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Página 12 A casi cinco meses de la represión ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero y al prefecto Sebastián Martínez por lesiones graves contra el reportero gráfico Pablo Grillo y el manifestante Jonathan Navarro, respectivamente. Ambos procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva, pero con embargos y restricción para salir del país.  «Ya les dijimos a gendarmes, prefectos, penitenciarios y policías: alguna vez van a pagar por los actos criminales que sus jefes y jefas les mandan a cometer», destacó la abogada Claudia Cesaroni, quien junto al CELS, representa la querella de la familia Grillo. Los procesamientos dictados por Servini dejan en evidencia la operación montada por el Ministerio de Seguridad, que tras la represión de marzo presentó denuncia penal contra las personas detenidas, por los delitos de sedición, asociación ilícita y atentado contra el orden constitucional. Los procesamientos de Guerrero y Martínez fueron agravados por ser miembros de las fuerzas de seguridad, a pesar de que en su defensa dijeron respetar las órdenes del operativo antipiquetes ordenado por Bullrich. A Guerrero se le trabó un embargo de 203 millones de pesos, mientras que a Martínez otro por 91 millones de pesos. Ambos deberán fijar un domicilio y dar aviso al Poder Judicial si se ausentan por más de 72 horas.  En el caso de Guerrero, Servini dio por probado que «no hay dudas de que Guerrero fue el autor del disparo de la granada de gas lacrimógeno que hirió de gravedad a Pablo Grillo, que lo hizo de forma horizontal y antirreglamentaria, a sabiendas de que con su accionar podía poner en riesgo la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él, o incluso la vida’», informó el CELS tras conocerse la decisión.  Servini descartó el argumento dado por Guerrero respecto de que no tenía forma de ver a los manifestantes. «Efectuó el disparo de forma antirreglamentaria en dirección hacia la cual se hallaban los manifestantes, con una visibilidad más que clara, sin haber ni humo ni agua ni ninguna otra sustancia u obstáculo», sostuvo la jueza en su resolución a partir de la prueba de las imágenes.  Incluso el material probatorio permitió precisar que Guerrero disparó contra los manifestantes otras cinco veces de forma antirreglamentaria en menos de diez minutos. «A las 17:14 (disparo 1); 17:16 (disparo 2); entre 17:17 y 17:18 -antes del efectuado a Grillo- (disparo 3); 17:20 (disparo 5) y 17:22 (disparo 6)». En el caso de Martínez, la resolución da por probado que el prefecto buscó herir a Navarro, quien perdió su ojo izquierdo a causa del disparo recibido. «Una vez producidos ambos disparos y alcanzado el rostro de la víctima en su ojo izquierdo, no es posible advertir nuevos disparos que provengan de ese agente y a ese sector. Ello da la pauta de que Martínez no tenía como objetivo otra persona u otro propósito», sostiene la valoración de la prueba volcada en el procesamiento. 

Telesur La resistencia popular se profundiza en Ecuador, en el día 15 del paro nacional 2025, con la movilización de las comunidades amazónicas de Pastaza y una advertencia de la CONAIE de «tomarse Quito».  Las protestas rechazan la eliminación del subsidio al diésel ordenado por el mandatario Daniel Noboa y otras políticas gubernamentales. Denuncian la escalada de violencia estatal contra los manifestantes y la declaración del estado de excepción en diez provincias con el objetivo de impedir las movilizaciones.  Este lunes, 6 de octubre, los pueblos de Pastaza iniciaron la «Marcha por la Vida y el Territorio» para defender sus derechos colectivos y su cosmovisión, concentrándose en el Estadio Víctor Hugo Georgis. Llaman también al Gobierno a abstenerse de la explotación petrolera y minera en sus territorios, con el reclamo colectivo «¡Pastaza Viva, Pastaza Digna, Sin Petróleo, Sin Minería!». El movimiento indígena mantiene sus demandas, que incluye la derogatoria del Decreto 126 que disparó el precio del diésel, y la reducción del IVA del 15% al 12%, además de soluciones urgentes a las crisis en salud y educación. La respuesta gubernamental es la radicalización de la represión: Noboa decretó el estado de excepción por 60 días en diez provincias, suspendiendo la libertad de reunión. Esta medida busca contener las protestas, que según el Ejecutivo se tornaron violentas. No obstante, el monitoreo de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos registra hasta el 5 de octubre 219 vulneraciones, 95 detenidos, 112 heridos, 12 desaparecidos y 1 fallecido. La escalada de violencia estatal se produjo tras el asesinato del líder comunitario indígena Efraín Fuérez, en Imbabura, quien recibió un disparo por la espalda mientras protestaba.  El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, responsabilizó directamente al Gobierno de Daniel Noboa, a sus ministros y al Estado ecuatoriano por el crimen, advirtiendo que «no puede quedar en la impunidad» y exigiendo una investigación internacional independiente.  La Alianza ecuatoriana de Derechos Humanos (DD.HH.) detalló la brutalidad militar, que incluyó patadas al cuerpo agonizante de Fuérez y agresiones a su amigo.  El Gobierno recurrió a la criminalización, utilizando la figura del terrorismo contra manifestantes.  Es el caso de «Los 12 de Otavalo», campesinos y artesanos kichwas acusados falsamente de terrorismo y trasladados a cárceles peligrosas como parte de una estrategia de «disciplinamiento».  En este contexto, los organizadores del Paro Nacional denunciaron que el Gobierno intenta vincular falsamente a algunos detenidos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua para justificar la represión. Lucía Guitarra, la esposa de Fuérez, denunció la violencia y señaló que los objetivos que el objetivo del paro es reclamar derechos.  «No salimos a matar, salimos a reclamar lo que es nuestro», sentenció.  El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, instó al Gobierno nacional a abrir un «diálogo serio y concreto» para evitar la inminente escalada, pues la advertencia de la CONAIE de tomar la capital se mantiene firme ante la postura de Noboa de «no negociar y no retroceder» en el subsidio.

