Sociedad

Santa Cruz, 23 de noviembre (El Nuevo Cambio).- La expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, rechazó en una declaración pública tener tierras en el oriente y exigió al gobierno, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), transparentar toda la información. «No tengo absolutamente nada que ocultar», afirmó al recordar que fue una de las primeras autoridades durante el gobierno de Evo Morales en transparentar sus cuentas bancarias, bienes materiales y todo lo que se quiera investigar. Algunas versiones que aparecieron en las redes sociales a las que calificó como malintencionadas e irresponsables señalaban que la ex senadora era propietaria de hectáreas de tierras fiscales en el departamento de Santa Cruz. Salvatierra exigió al Gobierno que instruya al INRA a verificar documentalmente si ella o su padre han accedido a “un solo centímetro de tierra o dotación fiscal otorgada por el Estado” y afirmó: “No tengo adjudicaciones, no tengo tierras fiscales y no tengo absolutamente nada que ocultar”. Además, lamentó que algunas personas vean la política “como una podredumbre” y advirtió que “la guerra sucia vive de rumores, pero la verdad vive de documentos”.

Agencias y Telesur El desborde de ríos y las intensas lluvias que cayeron en varios departamentos de Bolivia, durante el fin de semana, dejaron más de 4.500 familias damnificadas, y decenas de viviendas y sembradíos totalmente destruidos. Las intensas lluvias originaron una emergencia climática a nivel nacional, su impacto más severo y con el mayor número de damnificados fue en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Los municipios afectados demandaron cooperación al gobierno, municipios y gobernaciones ante los desastres que incluyen el colapso de viviendas, la destrucción de cultivos y la interrupción de vías de comunicación, lo que obstaculiza las tareas de socorro y la entrega de asistencia humanitaria. En el municipio de La Asunta, La Paz, más de 50 familias se encuentran damnificadas por la destrucción de caminos. “Estamos muy preocupados como Gobierno municipal. Nos encontramos con este desastre de las fuerzas de la naturaleza, hemos estado pasando momentos muy críticos”, dijo el alcalde Benjamín Chuquimia. Comunidades como Charobamba, también en el departamento de La Paz, sufrieron el colapso de su puente principal y varias viviendas y unidades educativas quedaron cubiertas de lodo, obligando a suspender las clases. En Santa Cruz el desborde del río Piraí ha causado la destrucción de viviendas en el municipio de Samaipata, dejando a 560 familias damnificadas y unas mil personas afectadas. La comunidad de Achiras, en los valles cruceños, es una de las más devastadas, con casas que quedaron bajo el lodo. El desastre también afectó 112 hectáreas de producción agrícola y 30 kilómetros de caminos. Ante esta catástrofe, el Gobierno activó mecanismos de ayuda, informando sobre un fondo inicial para enfrentar la emergencia, mientras se recomienda la aprobación de una declaratoria de desastre. Por su parte, la región del Trópico de Cochabamba enfrenta una situación crítica con aproximadamente 4.000 familias afectadas por desbordes, riadas e inundaciones, según informó el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación, Ramiro López. Esta unidad ha sido movilizada para evaluar los daños y coordinar la ayuda necesaria en las zonas afectadas. Ante la situación, donde la maquinaria es insuficiente y el riesgo persiste si continúan las lluvias, las autoridades municipales y departamentales de los tres departamentos insisten en la necesidad de recibir apoyo nacional para garantizar la seguridad de los miles de damnificados.

RT El exsacerdote uruguayo Juan José Sant’Anna, quien permaneció prófugo durante casi dos décadas a pesar de que su paradero era conocido, podría enfrentar una pena de 30 años si se comprueba que abusó sexualmente de por lo menos 30 niños que vivían en un internado en Bolivia. Así lo confirmó esta semana el diario El País (Uruguay) al revelar los pormenores de un caso judicial que ha provocado una conmoción en ambos países y que sigue en trámite, ya que Bolivia está a la espera de que Uruguay extradite al excura de 54 años que también es conocido como Juan José Santana Trinidad y que ha reconocido que sí cometió los delitos que se le imputan. La historia, que tuvo repercusión internacional, estalló en agosto pasado, cuando el mismo medio recordó que Sant’Anna vivía en la ciudad de Salto, ubicada a 500 kilómetros de Montevideo, y le fue a tocar la puerta para comprobar que se trataba del mismo sacerdote imputado de «abuso deshonesto agravado» en Bolivia. Varios medios bolivianos y uruguayos habían reportado que el exsacerdote se encontraba en Salto y que vivía con sus padres. Algunos incluso fueron a entrevistarlo, pero el procedimiento judicial recién avanzó en septiembre de este año, cuando la Interpol emitió una orden de captura internacional, lo que permitió que fuera detenido y que se iniciara un trámite de extradición en medio de las renovadas denuncias de las víctimas, que hoy son hombres adultos. Los motivos por los cuales Sant’Anna dejó de ser cura no son claros, ya que todavía no se ha confirmado si las autoridades eclesiásticas lo expulsaron debido a sus delitos o si renunció al sacerdocio, como él mismo aseguró en una entrevista. ¿Qué pasó? El imputado llegó a Bolivia en 2005, cuando tenía 34 años, y se ordenó como sacerdote ya que no tenía experiencia religiosa previa en Uruguay. Luego lo designaron al frente del internado Ángel Gelmi, ubicado en el poblado de Tapacarí, uno de los más pobres del país, y en el que vivían cientos de niños y niñas huérfanos o de familias vulnerables que preferían dejarlos ahí para que tuvieran educación y comida. Dos años después, una monja recopiló y envió a las autoridades los testimonios de internos de entre seis y 18 años que contaban las agresiones sexuales del cura, quien solía llevarlos a su habitación para abusar de ellos. A fines de noviembre de 2007, cuando se emitió la primera orden de aprehensión en su contra, huyó a Uruguay. En 2011 se ordenó una segunda orden de captura, aunque las autoridades bolivianas no presionaron para que se cumpliera y las uruguayas tampoco actuaron a pesar de que era público que el excura vivía en Salto.

