Sociedad

Villa Rivero, 4 de enero (El Nuevo Cambio).- La Central Obrera Boliviana (COB) reanudó este domingo la marcha hasta la ciudad de La Paz para exigir la abrogación del decreto supremo 5503 y aclaró que su lucha es social, no política. La dirigencia del ente matriz de los trabajadores también aprovechó para repudiar el atentado que perpetró los Estados Unidos contra la soberanía de Venezuela con un ataque armado que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La primera jornada de la marcha que comenzó en Calamarca este sábado culminó con una caminata de alrededor 15 kilómetros hasta la localidad conocida como Villa Remedios, desde donde está previsto continuar hasta llegar a la sede de gobierno, con un descanso en El Alto de La Paz. Los marchistas se quedaron a descansar en algunas unidades educativas, y adelantaron que, a pesar de las malas condiciones climatológicas, sobre todo por las lluvias y el frío, reanudarán la caminata hasta La Paz. “Esta lucha compañeros es una lucha social por nuestra defensa de nuestra economía. No caigamos en la provocación”, dijo uno de los dirigentes cobistas al llegar a Villa Remedios y agregó que la lucha de los trabajadores es social y no política. El dirigente aclaró también que la principal exigencia al gobierno de Rodrigo Paz es la abrogación del decreto supremo 5503, sin embargo, también existen cuestionamientos sobre los otros dos el 5509 y 5515 que violan la Constitución Política del Estado. La medida de presión se suma a las movilizaciones labores que se realizaron en la sede de gobierno y otras capitales en contra del decreto 5503 y a los tres piquetes de huelga de hambre que este domingo ingresarán a su séptimo día de ayuno voluntario. Asimismo, la COB aprobó una declaración en la que otorga su respaldo al pueblo venezolano y lanzó duras críticas a Estados Unidos. “Desde aquí queremos manifestar toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano (…) frente al atentado criminal del que son víctimas”. “Los Estados Unidos quieren el petróleo y los minerales de Venezuela, así como vienen a Bolivia por el litio y otros recursos”, dicen. 

La Paz, 2 de enero (El Nuevo Cambio).- El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de alimentos (EMAPA), Franklin Flores, fue detenido en un operativo policial  y trasladado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), acusado de varios casos de corrupción. La detención se produjo la madrugada de este viernes, cuando el exfuncionario del régimen de Luis Arce Catacora se dirigía al Ministerio Público para declarar de manera voluntaria por los casos que se le acusa. Flores se encontraba con detención domiciliaria, sin embargo, desde el pasado año, su paradero era desconocido, lo que origino que efectivos policiales aprehendan a su esposa, supuestamente por ser cómplice en los casos de corrupción. De acuerdo a los datos preliminares, se acusa a Flores, entre otros, por un daño económico al estado de alrededor 100 millones de bolivianos, luego de haber autorizado el pago a varios funcionarios en la planta procesadora de papa construida en la ciudad de El Alto, a pesar de que no había iniciado operaciones.

La Paz, 30 de diciembre (El Nuevo Cambio).- El magisterio de La Paz advirtió con no iniciar las labores escolares de la gestión 2026, si el gobierno de Rodrigo Paz Pereira no abroga el decreto 5503 que incrementa el precio de combustibles, dispone privatizaciones y entrega de los recursos naturales a empresas extranjeras. El representante de este sector, José Luis Álvarez, dijo que las medidas adoptadas por el gobierno, a menos de dos meses de gestión, sólo afectan al trabajador y principalmente a las familias humildes y pobres del país. “Los maestros no vamos a iniciar clases si es que no se resuelve este tema del Decreto 5503”, dijo en un contacto con la prensa, mientras participaba en una de las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), en la ciudad de La Paz. Mientras tanto, la ministra de Educación, Beatriz García, reiteró que las clases comenzarán el 2 de febrero y que su despacho trabaja en la normativa que definirá el calendario escolar de la próxima gestión.

La Paz, 19 de diciembre (El Nuevo Cambio).- Los bloqueos y las protestas ciudadanas, del transporte, juntas vecinales y movimientos sociales, entre otros, intentan arrinconar al gobierno de Rodrigo Paz Pereira para que revierta el decreto supremo que elimina la subvención de los hidrocarburos. La decisión gubernamental ocasionó automáticamente la elevación de los precios del transporte, no solo urbano, sino interdepartamental, en unos casos en más del 100 por ciento y de la canasta familiar, en medio de las protestas de las amas de casa y de pobladores. El gobierno advirtió que no retrocederá en la medida y descartó la posibilidad de un diálogo que esté destinado a cambiar el decreto supremo, mientras tanto, las filas en las estaciones de gasolina y diésel en las ciudades aumentaron este viernes. La protesta más fuerte se registra a cargo del transporte que bloqueo no solo calles y avenidas en algunas ciudades, sino en carreteras, principalmente en la localidad de Patacamaya que une las ciudades de La Paz y Oruro. También se registraron bloqueos en algunas ciudades, principalmente Cochabamba, Potosí y Sucre y se habla de al menos unos 80 puntos de bloqueo en varias regiones y caminos secundarios no solo en zonas urbanas, sino rurales. El transporte sindicalizado inició hoy un paro de 24 horas y el dirigente Edson Valdez dijo que la medida exige la abrogación inmediata del decreto que incrementa al precio de combustibles y elimina la subvención. “Hemos tomado la determinación de ir a un paro de 24 horas, pidiendo la abrogación del Decreto 5503”, exigió en conferencia de prensa, y advirtió que, si no hay respuesta, desde el lunes, la protesta tendrá carácter indefinido. Por su parte, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) rechazó también el “gasolinazo” y anticipó una serie de movilizaciones de manera escalonada, sin descartar medidas nacionales. El rechazo a la medida gubernamental, se registra en todos los sectores, desde los gremiales, las juntas vecinales, la Central Obrera Boliviana y las departamentales, el transporte pesado las cisternas, federaciones de campesinos, entre otros.