Telesur Este domingo, y tras varias idas y vueltas, finalmente decidió renunciar a su candidatura Luis Espert, principal candidato a legislador por la Libertad Avanza, partido que llevó a la presidencia a Javier Milei. La decisión fue informada a través de las redes sociales de Espert, quien señaló que puso a disposición su renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y «el Presidente Javier Milei decidió aceptarla». Por su parte, el jefe de Estado, Javier Milei, se hizo eco de inmediato de la renuncia a través de la red social X, e insistió en señalar las acusaciones contra unos de sus principales aliados como una presunta manipulación: «El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo». La noticia llega luego de que el candidato libertario dijese que los 200 mil dólares que recibió de Fred Machado, fueron un adelanto por una consultoría encargada por Minas del Pueblo SA. Sin embargo, rápidamente la prensa guatemalteca dio cuenta hace varios años de que esa compañía es de Machado y está denunciada por blanquear dinero asociado al negocio narco. Machado es un empresario argentino detenido desde abril de 2021 acusado de formar parte de una estructura criminal dedicada al blanqueo de dinero y narcotráfico por la Justicia de Estados Unidos, y desde el Tribunal que lleva la causa se desprendió que la cifra de 200.000 dólares tenía el nombre de Espert como destinatario. El escándalo tuvo un notable impacto en la alicaída imagen del oficialismo, que viene de afrontar un escándalo de corrupción que afecta a la hermana del presidente, Karina Milei; además de una serie de derrotas legislativas y una acuciante crisis financiera que empujan a la Economía argentina al default. El más reciente sondeo señala que Milei alcanza apenas un 37% de aprobación frente a un 60% de rechazos. La mayoría de consultados sostiene que su situación económica empeoró durante el gobierno de Milei y que perdieron la esperanza acerca de que mejorará. En tanto, en la provincia de Buenos Aires Jorge Taiana, rival directo de Espert por el peronismo, lograría una diferencia que iba entre los 5 y los 10 puntos, mientras que el escenario nacional se mantenía parejo entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria.  Pero con las revelaciones de las últimas horas, los encuestadores coinciden en que sería muy extraño que el peronismo no repitiera el triunfo de septiembre en la provincia de Buenos Aires, en el cual logró una ventaja de más de 10 puntos.

