Sociedad

Telesur El Gobierno de Bolivia y el Estado de Israel anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, tras años de ruptura marcada por tensiones políticas y conflictos regionales. El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, expresó durante la ceremonia: “Hoy ponemos fin a un capítulo largo e innecesario de separación entre nuestras dos naciones hermanas”, recordando que desde 2009, salvo un breve periodo entre 2019 y 2023, ambos países no mantuvieron vínculos oficiales. La oficialización del acuerdo se realizó en la residencia del canciller israelí en Washington, con la participación del ministro boliviano de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo Carrasco, y del titular de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza. El presidente boliviano Rodrigo Paz, recientemente electo, impulsó esta decisión como parte de su política exterior, que plantea la necesidad de contar con aliados estratégicos para enfrentar los desafíos globales. Desde el inicio de su mandato, Paz manifestó su intención de reabrir canales de cooperación con Israel. En ese contexto, a comienzos de diciembre se eliminó el requisito de visa para ciudadanos israelíes, medida que había sido impuesta en 2014 durante el gobierno de Evo Morales, cuando Israel fue catalogado como un país promotor del terrorismo. El restablecimiento de los lazos diplomáticos se interpreta como un paso hacia la normalización de relaciones bilaterales, con miras a fortalecer la cooperación en áreas de interés común.

La Paz, 6 de diciembre (El Nuevo Cambio).- La ex diputada y ex cónsul Lidia Patty fue arrastrada y aprehendida por efectivos de la Policía y el Ministerio Público en revanchismo por sus denuncias y acusaciones en contra de Jeanine Añez por el golpe de estado del noviembre de 2019. Dirigentes de los movimientos sociales denunciaron que la ex parlamentaria fue maltratada y violaron sus derechos humanos cuando se disponía a declarar en la Fiscalía acusada de un supuesto desfalco de recursos del Fondo Indígena. La también ex diputada María Alanoca dijo que Patty está siendo perseguida políticamente por ser una mujer indígena y porque, a pesar de declararse inocente, se la implica en irregularidades del Fondo Indígena. Tanto Alanoca como otros dirigentes coincidieron en señalar que el gobierno asume represalias contra las mujeres y personas que denunciaron a los responsables del golpe de noviembre de 2019 y las masacres de Senkata y Huayllani. “Porqué el Ministerio Publico no asume acciones contra los verdaderos responsables no sólo del golpe, sino la actual crisis económica y aprehende a Luis Arce Catacora y sus ministros implicados en corrupción”, dijeron. Después de su declaración, Patty fue trasladada a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) a la espera de su imputación formal y espera de audiencia del juez para sus probables medidas cautelares.

Telesur El ascenso de la derecha en el Poder Judicial y el Gobierno boliviano ha resultado en la anulación de nueve procesos contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez, con el argumento de que le corresponde un juicio de responsabilidades. Ante esta situación, víctimas de las masacres ocurridas durante su gestión afirmaron que promoverán dicho juicio, a pesar de que el Legislativo está controlado en un 93 por ciento por la derecha que participó en el golpe de Estado de 2019, el cual llevó a Áñez al Gobierno. En declaraciones para la multiplataforma informativa teleSUR, el abogado de víctimas de violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.), Aldo Michel, señaló que enervar un juicio de responsabilidades y agotar todas las instancias en estos procesos sienta las bases para llevar el tema de impunidad a tribunales internacionales en busca de justicia, aún previendo un posible resultado negativo en el ámbito nacional. Por su parte, David Inca, representante de las víctimas de Senkata en El Alto, ciudad ubicada en la provincia de Murillo del departamento de La Paz, sostuvo que la ideología de derecha del Gobierno de la señora Áñez promovió ejecuciones sumarias, masacres y torturas durante su período de facto. Los partidos que controlan el Legislativo han manifestado su rechazo a un juicio contra Áñez, argumentando que lo contrario implicaría admitir la ejecución de un golpe de Estado en 2019. Sin embargo, los familiares de las víctimas precisan contar con este rechazo oficial para poder acudir a tribunales internacionales de justicia, buscando una resolución más allá de las fronteras nacionales. Un escollo adicional radica en la norma legislativa que ordena resolver las demandas de juicio de responsabilidad según su orden de llegada, existiendo más de 20 demandas pendientes de resolución desde hace más de 25 años. A este respecto, Inca puntualizó que el derecho humano, en este caso, «tendría que estar por encima de los juicios de responsabilidades ordinarios que tiene que ver la asamblea legislativa. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló el 5 de noviembre la sentencia de diez años de prisión contra Áñez en el caso Golpe II y ordenó su liberación inmediata. Esta decisión fue adoptada tras el triunfo electoral de la derecha, y deja sin efecto la única condena pendiente contra Áñez. La expresidenta interina y golpista Jeanine Áñez salió el 6 de noviembre del penal de Miraflores, en La Paz. La decisión judicial, aprobada por mayoría, concluyó que el proceso vulneró garantías constitucionales y el debido proceso, ordenando su liberación inmediata. Su gestión, quedó marcada por el decreto supremo 4.078, que eximió de responsabilidades a militares y policías que perpetraron las masacres de Senkata y Sacaba, en las que fueron asesinadas 36 personas. La liberación de Áñez reabrió el debate político en Bolivia sobre el Golpe de Estado de 2019 y sus consecuencias. Organizaciones de derechos humanos y sectores afines al MAS advierten que las víctimas de las masacres aún esperan verdad y reparación, se espera que Áñez regrese a la escena política, participando en actos públicos.

