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Página 12 Sin piedrazos, como ocurrió este miércoles en Lomas de Zamora, pero con gritos, empujones y agresiones a la prensa, este jueves una caravana de La Libertad Avanza provincia de Corrientes volvió a terminar de la peor manera, con gritos, empujones, agresiones a la prensa y detenidos. En ese marco, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debieron ser evacuados ante los incidentes que ocurrían durante esa actividad de campaña. Los funcionarios del entorno más cercano del presidente Javier Milei se habían trasladado a Corrientes para respaldar al candidato a gobernador de LLA, Claudio Lisandro Almirón, a días de las elecciones que definirán el nuevo mandatario provincial y otras autoridades. Estos nuevos incidentes se suman al escrache que sufrió este miércoles el mandatario en Lomas de Zamora. Si bien todo parecía transcurrir de manera normal, el ambiente comenzó a caldearse y, segundos después de que Martín Menem y Karina Milei finalizaran la caminata y entraran custodiados al vehículo, comenzaron las corridas. En ese momento se desató el caos generalizado, que incluyó forcejeos entre militantes libertarios, periodistas y camarógrafos de canales de televisión. Por los hechos, hubo al menos dos personas detenidas. Luego de la violencia, Martín Menem aprovechó el conflicto y utilizó sus redes sociales para seguir haciendo campaña. «No hay término medio. Tenemos dos caminos: O avanzar en el camino que hemos emprendido, o dejar el país en manos de los inadaptados de siempre», escribió en su cuenta de X. La provincia de Corrientes celebrará este domingo próximo las elecciones para definir la gobernación y parte de la Legislatura provincial, además de autoridades municipales en 73 distritos. Más de 950 mil correntinos están habilitados para votar en una jornada en la que, además de la sucesión del gobernador Gustavo Valdés, se renovarán 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial. La Libertad Avanza apostó por presentar candidato propio en esa provincia e impulsa la figura del diputado Claudio Lisandro Almirón junto a Evelyn Karsten.

Telesur Un tiroteo en la escuela católica Annunciation de Minneapolis, Estados Unidos (EE.UU) dejó un saldo de al menos dos víctimas mortales y 17 personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales, según confirmaron este miércoles medios estadounidenses. Hasta el momento, las identidades de las víctimas fatales no han sido reveladas, y las autoridades locales mantienen reserva sobre los detalles del incidente. La policía local neutralizó al presunto autor del ataque, asegurando que ya no representa una amenaza activa para la comunidad. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que la policía estatal asumió el control de la investigación, al tiempo que el director del FBI, Kash Patel, informó que el tiroteo en la escuela católica Annunciation de Minneapolis es investigado como un acto de terrorismo doméstico y posibles crímenes de odio dirigidos contra la comunidad católica. Patel reveló que el sospechoso fue identificado como Robin Westman. Además, confirmó que las víctimas mortales son dos niños de ocho y 10 años, mientras que 14 menores y tres adultos sufrieron heridas. “El FBI mantendrá al público informado sobre los avances de la investigación cuando sea posible”, señaló Patel en una publicación en la plataforma X. Asimismo, se dice que, según reportes preliminares, el sospechoso actuó solo, pero la prensa local, como el Minneapolis Star Tribune, no ha confirmado información adicional sobre su identidad o motivos. El presidente de EE.UU., Donald Trump, se pronunció sobre el suceso y expresó su apoyo a las víctimas. “Agradezco al FBI por su actuación inmediata en el caso y pido a la población acompañarme a rezar por todas las personas implicadas”, declaró Trump en un comunicado oficial. En tanto, las autoridades locales han priorizado la seguridad de las familias, que fueron reunidas en una zona segura dentro de las instalaciones de la escuela, donde reciben atención de personal de emergencia. El tiroteo en la escuela católica se suma a una serie de incidentes similares en las últimas 24 horas, con cuatro tiroteos registrados en Minneapolis, según datos policiales. Ante ello, la oficina del alcalde indicó que la prioridad es garantizar la seguridad de los estudiantes y sus familias, así como esclarecer los hechos, al tiempo que las autoridades han solicitado a la población evitar especulaciones y esperar información oficial. La escuela Annunciation, ubicada en el sur de Minneapolis, permanece bajo custodia policial mientras se realizan las investigaciones. Este tiroteo se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad escolar en el país. Minnesota, en particular, ha enfrentado un aumento en incidentes violentos en los últimos meses, lo que ha llevado a las autoridades a evaluar nuevas políticas de prevención. La investigación en curso busca determinar las circunstancias que llevaron al ataque en Annunciation y si existen conexiones con los otros tiroteos reportados en la ciudad.

