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DW Actualidad El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el viernes (17.10.2025) que su par venezolano Nicolás Maduro ha ofrecido «de todo» para evitar un conflicto abierto. Ante los reportes de prensa sobre acercamientos del régimen de Caracas, o de algunos de sus principales responsables para evitar una escalada, Trump respondió con una rotunda expresión. Maduro «ha ofrecido de todo. ¿Sabe por qué? Porque no se quiere meter con Estados Unidos», indicó a preguntas de un periodista, durante el encuentro con la prensa en el marco de la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Washington mantiene desde agosto varios buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, y ha lanzado al menos seis ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos «narcoterroristas» con un balance de al menos 27 muertos. El más reciente ataque ocurrió el jueves, según lo confirmó el propio Trump, contra «un submarino construido específicamente para transportar grandes cantidades de drogas». Como parte del pulso entre ambos países que se ha ido endureciendo progresivamente, Venezuela reforzó su presencia militar en estados fronterizos con Colombia. La posición oficial de Washington es que Nicolás Maduro encabeza el denominado cártel de los Soles, y por ello hay una recompensa que lleve a su captura de 50 millones de dólares. Adepto a una diplomacia de exhibición de fuerza, y de mensajes intimidantes, Trump anunció el miércoles que había autorizado operaciones de la CIA contra Venezuela. La CIA tiene un largo historial de intervenciones en América Latina, pero las confirmaciones de ese tipo de operaciones acostumbraban a llegar luego, incluso años después.

BBC News Uruguay se sumó este miércoles a la reducida lista de los países del mundo que permiten la eutanasia, convirtiéndose en el primero de América Latina en aprobarla por ley. Tras un intenso debate de diez horas, 20 de los 31 legisladores presentes votaron a favor del proyecto de ley Muerte digna. Así se cierra un recorrido legislativo que duró cinco años y que atrajo la atención de muchos sectores del país sudamericano de 3,5 millones de habitantes. Según la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos estaba a favor de esta ley. El texto aprobado permite que adultos psíquicamente aptos en la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o que padezcan un sufrimiento insoportable, tengan la opción de elegir la eutanasia y que esta sea realizada por un profesional de la salud. «Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida, cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito», argumentó el senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio. El proyecto de ley era rechazado por grupos católicos y algunos sectores conservadores de la sociedad uruguaya. Pero contó con el respaldo de toda la coalición de izquierda progresista del Frente Amplio, dos senadores del Partido Colorado y una senadora del Partido Nacional, ambos de centroderecha. Aunque Uruguay es el único país latinoamericano que ha regulado la eutanasia por ley, en otros se ha despenalizado mediante fallos de la Corte Constitucional.

Prensa Latina Lima, 15 octubre (Prensa Latina).- Una jornada de protesta convocada por diversas organizaciones sociales comenzó en las ciudades andinas de Huancavelica y Abancay, en un contexto de intensa campaña mediática adversa. A media mañana, en las citadas ciudades organizaciones sociales marcharon flanqueados por la Policía Nacional y llevaron consigo carteles con lemas contra el nuevo presidente encargado, José Jerí, sin que se hayan reportado incidentes violentos. Los marchistas andinos, de mayor combatividad y capacidad de movilización en Perú, reclamaron la renuncia del presidente José Jerí y la disolución del Parlamento de mayoría conservadora que el 10 de octubre último lo designó, tras destituir a la hasta entonces presidenta Dina Boluarte. En Abancay, capital de la región de Apurímac, los manifestantes quemaron carteles con las imágenes del nuevo mandatario y la exgobernante. La protesta fue convocada inicialmente por la llamada Generación Z, integrada por jóvenes estudiantes a los que se han sumado organizaciones esyudiantiles universitarias, pero se han sumado también otras, como la Confederación General de Trabajadores de Perú. La jornada, precedida por informaciones periodísticas sobre organizaciones de transportistas que pusieron en jaque al gobierno de Boluarte con dos recientes paralizaciones en Lima, desistieron de interrumpir el servicio hoy. La ofensiva mediática incluye comentarios de prensa contra la protesta y mensajes por Internet que intentan desacreditar al movimiento y llaman a los jóvenes a no sumarse, calificando la movilización como subversva y hata terrorista. El flamante primer ministro, Ernesto Álvarez, divulgó mensajes de ese corte tras la designación de Jerí, en uno de los cuales auguró “una violenta marcha subversiva, por una constitución socialista que sepulte la economía de los peruanos”.