Cochabamba, 2 de diciembre (El Nuevo Cambio).- La ex viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, fue denunciada por presuntas irregularidades que incluyen tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, según documentación a la que tuvo acceso Radio Kausachun Coca, del trópico de Cochabamba. La denuncia establece que Alcón utilizó la Fundación en Comunicación Libertad y Democracia (FCLD) para convertirse en propietaria de cuatro radios en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí bajo el nombre de Onda Colectiva, dice la nota periodística. Inicialmente constituida como fundación sin fines de lucro, Alcón habría gestionado irregularmente la modificación de su personalidad jurídica a fundación comercial, lo que permitió beneficiarse directamente de contratos publicitarios millonarios con empresas estatales como YPFB, sumando más de Bs. 650.000. Asimismo, la denuncia establece que Alcón, aprovechando su cargo de viceministra, logró obtener cuatro licencias de radio de manera irregular, pese a que la normativa de la ATT permite solo una licencia por año. Además, se coordinaba con familiares cercanos del presidente Luis Arce Catacora en la asignación de pautas publicitarias, generando un claro conflicto de intereses. La denuncia agrega, además, que estas acciones representan un uso indebido de funciones públicas para beneficio propio, manipulando normativas y favoreciéndose económicamente en el marco de su cargo.

Cochabamba, 2 de diciembre (El Nuevo Cambio).- Los vecinos de K’ara K’ara en la zona sur de la ciudad de Cochabamba advirtieron que no permitirán el ingreso de basura al botadero instalado en esa región, a pesar de una nueva resolución del Tribunal Agroambiental que amplió el plazo para que la Alcaldia del Cercado continúe con esa labor hasta el próximo 30 de abril del año en curso. La Alcaldia debía haber concluido con el cierre definitivo del botadero hasta este 7 de diciembre, sin embargo, no lo hizo y los vecinos anunciaron a Televisión Abya Yala que no cumplirán ninguna resolución irregular para que continúen contaminando con basura toda esa zona. Los dirigentes advirtieron que no permitirán el ingreso de camiones de basura después del 7 de diciembre y que la decisión del Tribunal Agroambiental no sólo es irregular, sino causa malestar e indignación entre los habitantes afectados por la contaminación y los problemas ambientales que, aseguran, se arrastran desde hace años. Según los vecinos “no aceptarán bajo ninguna circunstancia” la extensión del funcionamiento del botadero y advirtieron que se mantendrán en vigilia permanente para impedir el ingreso de residuos sólidos.

La Paz, 29 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El Ministerio Público imputó al hijo del expresidente Luis Arce Catacora, Rafael Arce Mosqueira, por enriquecimiento ilícito con afectación para el estado, en la compra de más de 2.800 hectáreas de tierra en el predio “Adán y Eva” en el departamento de Santa Cruz. La información la proporcionó el fiscal general Roger Mariaca que dijo que la imputación formal contra el hijo de Arce Catacora y otras personas se emitió en la Fiscalía Departamental de La Paz que atenderá ese caso. Explicó que la imputación formal fue presentada ante el órgano judicial que deberá atender la denuncia y fijar fecha para una audiencia de medidas cautelares, en la fecha que considere conveniente. Según el fiscal general, además del delito de enriquecimiento ilícito, la denuncia también incluye otros delitos de tipo penal. “Estamos solicitando la medida excepcional de detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro, en La Paz”, añadió. El proceso contra el hijo del expresidente comenzó el año 2024, pero fue archivado, sin embargo, se reactivó este año porque Rafael Arce con apenas 25 años, a un año y medio de dejar la función pública, compró la propiedad denominada “Adán y Eva” por un monto superior a los 3,3 millones de dólares.