Agencias y RT El Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta un fuerte escándalo tras la filtración de audios que involucran a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en presuntos actos de corrupción. La crisis tiene impacto electoral, ya que el próximo 7 de septiembre se realizarán las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país. El 26 de octubre se renovará el Congreso nacional. El escándalo ya repercutió en el plano económico, puesto que el lunes el dólar subió un 2,6 % y las acciones argentinas se desplomaron en un 10 %. Crisis «electoralista»  El caso ha afectado la imagen de Milei. Según la consultora AdHoc, se multiplicaron las menciones negativas en contra del presidente, en tanto que la Universidad Torcuato di Tella advirtió que la confianza en el Gobierno se derrumbó un 13,6 %, la más baja desde que el libertario asumió en diciembre de 2023. La oposición argentina en el Congreso solicita crear una comisión para investigar las acusaciones de presunta corrupción. Mientras tanto, el presidente ha considerado que la polémica tiene tintes electoralistas, impulsadas por el kirchnerismo. «Tenemos que tomar conciencia de que hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y desde allí intentan todas las semanas hacernos volar por los aires, ¡pero no lo van a lograr!», afirmó durante un acto público.  La controversia comenzó la semana pasada, cuando el periodista Mauro Federico dio a conocer unos supuestos audios en los que Diego Spagnulo, entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), aseguraba que Karina Milei y su asesor, Eduardo ‘Lule’ Menem, manejaban un presunto circuito de corrupción. Mediante ese hipotético entramado, la hermana del presidente argentino habría otorgado millonarios contratos por la compra de medicamentos a empresas farmacéuticas, a cambio de una comisión entre el 3 % y el 8 %. Detenciones Luego de los polémicos, Spagnuolo fue despedido de la Andis. El juez Sebastián Casanello inició de inmediato una investigación y ordenó una serie de allanamientos a empresarios farmacéuticos. En cuestión de horas, agentes policiales le decomisaron su celular a Spagnuolo, en tanto que el empresario Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina involucrada en los supuestos sobornos, fue detenido cuando portaba 266.000 dólares en efectivo. Según la prensa, el hermano de Kovalivker y copropietario de la droguería, Jonathan, sí logró fugarse. Al revisar su casa, la Policía encontró cajas fuertes abiertas.  El fin de semana, el diario La Nación reveló que los contratos del Gobierno con la droguería Suizo Argentina se dispararon un 2,678 % durante la gestión de Milei, hasta alcanzar los 108.299 millones de pesos (79,7 millones de dólares). Aunque los Milei no han querido hablar abiertamente del escándalo, ciertos sectores afines han pedido explicaciones. Entretanto, el lunes por la noche, el mandatario cometió un acto fallido que le valió una catarata de críticas y burlas. «Están molestos porque les estamos afanando [robando] los choreos [negocios turbios]», dijo el mandatario, lo que fue considerado por sus detractores como una incriminación no premeditada.

DW Actualidad El Ejército israelí mató este lunes a un sexto periodista por un disparo en la zona de Al Mawasi, sur de Gaza; quien se convierte en la sexta víctima mortal del día tras el asesinato de otros cinco informadores en el bombardeo israelí del Hospital Naser. «El periodista asesinado es Hasan Douhan, quien trabajaba para el periódico Al Hayat, detalló en un comunicado la Oficina de Medios del Gobierno gazatí. Al Hayat es un periódico diario palestino, publicado por primera vez en los años 30 en Jerusalén, según datos de la Biblioteca Nacional de Israel. «Consideramos a la ocupación israelí, al gobierno estadounidense y a los países cómplices del crimen de genocidio, como el Reino Unido, Alemania y Francia, plenamente responsables de estos atroces y brutales crímenes», añadió la Oficina. Con la muerte de Douhan, el número total de informadores e ‘influencers’ asesinados en la ofensiva bélica israelí asciende a 246, haciendo de la guerra en Gaza una de las mortíferas para la prensa de la historia. Los otros cinco asesinados hoy son Ahmed Abu Aziz, quien trabajaba como periodista para la Red Quds Feed, Hossam Al Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (frelance con AP) y Moaz Abu Taha (freelance). Israel bombardeó esta mañana el Hospital Naser, y cuando periodistas y rescatistas llegaron a él para ayudar a las víctimas y documentar lo sucedido, lo bombardeó de nuevo, según el Ministerio de Sanidad, en una técnica conocida como ‘doble golpe’.