Telesur La campaña electoral argentina se vio sacudida por un escándalo que impacta directamente en la estructura de La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei. El principal candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, se vio forzado a confesar que recibió una transferencia por 200.000 dólares de Federico Fred Machado, un empresario actualmente preso en espera de extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico.  La revelación no provino de una autocrítica, sino de la acumulación de pruebas judiciales que desmantelaron su inicial estrategia de negación. La crisis estalló tras la publicación de documentación proveniente de una investigación judicial en Texas, EE. UU., que involucra a Machado en el tráfico de grandes cantidades de cocaína mediante la compra fraudulenta de aeronaves.  Un documento del Bank of América se convirtió en la prueba irrefutable, detallando una transferencia de 200.000 dólares en 2020 a favor de Espert, cuyo remitente era una firma propiedad de Machado, presuntamente usada como tapadera para el lavado de dinero y el tráfico. El economista ultraliberal, cuya relación con Milei es históricamente inestable, intentó inicialmente desestimar las acusaciones como una «operación» del peronismo. Sin embargo, su defensa se derrumbó cuando medios publicaron registros oficiales que confirmaban la transacción.  Ante la evidencia, Espert cambió su versión, asegurando que el pago correspondía a un «adelanto» por una supuesta asesoría privada a una minera guatemalteca propiedad de Machado, un ingreso que nunca fue declarado ante el fisco argentino. El caso generó profunda preocupación en la Casa Rosada y en el comando de campaña de LLA. El escándalo amenaza con socavar las aspiraciones de la ultraderecha de remontar en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del 26 de octubre, un distrito clave donde la ultraderecha necesita mejorar su desempeño para asegurar la gobernabilidad de Milei en los próximos años. La ministra de Seguridad y candidata a senadora, Patricia Bullrich, visiblemente afectada, fue una de las figuras que exigió una respuesta clara a Espert, cuya candidatura se convierte en una pesada mochila. Pese a la gravedad de los indicios y las mentiras previas de su candidato, el presidente Milei optó por un respaldo total y público a Espert, calificando las acusaciones como una «inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo». Esta defensa cerrada, incluso contra la opinión de sectores internos de LLA, subraya la desesperada necesidad del oficialismo de retener a su principal candidato en el distrito más poblado y políticamente decisivo del país. La trama se complejiza al revelarse un dato inquietante: el abogado que representa a Fred Machado, el empresario narcotraficante, es el mismo que defiende los intereses del presidente Javier Milei en el caso de la criptomoneda fallida ‘$Libra’. Esta coincidencia en la representación legal de figuras tan dispares añade una sombra de duda sobre los vínculos y el círculo de confianza que rodea a los principales actores de La Libertad Avanza.

Prensa Latina Quito, 3 octubre (Prensa Latina).- Con vías cerradas en la sierra ecuatoriana y manifestaciones en algunas ciudades del país, el paro nacional convocado por el movimiento indígena de Ecuador llegó a su decimosegundo día, con reportes de 183 vulneraciones de derechos humanos. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos presentó este viernes los resultados del monitoreo de los abusos registrados en el contexto del paro nacional.  Vivian Idrovo, coordinadora de esta organización, informó que han verificado 183 reportes de abusos de derechos desde el 22 de septiembre hasta el 2 de octubre.  De ese número, 90 han ocurrido en Imbabura, 41 en Pichincha, 12 en Cotopaxi, 12 en Azuay, fundamentalmente. De acuerdo con Idrovo, “las Fuerzas Armadas son las más involucradas en las vulneraciones de derechos humanos” durante las movilizaciones. “Nuestro compañero, Efraín Fuerez, fue víctima de una ejecución extrajudicial. Su muerte no fue un hecho aislado», afirmó Martha Tuquerres, presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unocar). La dirigente rechazó las acusaciones del Ejecutivo de que quienes salen a las calles son terroristas o tienen vínculos con el crimen organizado. “El mensaje internacional es que somos comuneros, agricultores, madres, pero no somos terroristas. Los terroristas son los que están armados (…) nuestra lucha por la vida, por la dignidad y respeto de nuestros territorios continúa y continuará”, afirmó Tuquerres. Sobre la retención de militares, que ya fueron liberados, comentó que los hallaron dentro de jurisdicciones territoriales comunitarias y les ofrecieron alimentos y atención médica porque presentaban heridas producto del enfrentamiento.  La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) ratificó este jueves la permanencia de las acciones de protesta contra medidas del Gobierno de Daniel Noboa, en particular el aumento del precio del diésel tras la eliminación del subsidio a ese combustible. En medio de llamados al diálogo por parte de universidades, la iglesia católica y organismos internacionales como la ONU, la vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, confirmó que no han existido acercamientos con el Gobierno. Esta mañana, en entrevista con el canal local Teleamazonas, Castañeda añadió que se conformará una comisión de seguridad para impedir la presencia de infiltrados que estarían detrás de los actos de violencia en las protestas.  Luego de que el diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón, productos de primera necesidad registran valores más altos en mercados de la capital, en parte por el aumento de los fletes de los camiones de carga. El Gobierno -que asegura que ha diminuido el contrabando del combustible tras la medida- ofrece bonos de compensación, pero eso sólo durará unos meses. Por ahora, el Ejecutivo mantiene su postura sobre el paro, que ha sido no negociar y no retroceder en el fin de la subvención. La provincia de Imbabura, en la zona norte del país, sigue como epicentro de la resistencia, carreteras de ese territorio siguen bloqueadas y en ciudades como Ibarra, Otavalo y Cotacachi, las actividades comerciales han disminuido su ritmo.