La Paz, 27 de noviembre (El Nuevo Cambio).- La Central Obrera Boliviana (COB) advirtió con asumir medidas de presión en defensa de los intereses de las mayorías nacionales y denunció al gobierno de Rodrigo Paz Pereira por favorecer a los empresarios y millonarios del país. La determinación fue adoptada en un ampliado nacional, realizada en la sede de los trabajadores mineros, con la participación de todos los dirigentes de las organizaciones nacionales afiliadas a esa organización matriz. El ejecutivo de la COB, Mario Argollo criticó al final de los debates, la eliminación del impuesto a las grandes fortunas y afirmó que el gobierno de Rodrigo Paz “solo gobernará para la clase burgués”. Se refirió a la decisión del gobierno de eliminar los cuatro impuestos, todos en beneficio de los empresarios, “lo que demuestra una clara intención de favorecer a los que más tienen y no a los necesitados, a las grandes mayorías”. ‎Argollo manifestó que, con estas decisiones, “se ve claramente la intención del Gobierno de Paz Pereira de trabajar solo para los empresarios millonarios y no así para la clase proletaria, para los pobres”. Denunció que las decisiones del Gobierno son “atentatorias a los trabajadores y a las personas con menores ingresos económicos”. “Lamentablemente, hemos visto que al Gobierno central se ha quitado la máscara”, dijo.

La Paz, 27 de noviembre (El Nuevo Cambio).- Los panificadores federados determinaron cobrar el precio del pan de batalla desde hoy a 0,80 centavos, por la falta de acuerdo con el gobierno y porque no se les entrega harina, a pesar de acuerdos y compromisos. El dirigente de la Conapabol, Rubén Ríos, explicó que el ajuste se aplicará a todas las variedades de pan y se implementará de manera uniforme en todas las federaciones (siete en total) que conforman la confederación. “No hay vuelta atrás”, afirmó el dirigente al manifestar que el gobierno evitó lograr un acuerdo con el sector panificador e incumplió los compromisos con ese sector para la entrega de harina, a fin de mantener el precio del pan a 0,50 centavos.

Sucre, 26 de noviembre (El Nuevo Cambio).- Los magistrados autoprorrogados cesaron en sus funciones obligados por las denuncias y críticas en su contra, mientras una sala penal de la Guardia en el departamento de Santa Cruz emitió un mandamiento de aprehensión para cuatro de ellos. Los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y dos del Tribunal Supremo de Justicia, permanecieron ilegalmente en sus cargos desde el 1 de enero de 2024, se aferraron a sus cargos solo por intereses políticos y su cercanía y complicidad con el expresidente Luis Arce Catacora. Su cesación se produjo, aunque ellos intentaron resistirse hasta el último momento, luego de resoluciones emitidas por la sala plena del TCP, como de las salas constitucionales de los departamentos de Potosí y Santa Cruz. Las salas departamentales dispusieron el cese inmediato de funciones, suspendieron sus salarios y prohibieron el uso de bienes y acceso a las instalaciones judiciales en la capital del Estado Plurinacional, Sucre. Los cesados son Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas, del TCP y Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Égüez Añez del TSJ. Asimismo, un juez de la localidad de la Guardia en el departamento de Santa Cruz, emitió órdenes de aprehensión y arraigo contra los magistrados autoprorrogados en el marco de acciones populares presentadas en su contra. Con el gobierno de Luis Arce Catacora nadie dijo nada, menos la derecha, que tampoco presionó para el alejamiento de los autoprorrogados que tuvieron, al parecer, entre otros, el objetivo político de proscribir de las elecciones nacionales al expresidente Evo Morales Ayma y quitarle la sigla del MAS-IPSP para entregarlo al gobierno. Entre tanto, una información del periódico digital Urgente.bo afirma que fuentes de inteligencia de la Policía Boliviana dijeron que Yvan Espada, magistrado prorrogado cesado este martes, dejó la noche de ayer la ciudad de Sucre con destino a Cochabamba y luego a La Paz. Se estima que podría haber salido del país, por la frontera con el Perú. “Personal del Aeropuerto Alcantarí informa el registro de información sobre la lista del Sr. Rene Yvan Espada, Magistrado Tribunal Constitucional Plurinacional, con vuelo 575- BOA de Transito Cochabamba destino La Paz a horas 16:10”, dice el reporte.

La Paz, 24 de noviembre (El Nuevo Cambio).- La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado nacional para este miércoles 26 de noviembre y se adelantó a rechazar cualquier modificación que pretenda realizar el gobierno al régimen laboral vigente en el país. La advertencia la hizo en referencia a informes aún extraoficiales sobre un presunto cambio de la Ley General del Trabajo al del Estatuto del Funcionario Público para los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE). De acuerdo a la información, un borrador de decreto supremo que circula en ambas empresas plantea que los trabajadores pasen de la Ley General del Trabajo al Estatuto del Funcionario Público (Ley 2027). Los sindicatos advierten que este cambio podría afectar derechos laborales y limitar la organización sindical. Esa posibilidad estaría orientada a “institucionalizar” ambas empresas y contemplaría además la eliminación de los sindicatos internos, razón por la cual, la COB llamó a un ampliado nacional de emergencia para el miércoles en La Paz y alertó que esta medida podría extenderse a otras empresas estatales.