DW Actualidad Cuatro personas murieron este domingo al accidentarse una avioneta ambulancia cerca de una comunidad indígena en el departamento amazónico del Vaupés, en el sureste de Colombia y fronterizo con Brasil, informó la estatal Aeronáutica Civil. El siniestro ocurrió cuando la aeronave cubría la ruta entre Tiquié y Mitú, la capital departamental, transportando a una paciente con su acompañante, además del médico y el piloto. Ninguno de los cuatro ocupantes sobrevivió. «Según los reportes iniciales, la aeronave fue hallada siniestrada en inmediaciones de una comunidad indígena», señaló la entidad en un comunicado. En las riberas del río Vaupés y sus afluentes, incluido el Tiquié, habitan comunidades Tuyuca, conformadas por 17 etnias y unas 500 personas, según datos oficiales. La Aeronáutica Civil expresó sus «más sentidas condolencias» a las familias de las víctimas y a la empresa SAE Ambulancias, propietaria de la avioneta Cessna 206 accidentada. «En este momento, se coordinan acciones con las comunidades locales para obtener información detallada sobre lo sucedido y avanzar en la recolección de datos que permitan iniciar la investigación correspondiente», agregó la entidad.

DW Actualidad El Departamento de Defensa de Estados Unidos impidió a Ucrania atacar con misiles de largo alcance estadounidenses contra Rusia para poder acercar posturas con Moscú con el objetivo de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra, avanzó este sábado (23.08.2025) en exclusiva The Wall Street Journal. Desde finales de primavera, el Pentágono ha vetado el uso de sus sistemas de misiles tácticos (ATACMS, por sus siglas en inglés) contra objetivos dentro de Rusia, según explicaron dos funcionarios al periódico. Defensa creó un «mecanismo de revisión» para decidir si las fuerzas ucranianas podían utilizar estas armas, previa solicitud, para atacar a Moscú. Esta decisión afecta tanto a las armas de largo alcance fabricadas en EE.UU., como a aquellas suministradas por aliados europeos que dependen de la inteligencia y tecnología estadounidenses. De esta manera, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tiene la última palabra en los ataques con ATACMS, que tienen un alcance de unos 300 km. El objetivo parece ser un intento de acercar posturas con el Kremlin para poder iniciar conversaciones de paz, aunque, mientras tanto, se ha limitado la capacidad militar de las fuerzas ucranianas.  Acuerdo de Paz Precisamente, hace unos días, el presidente Donald Trump cargó contra su predecesor, el demócrata Joe Biden, por frenar la capacidad de ataque de Kiev. Trump criticó a Biden por no otorgar a Ucrania recursos para responder a la invasión de Rusia con ataques sobre territorio ruso. «Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país invasor. Es como un gran equipo deportivo que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite atacar. ¡No hay posibilidad de ganar! Es lo mismo con Ucrania y Rusia. El corrupto e incompetente Joe Biden no dejó que Ucrania contraatacara, solo que se defendiera», escribió hoy Trump en su red social Truth Social. Sin embargo, la estrategia del Pentágono parece haber dado sus frutos ya que el pasado 15 de agosto, el mandatario estadounidense recibió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para empezar a trazar un camino hacia un acuerdo de paz duradero con Ucrania. Tras reunirse también- con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos, Trump espera nuevos movimientos por parte de los líderes de los países en guerra, a quienes ha emplazado a celebrar una cumbre bilateral.

Prensa Latina Lima, 22 agosto (Prensa Latina).-  El expresidente peruano Martín Vizcarra fue trasladado hoy del presidio para ex primeras figuras del Estado, al hacinado y peligroso penal de Lurigancho, lo cual atribuyó a una decisión política gubernamental. El cambio se realizó en medio de fuertes medidas de seguridad, al dia siguiente de anunciar el Instituto Nacional Potenciario (INPE) que se había dejado sin efecto su asignación al penal Barbadillo, excusivo para exautoridades para su mayor seguridad. Minutos antes del traslado, Vizcarra se comunicó con la emisora Radio programas del Perú (RPP) y expresó su indignación por lo que calificó como una nueva medida arbitraria en su contra. Sostuvo que la junta de calificación del INPE que lo visitó hace dos días le ratificó la decisión de la primera, de que cumpla en el penal de Barbadillo los cinco meses de prisión preventiva que le impuso un juez como precaución ante la posibilidad de una fuga. Vizcarra añadió que ambas juntas de funcionarios del Inpe le indicaron que, como instancia técnica, le correspondía la citada cárcel y que si el INPE disponía otra cosa, solo podría ser por una decisión política. Al pedírsele precisiones, solo dijo que el INPE pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y este de la presidenta Dina Boluarte. El abogado del expresidente, Erwin Siccha, dijo ayer que presentará un habeas corpus para que su cliente sea enviado de vuelta al penal donde permanecen los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. Adelantó que alegará que Vizcarra tiene el mismo derecho a permanecer en la cárcel de Barbadillo por ser expresidente como los otros tres reclusos. La medida ha sido criticada por diversos comentaristas y políticos, según los cuales, es una torpe venganza contraproducente, porque victimiza a Vizcarra y lo favorece políticamente. El exmandatario es reo en un juicio en el cual es acusado de colusión por haber presuntamente recibido sobornos a cambio de los contratos de construcción de dos obras en la región sureña de Moquegua, años atrás, cuando era gobernador de ese territorio.