Página 12 En una jornada cargada de tensión política, el Senado volvió a marcarle límites al Ejecutivo de Javier Milei. Con 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones, la Cámara alta rechazó el veto presidencial a la Ley Garrahan, garantizando la continuidad del financiamiento al hospital pediátrico de referencia.  Minutos después, y por una mayoría similar —58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones—, los senadores también desestimaron el veto a la ley de financiamiento universitario, en lo que se traduce como otro duro revés parlamentario para el Gobierno. La derrota de Milei significa que ahora deberá promulgar los proyectos de financiamiento universitarios y de emergencia pediátrica, lo que significa una vez más en estos últimos meses un revés a su gestión.

Telesur Organizaciones del pueblo dominicano publicaron un comunicado en rechazo a la decisión del Gobierno de Luis Abinader de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, a celebrarse en ese país caribeño. El documento, firmado por entidades múltiples movimientos sociales, resalta la tradición de lucha «contra el colonialismo, la injerencia extranjera y buena convivencia entre los pueblos», por lo cual condenaron de forma enérgica la decisión, que «responde a los principios de la Constitución dominicana, ni al Derecho Internacional, ni al espíritu de hermandad entre los pueblos, sino que constituye una sumisión servil a los dictados del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la OEA«. Esta organización, históricamente al servicio de EE.UU., avaló en 1965 la invasión militar de República Dominicana por el ejército norteamericano. Las organizaciones refirieron que «la Cumbre de las Américas’ no es un espacio genuino de diálogo, sino un instrumento del imperio norteamericano para consolidar su hegemonía, su injerencia y su saqueo contra nuestros países”. El texto critica a Luis Abinader por actuar como un simple «gobernador de colonia», que se pliega a intereses extranjeros y niega la tradición soberana y solidaria de República Dominicana. Esta postura no representa al pueblo dominicano ni a la Patria Grande, latinoamericana y caribeña. Las entidades hicieron un llamado a las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles y comunitarias de República Dominicana y de toda Abya Yala, a rechazar este mamotreto colonialista y a construir la verdadera Cumbre de los Pueblos de Abya Yala, basada en la solidaridad y la soberanía de las naciones. Adicionalmente, exigen que el Caribe sea respetado como Zona de Paz y que Estados Unidos retire sus tropas, buques y submarinos nucleares de la región. Condenaron los ataques unilaterales en los que han sido asesinados jóvenes caribeños. Los representantes de la sociedad civil dominicana rechazaron todo intento de involucrar a la armada dominicana en crímenes imperiales en la ficticia lucha contra el narcotráfico en el mar Caribe. El comunicado concluye que la unidad de Nuestra América «solo podrá construirse sin exclusiones, sin imposiciones y en defensa de la soberanía de cada nación”.

Página 12 Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J.” –principal sospechoso del triple femicidio de Florencio Varela– fue detenido en la ciudad de Lima, Perú, a pocas horas de haberse detenido a su mano derecha, Matías Ozorio. A pesar de que la ministra Bullrich publicó en sus redes sociales fotos de la captura de Ozorio, según publicó Noticias Argentinas, la captura tanto de Ozorio como de Pequeño J se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires. Ozorio fue interrogado en Lima Al mismo tiempo en que la ministra Bullrich anunciaba la detención de Matías Ozorio, uno de los prófugos implicados en el triple femicidio de Florencio Varela, en redes sociales se viralizó un video de su detención. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó en su cuenta de X que detuvieron a la mano derecha de «Pequeño J», quien es señalado como el ideólogo del triple crimen. «El prófugo Matías Agustin Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA. Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen», aseveró Bullrich en sus redes sociales. Las Víctimas Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron halladas brutalmente asesinadas. Sus cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de una casa de Florencio Varela. Las autopsias revelaron que las víctimas sufrieron torturas antes de que se cometieran los crímenes. Las tres chicas estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre en Ciudad Evita, cuando salieron de sus casas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada frente a la rotonda de La Tablada. La última vez que se las vio, fue cuando subieron a una camioneta blanca en ese lugar. Una cámara registró el momento en que subían al vehículo. Por el triple femicidio, la Policía detuvo en principio a cuatro sospechosos -dos hombres y dos mujeres- y en las últimas horas detuvieron a otros dos hombres, uno de ellos en Bolivia. Interpol emitió un pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, la mano de derecha de «Pequeño J», el líder narco de nacionalidad peruana que habría sido el ideólogo de los asesinatos.