La Paz, 19 noviembre (El Nuevo Cambio).- El exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, fue enviado a la cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz, acusado por delitos de uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito. La decisión del juez que atendió la causa establece que, ante el riesgo de fuga y obstrucción, se dispone la detención preventiva durante seis meses, mientras se realizan las investigaciones a cargo del Ministerio Público, por los delitos denunciados. El fiscal anticorrupción asignado al caso, Aldo Meza dijo que la imputación está debidamente fundamentada y respaldada y que existen indicios que vinculan al procesado por corrupción en coordinación con el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, quien presuntamente le entregó 40 mil bolivianos. Explicó que el caso contra el ex dirigente, comenzó el pasado 17 de octubre y que la decisión de emitir el mandamiento de detención se sustentó en la existencia de elementos de convicción, además de riesgos procesales. La información contra Huarachi proviene de una testigo convocada en un caso anterior, que también mencionó a otras autoridades, y ahora se indaga si estos presuntos pagos no solo provinieron de ese ministerio, sino también de otras instituciones públicas.

Lauca Eñe, 16 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, dijo que las determinaciones de la denominada “Cumbre Judicial” en Santa Cruz, buscan volver, como en el pasado, a cuotear la designación de los jueces en Bolivia y tener el control en todos los procesos judiciales. La afirmación la hizo durante el programa radial “Evo es pueblo, líder de los humildes, que se transmite todos los domingos, desde las 7.00 de la mañana, por Radio Kausachun Coca, desde la localidad de Lauca Eñe, en el municipio de Sinahota en el trópico de Cochabamba. El encuentro judicial realizada en la ciudad de Santa Cruz, entre otras determinaciones, propuso modificar el sistema de elección para que se realice en el Congreso, a partir de ternas de profesionales con perfiles técnicos, en lugar del voto popular directo. También se sugirió la cesación de los magistrados del TCP que continúan ejerciendo funciones por ampliación de mandato constitucional (autoprorrogados) y “el incremento a corto plazo del presupuesto de la justicia que alcance a un 5 por ciento del Tesoro General de la Nación (TGN) para consolidar la independencia y hacer que el Órgano Judicial se desligue del poder político”. El exmandatario afirmó que, en el pasado, toda la mega coalición se distribuía los cargos de los jueces y que la última palabra para la elección de las autoridades de la Corte Suprema, la tenían los jefes de los partidos. Dijo que, en el pasado, el MNR, ADN y el MIR tenían los nombres de quiénes serían las autoridades en la magistratura, se repartían los cargos, lo que significaba que ellos controlaban la justicia y tenían el poder de manejar todos los procesos a su antojo. Aclaró que cualquier modificación en ese sentido, en la Constitución Política del Estado, debe tener la aprobación de dos tercios del voto del pueblo, de lo contrario será una decisión ilegal, inconstitucional y a espaldas del pueblo boliviano.

La Paz, 15 de noviembre (El Nuevo Cambio).- La oposición política y organizaciones sociales rechazaron las designaciones de los senadores Branko Marinkovic y José Ormachea en las comisiones de Tierra y Territorio y de Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesino. En el primer caso, tanto el expresidente Evo Morales como el empresario y dirigente político Samuel Doria Medina coincidieron en señalar que designar a Marinkovic en esa función, es como dejar “al ratón que cuide el queso”. “La elección de un agroindustrial como presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado es un error de esta Cámara y en particular de la fuerza política que lo puso allí (…) es como “poner a un gato a cuidar la alacena”, dijo Doria Medina. Por su parte, Evo Morales afirmó: “¡No tienen vergüenza! El que fue ministro de Planificación del Desarrollo de la presidenta de facto Jeanine Añez y recibió -mientras ejercía ese cargo- más de 30.000 hectáreas de tierras fiscales, fue elegido en el Senado, presidente de la Comisión Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente. ¡El ratón cuidando el almacén de quesos! Otras organizaciones sociales y la oposición política también criticaron la elección de José Ormachea en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, “precisamente a quien siempre a demostrado acciones de discriminación, racismo y críticas a las organizaciones indígenas”.

