Sociedad

La Paz, 2 de octubre (El Nuevo Cambio).- El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) está implicado al menos en tres casos de corrupción, el más grave en la planta procesadora de papa en El Alto, seguido del cobro por “aportes” a 13 trabajadores y los contratos irregulares por la compra de harina. El Ministerio Público pidió al menos 3 meses de cárcel para la exautoridad, mientras se realizan las investigaciones y se pueda establecer responsabilidades en su contra y de los cómplices que lo ayudaron en esos actos de corrupción. De acuerdo a las últimas indagaciones, Flores recaudó en sus cuentas alrededor de 209 mil bolivianos, por “aportes” a 13 trabajadores, y se lo procesará también por enriquecimiento ilícito. La exautoridad fue detenida el pasado martes oculto en la casa de su cuñado y trasladado a las oficinas de la Fiscalía que también lo investiga por favorecer con contratos irregulares por la compra de harina al dirigente de los panificadores Rubén Ríos y por la compra de productos a uno de los hijos del presidente Luis Arce Catacora. La denuncia contra Flores tiene que ver por la serie de irregularidades detectadas en la licitación, adjudicación de contrato y funcionamiento de la “Planta Procesadora de Papa”, inaugurada por el presidente Arce en la ciudad de El Alto, el 6 de marzo de este año.  Estas irregularidades también involucran al responsable del proceso de contratación, Marvel Javier Vargas Ortiz y a la “fiscal de obras mayores” de Emapa, a cargo de la fiscalización de la Planta Procesadora de Papa, Daniela Arancibia Domínguez. Según la investigación Flores acumuló dinero durante su gestión como gerente de Emapa y se estima que con un salario de 14.255 Bs. tenía en el banco 929.635 Bs., cuando sin gastar en todos esos años solo hubiera tenido 687.730 Bs.

La Paz, 1 de octubre (El Nuevo Cambio).- En exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Franklin Flores, fue aprehendido este martes, por órdenes del Ministerio Público y acusado por supuestos actos de corrupción durante su gestión. La exautoridad está siendo investigada por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito, en base a lo establecido en el Código Penal boliviano y la Ley N.º 004 de lucha contra la corrupción. La detención fue ejecutada por el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (DELCC), en el proceso identificado con el CUD N.º 201102012504056, con la acusación de haber cometido irregularidades en la administración de recursos públicos, que habrían causado un daño económico al Estado. Flores prestó su declaración ante la Fiscalía entre la tarde y noche de ayer, en la ciudad de La Paz y durmió en las oficinas del Ministerio Público a la espera de sus medidas cautelares que podrían ser conocidas este miércoles, una vez sea sometido al juez que atenderá su causa. Flores fue acusado en reiteradas oportunidades por asambleístas del sector “evista” por haber cometido una serie de casos de corrupción, sin embargo, con el apoyo del oficialismo, no fue procesado hasta este martes.

Cochabamba, 1 de octubre (El Nuevo Cambio).- Las víctimas de violación del exsacerdote que abuso al menos de unos 30 niños en el municipio de Tapacari en el departamento de Cochabamba, aguardan su extradición desde Uruguay para que sea sometido a la justicia boliviana. Juan José Sant´Anna Trinidad fue aprehendido en Uruguay y las autoridades del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores realizan los trámites de extradición, a fin de que pueda ser procesado por sus delitos en Bolivia. La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) anunció que hará seguimiento del proceso y demandó que reciba la máxima sentencia de 30 años sin derecho a indulto y quienes lo ayudaron a escapar del país sean también enjuiciados por complicidad. “Exigimos la pena máxima para este depredador. También pedimos que se amplíe la investigación, porque no pudo huir solo; hubo personas, incluyendo sacerdotes que lo ayudaron a escapar y también son responsables de que viviera en la impunidad durante 17 años”, dijo Wilder Flores, presidente de la CBS. Sant’Anna está hace 17 años en la casa de sus padres en Salto, Uruguay, donde huyó luego de ser denunciado, el año 2007, por violación sexual al menos a 30 niños y adolescentes en un internado ubicado en la localidad de Tapacari, en la zona andina de Cochabamba. Fue párroco en esa localidad. En 2007, antes de que se ejecutara la orden de aprehensión en su contra, escapó del país, aparentemente con la ayuda de otros sacerdotes. Años después, admitió su culpabilidad ante medios de comunicación uruguayos. La jefa de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, María Luisa Herrera, informó que, gracias a la coordinación con Interpol y las autoridades uruguayas, se logró la aprehensión del exsacerdote, de 51 años, por el delito de abuso sexual con agravante. 