Prensa Latina Quito, 29 septiembre (Prensa Latina).- La relatora especial de Naciones Unidas sobre defensores y defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, expresó hoy preocupación sobre la situación en Ecuador y pidió detener la represión contra indígenas y ciudadanos movilizados. “Recibo noticias preocupantes sobre la represión violenta de las movilizaciones pacíficas en Ecuador. Las personas tienen derecho a defender los derechos humanos, el Estado debe abstenerse de cualquier represalia en su contra por ejercerlo”, manifestó Lawlor en su cuenta de X. La experta etiquetó a la cancillería y a la oficina de la ONU en Ginebra para dar seguimiento a la situación de la nación sudamericana, donde hoy se cumple una semana de protestas promovidas por el movimiento indígena contra la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel. La también relatora especial de la ONU Gina Romero, especialista en temas de libertad de reunión pacífica, se pronunció sobre la actuación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en las manifestaciones, “lo cual es contrario a los estándares internacionales del derecho a la reunión, inclusive en estados de excepción.” “¡Alto el fuego contra manifestantes! Protestar es un derecho, no puede costar la vida”, afirmó Romero en un mensaje publicado luego de confirmarse la muerte de un manifestante indígena en la provincia norteña de Imbabura. Asimismo, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU denunció que la respuesta estatal a las protestas incluyó malos tratos a detenidos y persecución a defensores de derechos humanos. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó, hasta ahora, 109 violaciones a los derechos, 48 heridos, 100 detenidos y un fallecido, además de interrupciones en la telefonía móvil e internet en localidades de Imbabura. La Organización Mundial Contra la Tortura se sumó a las voces que exigen al Estado ecuatoriano cesar de inmediato el uso excesivo de la fuerza, investigar de manera independiente la muerte de Fueres, garantizar los derechos de los detenidos y revisar el estado de excepción vigente. En los últimos días, miles de manifestantes -entre ellos pueblos indígenas, estudiantes, sindicatos y representantes de diversos colectivos sociales- han salido a las calles en diferentes provincias del país. El Gobierno de Ecuador defendió la actuación de las Fuerzas Armadas ante las manifestaciones, a pesar de las denuncias de violaciones de derechos humanos, y la portavoz gubernamental reiteró que “no vamos a negociar y no vamos a retroceder”. La administración del presidente Daniel Noboa considera que las manifestaciones son “actos terroristas disfrazados de protestas” y acusó al movimiento indígena de tener vínculos con el crimen organizado. En rueda de prensa este lunes, el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, insistió en que esa organización no es terrorista ni es financiada por las mafias del narcotráfico. “Si hay caos en Ecuador el único responsable será usted (Noboa). No queremos que se repita lo de 2019 y 2022. Estamos en capacidad de luchar”, dijo Vargas que demandó del Gobierno un “alto al fuego” para poner fin a la “masacre”, en alusión a la actuación militar contra población civil.

Telesur La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH), capítulo Argentina, emitió este domingo 29 de septiembre una declaración condenando el reciente encuentro entre el presidente Javier Milei y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebrado en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU. La organización calificó a Netanyahu como un «criminal de guerra genocida» debido a la ofensiva en Gaza y Cisjordania. La REDH consideró el gesto de Milei, que incluyó «saludos afectuosos, sonrisas y fotografías oficiales,» una afrenta pública y una deshonra a la memoria del pueblo argentino, reconocido históricamente por su lucha en defensa de los derechos humanos. Advirtieron en el comunicado que la reunión implica un «aval simbólico al genocidio» en curso contra el pueblo palestino, el cual ha dejado más de 65.000 fallecidos. La REDH también citó el reciente veto de Estados Unidos a un fallo de alto al fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU como una muestra de «desprecio al multilateralismo» y a las resoluciones internacionales, en un momento en que la comunidad internacional exige medidas más firmes contra el gobierno israelí. Argentina se alineó con Estados Unidos e Israel en una crucial votación de la Asamblea General de la ONU, desechando una propuesta redactada por Francia y Arabia Saudita que buscaba sentar las bases para una solución de paz que incluía el establecimiento de un Estado palestino soberano y el despliegue de una misión de estabilización en Gaza.  Este voto desató una ola de críticas en Argentina, donde analistas y exfuncionarios denuncian una marcha atrás histórica en la política exterior del país. La exembajadora ante la ONU, María Cristina Perceval, calificó el episodio como «vergonzoso» y un acto de «dependencia servil» ante los aliados de Washington, que aísla a Argentina de la voluntad mayoritaria de la comunidad internacional de avanzar hacia una solución al conflicto.