Prensa Latina Quito, 21 agosto (Prensa Latina).- El movimiento indígena de Ecuador afirmó que tres policías siguen hoy sometidos a un proceso de justicia en la comunidad de San Ignacio, provincia de Cotopaxi, acusados de persecución ilegal e intento de asesinato al líder Leonidas Iza. Durante la primera audiencia comunitaria de justicia indígena, los dirigentes presentaron como pruebas tres teléfonos celulares con entre tres mil y cinco mil archivos, cuyos datos confirmarían que, en efecto, seguían a Iza, a quien identificaban como el “cuy” o “capibara”. Este jueves se retomó la diligencia a las 13:00 (hora local) en la comunidad de Planchaloma, según informó el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). Por su parte, La Policía Nacional presentó una acción de habeas corpus para exigir la liberación de los tres agentes de inteligencia involucrados en el presunto intento de asesinato a Iza. Las autoridades niegan esa versión, mientras la Fiscalía General del Estado reconoció que los efectivos “se encontraban colaborando con diligencias dentro de una investigación previa”, aunque no dio otros detalles. En su pedido de habeas corpus para evitar que sean procesados por la justicia indígena, la Policía ratificó que los agentes cumplían con diligencias impulsadas por la Fiscalía General. “Fueron retenidos en contra de su voluntad (…)evidenciando de esta manera una real y flagrante privación de libertad, ilegal, arbitraria e ilegítima, lo cual constituye una grave vulneración a la libertad personal y a la seguridad de funcionarios del Estado”, señala en la acción. Para el MICC, el pedido de habeas corpus “constituye un acto malicioso y temerario, que viola el principio de diálogo intercultural entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, además de revictimizar a las comunidades que hoy enfrentan el abuso de poder del Estado”. Los policías fueron retenidos en la noche del pasado lunes junto a la vivienda de Iza, después de ser sorprendidos grabando al exlíder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desde un vehículo, e incluso, afirman que intentaron atropellarlo. En un mensaje difundido en la red social X, Iza responsabilizó al Gobierno por su seguridad y la de su familia tras el intento de asesinato con policías involucrados. Recordó que ya ha sido víctima de hostigamiento, encarcelamiento y amenazas, y rechazó el uso del aparato estatal de inteligencia “con fines de criminalización”. La justicia indígena en Ecuador está reconocida por la Constitución y permite a las comunidades originarias resolver conflictos internos de acuerdo con sus costumbres, prácticas ancestrales y normas propias.