Página 12 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo ataque del Ejército estadounidense contra una supuesta embarcación dedicada al narcotráfico en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela. Según informó el magnate republicano, el operativo dejó un saldo de seis supuestos «narcoterroristas» muertos. El gobierno venezolano consideró infundadas las acusaciones e implementó un plan de defensa ante lo que considera una amenaza externa. “Esta mañana, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un barco afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos frente a la costa de Venezuela”, escribió Trump en su red, Truth Social. El ataque fue autorizado por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, tras informes de inteligencia que señalaban que “la embarcación estaba vinculada a redes narcoterroristas” y transitaba por una “ruta conocida de tráfico de drogas”, según detalló el mandatario. Trump acompañó su anuncio con un video en blanco y negro que muestra una pequeña lancha siendo impactada y destruida por un proyectil, aunque no presentó pruebas que sustenten sus afirmaciones. Desde agosto, bajo el argumento de «combatir el narcotráfico» en la región, Estados Unidos desplegó en el Caribe buques militares, aviones y un submarino en el mar Caribe. Este es el quinto ataque de este tipo reportado por Washington desde septiembre, y eleva a 27 el número total de muertos en estas operaciones. El gobierno estadounidense acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red criminal conocida como «Cartel de los Soles». Por su parte, Caracas niega categóricamente estas acusaciones y denuncia que las acciones militares de Washington buscan desestabilizar al país y provocar un cambio de régimen. Un plan de defensa En respuesta a los ataques y al despliegue militar estadounidense, el gobierno venezolano activó un plan de defensa denominado «Independencia 200», que incluye la creación de Zonas de Defensa Integral (ZODI) en varios estados costeros e insulares, entre ellos Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro.  El sábado, las autoridades pusieron en marcha este plan en los estados Anzoátegui, Monagas y Bolívar. Estas medidas forman parte de un esquema de preparación militar y civil para enfrentar lo que Caracas califica como una «amenaza externa» de carácter bélico. El propio presidente Maduro ordenó ejercicios militares permanentes y convocó al alistamiento de civiles, instruidos en el manejo de armas de fuego, para defenderse de lo que llamó la «amenaza militar más letal y extravagante de la historia». El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, declaró que el Estado decidió poner las armas «en manos del pueblo» para proteger la soberanía nacional ante una posible incursión estadounidense. «Según nuestra Constitución, el monopolio de las armas lo tiene el Estado, el Estado ha decidido que las armas del país, del Estado, estén en manos del pueblo, para su protección», indicó Cabello durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

DW Actualidad Al menos 64 personas han perdido la vida y 65 se encuentran desaparecidas debido al destructivo impacto de las lluvias torrenciales que afectan a varios estados del centro y el este de México desde la semana pasada, indicó el gobierno este lunes (13.10.2025). Las víctimas mortales y los mayores daños se localizan sobre todo en los estados de estados de Veracruz (este), Hidalgo y Puebla (centro), reportó la jefa nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Las precipitaciones más intensas se registraron entre el lunes y el jueves, lo que provocó «el aumento del nivel de los ríos y los arroyos aledaños a estos estados» y generó inundaciones y destrozos, detalló Velázquez en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. En cuanto a los desaparecidos, el mayor número de víctimas se concentra en el estado de Hidalgo, con 43 personas, seguido por Veracruz y Puebla, según el reporte oficial. En la zona serrana de Hidalgo, una serie de pequeñas comunidades siguen aisladas por el cierre de caminos, lo que obligó a establecer un limitado puente aéreo para atender las emergencias. Varios pacientes de un hospital del municipio de San Bartolo de Tutotepec fueron trasladados en helicópteros, indicaron autoridades locales.

