terrorismo” y casi dos centenas de dirigentes campesinos encarcelados por falsas acusaciones de terrorismo, armadas por el gobierno de Luis Arce. No se puede desconocer que hoy el gobierno de Luis Arce ha generado una situación que apunta a volver atrás la historia hasta antes del año 1952, impidiendo que los indígenas puedan ejercer el voto y proscribiendo al candidato de al menos el 25% de votantes en Bolivia. Por esa vía, no solo se proscribe a un candidato, sino por lo menos a 2.5 millones de votantes. Recordamos que respetar el Estado Plurinacional, es respetar el Estado de Derecho y no ordenar, de manera inconstitucional, la más dura represión de las Fuerzas Armadas contra las organizaciones campesinas que demandan soluciones a la situación económica crítica. Respetar el Estado Plurinacional es respetar el Estado de Derecho, respetar el Estado Plurinacional es respetar la democracia sin proscripciones.  Respetar el Estado de Plurinacional, es mantener la plena vigencia del derecho a las manifestaciones del pueblo, sin criminalizar la protesta social pacífica y democrática. No se viola la Constitución al pedir la renuncia de un presidente, por el contrario, la propia Constitución prevé que eso suceda, y establece procedimientos para avanzar hacia un cambio de gobierno constitucional.  El grupo del ALBA – TCP no debiera ignorar la total derechización del gobierno actual y, tampoco de su condición claramente afín al imperio”. 

La Paz, 6 de junio (El Nuevo Cambio).- Las marchas y protestas de diferentes sectores sociales se mantienen en las principales ciudades del país, exigiendo la solución de la crisis económica y la renuncia del presidente Luis Arce Catacora. Las movilizaciones se realizan principalmente en las capitales de departamento, principalmente en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, durante las mañanas y con largos recorridos hasta el centro de las ciudades. El transporte urbano salió el miércoles en la sede de gobierno y en Cochabamba los transportistas de cooperativas acordaron bloquear algunas calles, en protesta por la falta de combustible, diésel y gasolina. Los gremiales también salieron a protestar, no sólo en La Paz, sino Cochabamba, Sucre y Santa Cruz y pidieron al gobierno solución a los problemas económicos y control en los precios de la canasta familiar que se elevaron en algunos casos hasta en más del 100 por ciento. Los dirigentes de estos sectores coincidieron en afirmar que el presidente Arce se comprometió a resolver los problemas económicos en 48 horas, sin embargo, pasaron 10 días y no hay nada “por eso debe dar un paso a un costado y renunciar”. “No solo se trata del problema económico, ya no alcanza el dinero para nada, sino de que no podemos trabajar por la falta de combustible, hacemos fila dos y tres días, trabajamos otros dos y otra vez la fila, esto es insoportable”, dijeron los transportistas. Por su parte, los gremiales señalaron que el país ha llegado a extremos no solo porque los precios de la canasta familiar treparon a las nubes, sino porque la población tampoco puede comprar nada y eso significan pérdidas económicas para los gremiales. Las juntas vecinales por su lado, coincidieron en señalar que los productos en los mercados se han incrementado entre el 70 al 100 por ciento, y que la carne, el pollo y otros, son inaccesibles para el pueblo. Las juntas vecinales y los gremiales anunciaron que las movilizaciones y marchas continuarán todos los días hasta que Arce Catacora renuncie, entre tanto, los transportistas anunciaron un ampliado para definir otras medidas de presión.

La Paz, 6 de junio (El Nuevo Cambio).- Más de 300 efectivos policiales desbloquearon desde las 3.00 de la madrugada la carretera que une los departamentos de Cochabamba a Oruro por el sector de Vinto y Sipe Sipe, sin embargo, la vía sigue interrumpida en otras regiones. Los campesinos abandonaron de forma pacífica los lugares donde se pusieron escombros, piedras, ramas y otros, ante un intenso frío en toda la región, empero después de las 7.00, en otras sectores de la misma carretera, nuevamente se instalaron los bloqueos. Los dirigentes campesinos en declaraciones a la televisión dijeron que la medida de presión se mantendrá, hasta que renuncie el presidente Luis Arce Catacora, aunque el gobierno, usando a la Policía, intente desbloquear. Entre tanto, en todo el país se mantienen alrededor de unos 35 puntos de bloqueo, cifra que coincide con los últimos informes proporcionados no solo por la prensa, sino la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Los bloqueos activos, se registran al menos en siete departamentos del país, todos con la misma consigna, exigiendo la solución a la crisis económica y la renuncia del presidente Luis Arce Catacora y del vicepresidente David Choquehuanca. Los bloqueos están no sólo en zonas urbanas, sino también rurales e interrumpen el paso de los vehículos de una región a otra, entre tanto, el parque automotor disminuyó sus servicios hasta en un 50 por ciento, por falta de diésel y gasolina y los transportistas cooperativizados bloquearon algunas calles en la ciudad de Cochabamba. La ABC dijo que los bloqueos están ubicados en las carreteras interprovinciales e interdepartamentales, 7 en el departamento de La Paz, 9 en Cochabamba, 11 en Santa Cruz y entre 6 a 7 en Oruro, Potosí, Sucre, Beni.