Telesur Con un contundente respaldo de 172 votos, la oposición y exaliados del oficialismo rechazaron el veto presidencial a una norma de emergencia. En un duro revés para el presidente Javier Milei, la Cámara de Diputados de Argentina rechazó este miércoles su veto a una ley que declara la Emergencia en Discapacidad, norma dirigida a proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y que había generado una amplia movilización social. La decisión, que expone las grietas en la base de apoyo del gobierno libertario y los aliados. La pulseada se traslada ahora al Senado donde se espera que se confirme la decisión de la Cámara Baja. La sesión, cargada de tensión y fuertes cruces dialécticos, culminó con un resultado claro: 172 votos a favor de insistir con la ley, superando holgadamente los dos tercios necesarios, frente a 73 en contra y dos abstenciones. La cifra no solo refleja la unidad de la oposición tradicional, sino también las deserciones en bloques de derecha y centro, que hasta hace poco eran aliados clave del oficialismo. La ley en cuestión, sancionada a principios de julio, establece una serie de medidas urgentes. Actualiza los aranceles que el Estado paga a los prestadores de servicios de salud para personas con discapacidad, crea una nueva pensión no contributiva equivalente al 70% del salario mínimo jubilatorio y garantiza el acceso a un programa de atención médica. La ley aprobada este mes, busca respaldar a las personas con discapacidad luego de reiterados ajustes en las prestaciones y medidas de apoyo del Estado por parte del Ejecutivo liderado por Javier Milei. Su objetivo central es regular un sistema que arrastra una profunda crisis de financiamiento y deudas con las instituciones que lo sostienen. La grieta en el oficialismo y el peso de la calle Mientras dentro del Congreso se debatía, afuera, familiares y personas con discapacidad se manifestaban con carteles y consignas contra la decisión de Milei de vetar la ley por considerarla “fiscalmente inviable”. Esa presión social, palpable en las calles, pareció pesar en el ánimo de muchos legisladores. La victoria opositora fue posible gracias a las ausencias clave en el propio espacio oficialista y sus aliados. Figuras relevantes como la exgobernadora María Eugenia Vidal (del conservador PRO, socio de Milei) se abstuvieron o estuvieron ausentes, en una clara señal de desacuerdo con la postura del Gobierno. Incluso tres diputados del propio partido libertario, La Libertad Avanza, no estuvieron presentes para la votación. Este hecho marca un punto de inflexión. Milei llegó a la presidencia hablando de “87 héroes” en el Congreso que defenderían su revolución liberal. Sin embargo, este miércoles ese escudo mostró sus primeras fisuras significativas, sugiriendo que el costo político de recortes en áreas sociales sensibles podría ser demasiado alto incluso para sus socios. El corazón del conflicto reside en una puja entre la protección de derechos y la austeridad fiscal extrema que pregona el Gobierno y que es simbolizada por Milei con una motosierra. El Ejecutivo, en su decreto de veto, argumentó que la ley tendría un costo de 3 billones de pesos (aproximadamente 0,36% del PIB) en 2025 y casi 6 billones (0,59% del PIB) en 2026. Sin embargo, la oposición y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) presentaron números menos catastróficos, calculando un impacto entre el 0,28% y el 0,51% del PIB. Desde la oposición, los ataques fueron frontales. La diputada Danya Tavela acusó a Milei de aplicar “el ajuste fácil, contra los más vulnerables” y de buscar “mostrar autoridad con crueldad”. Victoria Borrego, de izquierda, tildó el veto de “criminal” y acusó al Gobierno de “violar la Constitución y las convenciones sobre discapacidad”. En un intento de último momento por evitar la derrota, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció en la red social X que el Gobierno “considera” un aumento en las prestaciones, financiado con auditorías para detectar supuestos fraudes. El mensaje, interpretado por muchos como una maniobra dilatoria, llegó demasiado tarde y no logró quebrar la determinación opositora. En adelante, la definición estará en manos del Senado, donde el oficialismo enfrenta un panorama aún más complicado que en Diputados, al contar con una representación minoritaria. Allí se decidirá si la ley de emergencia en discapacidad se promulga finalmente, desafiando abiertamente la voluntad del Presidente, o si el veto de Milei prevalece.

Telesur El Poder Judicial de Chile condenó a 11 años de prisión al suboficial de Carabineros Luis Antonio Castillo Fernández, responsable de golpear con un bastón o luma en la cabeza a Aalondra, una niño de 14 años en el contexto del estallido social de noviembre de 2019. Pese a que el niño no participaba de las protestas, la agresión sufrida le provocó ceguera total en un ojo y pérdida parcial en el otro, marcando un antes y un después en su vida. Tras la agresión, la salud física y emocional de Aalondra se deterioró profundamente. Ha atravesado un intento de suicidio, episodios de bullying escolar y un daño psicológico que se suma a la discapacidad visual permanente. Su historia, silenciada durante años, visibiliza la violencia estructural que enfrentaron adolescentes y jóvenes durante las manifestaciones. En tanto, la de este lunes se trata de una de las condenas más severas dictadas contra un agente policial en el marco del estallido social, un proceso en el que la represión estatal dejó miles de heridos, en su mayoría jóvenes. Organizaciones de derechos humanos han documentado un patrón de abusos policiales en ese periodo, bajo el mandato de Sebastián Piñera. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registró miles de denuncias y casos emblemáticos como el de Gustavo Gatica, quien quedó ciego por disparos de perdigones. La condena a Castillo Fernández es, según juristas, un avance contra la impunidad, aunque insuficiente frente a la magnitud de los crímenes cometidos. Un fallo con implicancias históricas El tribunal destacó la gravedad del ataque contra una menor de edad y su carácter injustificado, al no estar participando en la protesta. La sentencia se suma a un reducido grupo de condenas contra miembros de Carabineros, lo que plantea la urgencia de reformas estructurales en las fuerzas policiales y de un mecanismo real de reparación para las víctimas. Aunque esta decisión judicial representa un paso hacia la justicia, la deuda con miles de afectados por la represión sigue abierta. Para las víctimas, el fallo es también un llamado a que Chile no repita una política de violencia estatal contra quienes ejercen su derecho a la protesta.