Villa Tunari, 17 de diciembre (El Nuevo Cambio).- Miles de banderas de la Whipala flamean en la carretera principal del trópico de Cochabamba, en señal de desagravio a ese símbolo milenario que representa principalmente a los sectores indígenas de América del Sur, desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, entre otros países. El embanderamiento de la carretera nueva que une los departamentos de Cochabamba con Santa Cruz comienza en la región de Chocolatal y llega hasta la localidad de Entre Ríos, incluso en la región oriental, más de 100 kilómetros. Las banderas fueron instaladas este miércoles desde la madrugada por los campesinos y pobladores del trópico de Cochabamba, luego de que las Seis Federaciones de Productores de Coca, definiera el embanderamiento como desagravio a ese símbolo nacional e internacional. El gobierno de Rodrigo Paz Pereira, desde que asumió al poder decidió retirar la Whipala del Palacio de gobierno y otras instancias gubernamentales, como si se tratará de una bandera de un partido político y no de un símbolo que representa a los pueblos indígenas del continente. La bandera de la Whipala que ondea en la carretera también recibirá a los participantes del acto organizado por los movimientos sociales, este jueves 18 de diciembre, que se recuerda el Día de la Revolución Democrática y Cultural, en el estadio Carlos Villegas de la localidad de Entre Ríos, desde las 10.00 de la mañana. Luego de la clausura del acto, comenzará de forma inmediata el Congreso del instrumento político con miras a organizar y participar en las elecciones subnacionales que se realizarán en el país, en marzo próximo.

La Paz, 16 de diciembre (El Nuevo Cambio).- La expresidenta Jeanine Añez, durante su gobierno defacto entre el 2019 al 2020, entregó ilegalmente tierras a empresarios y ganaderos, especialmente del Beni, revela el libro “Tierras y agropoder” publicado por Wilber Villca López, ex director de tierras. El libro es una denuncia de cómo empresarios se beneficiaron de tierras de manera ilegal y menciona principalmente el caso de Branko Marinkovic que se apropió de 33 mil hectáreas de tierra en la zona de la Laguna Corazón, ubicada en la reserva forestal Guarayos. Afirma que la entrega de esas tierras se acordó en un encuentro celebrado en los Estados Unidos entre los exmagistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Iván Espada y Gonzalo Hurtado, y el representante de la familia Marinkovic, Branko Marinkovic, actual senador por el departamento de Santa Cruz. Villca López afirma que esas tierras entregadas ilegalmente fueron en la práctica consolidadas en el gobierno de Luis Arce Catacora, que, a través de la Procuraduría General del Estado, “en vez de pelear la propiedad, acabaron consolidando las 33 mil hectáreas”. Explicó que, tras conocerse un fallo del TCP favorable a la familia Marinkovic, el Tribunal Agroambiental continuó anulando obrados del proceso de saneamiento porque se detectaron una serie de irregularidades. Dijo que con la participación de los magistrados autoprorrogados Iván Espada y Gonzalo Hurtado, también de manera ilegal, se otorgó a Marinkovic la tutela de esas tierras, a pesar de las observaciones del propio Tribunal Agroambiental. “Es sospechoso el viaje de estos dos caballeros y el viaje de Branko Marinkovic a EE.UU. Coinciden los viajes y pocos días después aparece la tutela de estos dos señores favoreciendo a Branko Marinkovic. Los dos viajes coinciden y días después salió la tutela a favor de Branko”, reveló Villca. También denunció que durante el gobierno de Luis Arce ni el Ejecutivo ni el INRA realizaron una defensa efectiva de las 33 mil hectáreas en disputa, ya que las respuestas del Estado se limitaron a señalar que “nos remitimos a los antecedentes del proceso de saneamiento emitidos a su despacho”. De acuerdo a Villca López es muy llamativo que los mismos funcionarios de la gestión de Jeanine Añez que consolidaron las tierras a favor de la familia Marinkovic, hayan sido quienes posteriormente representaron al Estado durante la administración de Luis Arce y al propio INRA.

Prensa Latina Caracas, 13 diciembre (Prensa Latina).- El ALBA-TCP expresó su profunda preocupación ante los acontecimientos en el Estado Plurinacional de Bolivia, que evidencian el inicio de un proceso de judicialización de la política dirigido contra el expresidente Luis Arce. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) advirtió en un comunicado que estos “hechos responden a patrones ya conocidos en la región”, Caracterizados, puntualizó, por la instrumentalización del sistema judicial con fines de persecución política, en abierta vulneración del Estado de Derecho, la soberanía popular y la convivencia democrática. “Este tipo de prácticas, asociadas al lawfare, han sido utilizadas de manera sistemática para deslegitimar, neutralizar y perseguir a líderes y fuerzas políticas populares”, afirmó el bloque de integración latinoamericano y caribeño. La Alianza denunció que estas acciones forman parte de una estrategia promovida por sectores de la derecha extremista latinoamericana, orientada a revertir conquistas sociales, desmantelar proyectos soberanos y quebrantar la voluntad de los pueblos mediante mecanismos no electorales.