Santa Cruz, 14 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El renombrado y querido en toda Bolivia, Xavier Azkargorta, falleció en la ciudad de Santa Cruz la madrugada de este viernes, luego de un tratamiento médico, por problemas cardiácos. Azkargorta, de nacionalidad española, fue el técnico que logró, en un proceso intenso y diferente en el fútbol boliviano, la clasificación de la selección boliviana, para jugar en el Campeonato Mundial de 1994. El técnico, conocido con aprecio como el “Bigotón” llegó a Bolivia en los años 90 y asumió la conducción de la selección boliviana de fútbol en 1993, primero en las eliminatorias y después clasificado, por primera vez en nuestra historia, a la Copa Mundial que se jugó en los Estados Unidos. Fue director técnico del Club Bolívar de La Paz, a quien lo condujo, también por primera vez en la historia del fútbol boliviano, a clasificar a las semifinales en la Copa Libertadores de América el año 2014. Fue técnico también de otros equipos de fútbol en la Liga profesional, entre ellos el desaparecido Sport Boys de Warnes de Santa Cruz y también del Club Palmaflor del departamento de Cochabamba el 2020. Azkargorta adolecía de problemas del corazón y contaba con atención médica especializada en la ciudad de Santa Cruz donde residía desde hace muchos años. Su fallecimiento se produjo a la edad de los 72 años.

La Paz 12 de noviembre (El Nuevo Cambio).- La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en estado de emergencia y exigió al gobierno de Paz Pereira, escuchar al pueblo y no asumir medidas económicas que afecten aún más la crisis de las familias más humildes y pobres del país. El ejecutivo de esta organización, Mario Argollo, aclaró que, ante las declaraciones de las nuevas autoridades de gobierno sobre la situación económica y la subvención de los carburantes, alejadas de las demandas sociales, la COB se declara en emergencia. Dijo que, si el gobierno quiere evitar conflictos sociales en el futuro, debe gobernar junto al pueblo, escuchando a las organizaciones y evitando asumir medidas que ocasionen una mayor pobreza en el país. “El gobierno central, si no va a trabajar escuchando al pueblo, las necesidades del pueblo boliviano, lastimosamente creo que se va a equivocar”, dijo el dirigente y aclaró que, si bien la COB mantiene su vocación al diálogo, también estará vigilante a las decisiones económicas que asuma el régimen. Argollo recordó a las nuevas autoridades que deben cumplir sus promesas electorales realizadas durante la campaña electoral y advirtió que cualquier decisión que asuma sobre la subvención a los combustibles debe ser consensuada con la población, para no afectar aún más la situación económica de las familias bolivianas. “Vamos a escuchar las propuestas del gobierno, pero también vamos a proponer medidas y planes técnicos concretos”, dijo al señalar que el nuevo gobierno debe principalmente escuchar a las organizaciones sociales en representación del pueblo boliviano.

La Paz, 10 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El nuevo ministro de Justicia, Freddy Vidovic, posesionado este domingo por el presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira, fue sentenciado por evasión y cohecho y se sometió a un proceso abreviado, el año 2015, acusado por sobornos en el caso “Belaunde”. La información publicada por Abya Yala televisión dice que en mayo del 2015 cuando estalla el escándalo por el caso sobornos a jueces, fiscales, policías y miembros del CONARE por $us. 1.000.000 tras la fuga del empresario peruano, Martin Belaunde Lossio, “Freddy Vidovic se sometió a un procedimiento abreviado y fue sentenciado a 3 años de cárcel por el delito de favorecimiento a la evasión y cohecho en grado de complicidad”. Agrega que de acuerdo a los antecedentes parte del millón de dólares que presuntamente utilizó Martín Belaunde para sobornar a policías, jueces y otras autoridades bolivianas para que lo favorezcan, se transfirió desde Estados Unidos y Colombia hasta Perú, a la cuenta de una periodista del país vecino. De ahí siguió otros conductos para llegar a Bolivia y convertirse en coimas, informó la Fiscalía. Fue a partir de la declaración de uno de estos aprehendidos, Yuliano Arista, conocido como el Curaca Blanco, que se supo que desde Perú se recogían fuertes sumas de dinero (desde 20.000 hasta 80.000 dólares) para distribuirlos entre jueces, policías, funcionarios de la Dirección de Migración y de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare). Freddy Vidovic, actual ministro de Justicia, en 2015, había reconocido su participación en los hechos y delitos y se conoció que, después de ser sentenciado, inició los trámites para la suspensión condicional de su pena. La nota periodística dice que Martín Belaunde durante su declaración ante la comisión de fiscales en septiembre del 2015, reveló que un efectivo policial que era parte del Servicio de Inteligencia le ayudó a fugarse del lugar donde se encontraba. El efectivo llamado Rodrigo Quispe y el abogado Freddy Vidovic fueron parte de un plan que fue frustrado tras una ola de destituciones y renuncias de autoridades de la Policía Boliviana y del Ministerio de Gobierno. Estos datos y otras declaraciones conseguidas por la fiscalía apuntan a concluir que los abogados Valda y Vidovik, Yuliano Arista, más conocido como el Curaca Blanco, y el mismo peruano, fueron parte de la evasión de este último.