Santa Cruz, 26 de septiembre (El Nuevo Cambio).- El Ministerio Público con efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) allanaron tres oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Santa Cruz y decomisaron documentación relacionada con el caso Botrading. El encargado de realizar la acción fue el fiscal anticorrupción, Omar Yujra, en la investigación que se realiza para establecer responsabilidades de al menos 10 autoridades por la compra con sobreprecio de combustible y una pérdida para el estado de alrededor 355 millones de dólares. El fiscal luego de los allanamientos informó que la documentación será trasladada a la ciudad de La Paz para su revisión especializada, mientras tanto las oficinas fueron precintadas hasta que termine la investigación. Una de las oficinas intervenidas fue la de YPFB Refinación, la que otorgó como “préstamo” irregular más de 80 millones de dólares, como si se tratara de un banco, a la empresa Botrading para su creación. La empresa fue creada den Asunción, Paraguay según se estableció después de que una comisión especial conformada en la Cámara de Diputados investigará las irregularidades cometidas en la creación de esa empresa. Toda la documentación de la investigación fue enviada al presidente Luis Arce, al Ministerio Público y a la Contraloría del estado Plurinacional para su investigación y que se establezcan responsabilidades.

La Paz, 25 de septiembre (El Nuevo Cambio).- El Ministerio Público dispuso las alertas migratorias y el congelamiento de cuentas de  10 altos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), supuestamente involucrados en las irregularidades en el caso Botrading. La información fue proporcionada por el fiscal anticorrupción, Omar Yujra, quien explicó que la medida está destinada a que ninguno de los investigados intente salir del país, sin emitir su declaración y establecer sus responsabilidades. “Son 10 personas investigadas y evidentemente se han emitido las alertas migratorias, pero me voy a reservar este aspecto toda vez que estamos en un proceso de investigación. (…) Pero por cuestión de estrategia no le voy a señalar contra quiénes”, dijo a la prensa. La autoridad también señaló que se dispusieron anotaciones preventivas y el congelamiento de cuentas de los 10 funcionarios investigados, a fin de garantizar también que no tengan ninguna posibilidad de eludir responsabilidades con la justicia. Los 10 funcionarios, están supuestamente involucrados en el caso Botrading, una empresa intermediaria creada para la compra de combustible, con recursos de YPFB y que habría generado una pérdida para el estado boliviano de al menos 355 millones de dólares, por compras con sobreprecio. Hasta el momento prestaron su declaración, entre otros, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien prácticamente salió huyendo de la Fiscalia, para evitar que la prensa lo entrevisté. También declaró el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo. Una comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el caso estableció que la intermediación de Botrading en la compra de combustibles provocó un daño económico al Estado de al menos 355 millones de dólares.

La Paz, 14 de septiembre (El Nuevo Cambio).- Las víctimas de represión advirtieron con un juicio internacional a Bolivia, ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por la suspensión del proceso y la liberación de los responsables de las masacres de Senkata y Sacaba, en noviembre de 2019. El representante de las víctimas, David Inca, dijo que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene que emitir una resolución para reencaminar el proceso, en vez de aprobar disposiciones que benefician y protegen a los responsables de la muerte de más de 36 personas durante el golpe de estado de 2019. Explicó que nuevamente se favoreció la impunidad y la fe del estado se destruyó frente a organismos e instituciones internacionales que deben ser subsanadas si no por el actual gobierno, por el otro que ingrese en noviembre. “Hay este informe, existe, y si no lo cumplen, el próximo gobierno va a ser llevado ante la Comisión Interamericana, ante el Alto Comisionado como violadores de Derechos Humanos por las víctimas, entonces este informe sí o sí lo tienen que cumplir”, dijo Inca al afirmar que Bolivia debe cumplir los dos informes internacionales. El activista se refirió a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur (ONU Derechos Humanos) en los que se advierte sobre un retroceso en la justicia en Bolivia al dejar sin efecto los juicios por ambos casos. El pronunciamiento internacional tiene que ver con la decisión, el 25 de agosto de este año, del Tribunal de Sentencia Cuarto de la ciudad de El Alto y del Tribunal de Sentencia de Sacaba que juzgaban a la expresidenta Jeanine Añez y otros jefes militares por el caso Senkata y dispusieron su incompetencia para seguir con el juicio ordinario. “Vamos a pedir al señor Romer Saucedo y le estamos pidiendo ahorita en amparo del artículo 24 de la Constitución que de la misma manera proceda a que en 24 horas también él instruya justicia para las víctimas, porque si no lo hace significa que su circular es apócrifa”, afirmó.

La Paz, 13 de septiembre (El Nuevo Cambio).- La hija del expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, Evaliz Morales, obtuvo el título de «magister» en Derechos Humanos y Democratización, en Argentina. La información la proporcionó ella misma, a través de las redes sociales, después de haber recibido el diploma, en días pasados, en Buenos Aires, donde viajó para recibir el título. El mensaje dice: «En los años 2023 y 2024 tuve el privilegio de ser parte del Máster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe. Hoy me siento profundamente agradecida por haber alcanzado el título de Magíster, un logro posible gracias a la educación pública y gratuita de la Argentina, que abre caminos y transforma vidas. Gracias al CIEP por brindarme la oportunidad de ampliar mis conocimientos, pero sobre todo, por fortalecer mi compromiso con la defensa de los derechos humanos y la construcción de democracias más justas e inclusivas para nuestra región».