La Paz, 5 de junio (El Nuevo Cambio).- Los bloqueos en todo el territorio nacional crecieron en los dos últimos días, hasta llegar a unos 40 puntos, según datos proporcionados por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). El informe de la institución estatal encargada de las carreteras en todo el país señala que los bloqueos activos, algunos masivos, se registran al menos en siete departamentos del país, todos con la misma consigna, exigiendo la solución a la crisis económica y la renuncia del presidente Luis Arce Catacora. Los bloqueos se encuentran no sólo en zonas urbanas, sino también rurales e interrumpen el paso de los vehículos de una región a otra, entre tanto, el parque automotor disminuyó sus servicios hasta en un 50 por ciento, por falta de diésel y gasolina. Según la ABC, los bloqueos en las carreteras interprovinciales e interdepartamentales se registran 7 en el departamento de La Paz, 9 en Cochabamba, 11 en Santa Cruz y entre 3 a 4 en Oruro, Potosí, Sucre, Beni. Los más fuertes se registran en Parotani camino entre Cochabamba y Oruro; en La Paz, en la región de Laja y hacia el Desaguadero, en San Julián Santa Cruz y en Bulo Bulo camino nuevo hacia el oriente. De acuerdo a informes de la prensa, en el departamento de Oruro son 7 los puntos de bloqueo, en Potosí hay cortes de ruta en 10 puntos, en Chuquisaca se reportó 1 punto de bloqueo; en Tarija hay dos piquetes en las carreteras; en Pando hay 2 puntos de bloqueo; y en Beni son 4.

La Paz, 30 de mayo (El Nuevo Cambio).- El transporte libre y federado anunció el bloqueo de carreteras y un paro indefinido por el incumplimiento del Gobierno en resolver la distribución de diésel y gasolina en los surtidores de todo el país. Los dirigentes de este sector convocaron a un ampliado de emergencia, incluso al margen de sus organizaciones matrices, para definir la fecha de la medida de presión que podría comenzar el lunes y la organización del bloqueo, según dijeron, a nivel nacional. Los transportistas explicaron que el presidente Luis Arce Catacora se comprometió de manera pública a solucionar el problema en 48 horas, sin embargo, hasta la fecha continúan las enormes filas en todos los surtidores, ocasionando serios conflictos a los choferes que deben dormir noches enteras a la espera de que les puedan vender algo de combustible. Según los representantes de este sector, al menos el 50 por ciento del parque automotor del transporte público ha dejado de trabajar, por falta de combustible, lo que significa grandes pérdidas económicas para los transportistas. Mientras tanto, se mantienen en las ciudades de La Paz y Cochabamba las movilizaciones y manifestaciones de diversos sectores en protesta porque el gobierno no soluciona la crisis económica que afecta a la mayoría de la población. Estos sectores pasaron de su protesta por la grave crisis económica, a exigir no solo la renuncia del presidente Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca, sino también de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los magistrados auto prorrogados. La carretera hacia Sucre se mantiene bloqueada por los campesinos en la región de Mizque que exige la inscripción del expresidente Evo Morales Ayma como candidato a las elecciones de agosto próximo y la renuncia del presidente Luis Arce Catacora.

La Paz, 21 de mayo (El Nuevo Cambio).- Las filas en las estaciones de gasolina y diésel en el país, principalmente La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, son interminables, en medio de protestas contra el gobierno, mientras el transporte redujo sus viajes interdepartamentales y los propietarios de cisternas acordaron paralizar sus actividades. Entre tanto, el gobierno anunció que la distribución de ambos combustibles se normalizará hasta el fin de semana, sin embargo, nadie le cree y las exigencias y protestas contra el presidente Luis Arce Catacora crecen en todo el país. La mayor parte de los choferes de camiones, buses y vehículos pesados deben dormir como mínimo una noche haciendo fila en las estaciones de venta de combustibles y en muchos casos ni siquiera logran cargar diésel, porque éste se termina a las horas de su venta. Las empresas interdepartamentales que prestan servicios en el país  redujeron sus viajes porque no hay diésel, confirmaron en las tres principales capitales departamentales, las Terminales de Buses que dijeron que al menos el 50 por ciento de los buses dejó de prestar servicios. Por su parte, los propietarios de cisternas que transportan el combustible hasta Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a las estaciones de venta de combustible, acordaron suspender sus actividades, exigiendo un incremento en el precio del flete. El dirigente Maykol Montaño anunció que desde este miércoles no saldrá ni una cisterna a trabajar y trasladar el combustible, mientras el gobierno no atienda sus demandas, decisión que afectará mucho más la venta de combustibles en el país. Toda esta crítica situación, originó que la Federación de Choferes Asalariados de Transporte de Combustible de Bolivia declare estado de emergencia y anuncie nuevas medidas de presión si no se soluciona el grave problema. “Solo un 40 por ciento de nuestros afiliados está operando y el resto está durmiendo en los surtidores a la espera del combustible que ni siquiera es seguro que se pueda cargar porque el gobierno no garantiza su venta”, explicó el dirigente Lino Huanca en declaraciones a la televisión. En tanto, YPFB informó que cada día está despachando un volumen de 14 millones de litros de combustibles líquidos al mercado interno y que espera que mejore las condiciones meteorológicas en la terminal marítima de Sica Sica para descargar diésel y gasolina.