Prensa Latina Quito, 12 oct (Prensa Latina) Las protestas en Ecuador contra medidas del Gobierno de Daniel Noboa estuvieron marcadas hoy por las denuncias de represión a manifestantes en esta capital, que se movilizaron en varios puntos de la ciudad. Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), organización que hace 21 días impulsa el descontento, denunció que el Gobierno impidió la concentración de esta mañana en el sur de Quito y no dejó avanzar una marcha pacífica. “Este accionar refleja una política guerrerista que niega el diálogo y criminaliza la protesta. La represión no trae paz, solo profundiza la indignación y fortalece la resistencia del pueblo”, afirmó el dirigente en su cuenta de la red social X. Policías y militares lanzaron bombas lacrimógenas y balas de goma para impedir la movilización que partiría desde la Villaflora, en el sur de la capital, hasta el centro. No obstante, cientos de personas lograron concentrarse en los alrededores del parque El Ejido, donde nuevamente la fuerza pública utilizó artefactos explosivos para disuadir la concentración. Lo mismo ocurrió con otra marcha protagonizada por el movimiento indígena en la urbe capitalina. El ministro del Interior, John Reimberg, tras hacer un sobrevuelo por Quito declaró a la prensa que hubo manifestantes que lanzaron voladores hacia los helicópteros “y la Policía Nacional tuvo que actuar”. “La capital debe tener paz”, afirmó el funcionario en rechazo a quienes exponen sus demandas y ofreció disculpas por los bloqueos en los accesos a Quito, que se mantendrán hasta el fin de la jornada para evitar la llegada a la ciudad de camionetas con nuevos participantes. Luego de que la lluvia y las autoridades dispersaran a quienes salieron a las calles este domingo, decenas de manifestantes se refugiaron en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entidad que rechazó el uso de bombas lacrimógenas en sus espacios. La institución alertó que esta acción puso en riesgo los bienes patrimoniales bajo su custodia y la seguridad de las personas que se encontraban en el edificio. Por su parte, Pablo de la Vega, coordinador Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ”, expresó a Prensa Latina su “profunda preocupación por la indetenible militarización y securitización de la agenda política en el país”. En su opinión, eso “está privilegiando la criminalización del activismo social así como del espacio público y el uso normalizado de unidades y equipos militares para reprimir las protestas sociales legítimas”. Las Fuerzas Armadas confirmaron el uso del armamento no letal VKS para disuadir los motines con un alto nivel de violencia. “Los proyectiles son de impacto cinético, no letales, de pintura o gas», señaló la entidad castrense. Las movilizaciones tuvieron lugar mientras la provincia de Pichincha, donde se encuentra Quito, rige un estado de excepción, decretado por Noboa, que permite a las fuerzas del orden desarticular la aglomeración de personas en espacios públicos, aunque no prohíbe manifestaciones pacíficas. Tras 21 días de movilizaciones contra medidas, como el fin del subsidio al diésel, se registra una persona muerta en la provincia de Imbabura, 127 heridos y más de un centenar de detenidos, según datos de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

DW Actualidad Cientos de miles de personas se congregaron este sábado (11.10.2025) en una marcha a favor de los palestinos en Londres con motivo del segundo aniversario del inicio de la guerra en Gaza y un día después de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. La manifestación se inició en la zona londinense de Embankment, junto al río Támesis, antes de partir en dirección al área gubernamental de Whitehall, en los alrededores del Parlamento británico, donde varios ponentes concluyeron el acto con varios discursos. «Cientos de miles de personas están marchando por Palestina en Londres. No dejaremos de hacer campaña hasta que termine la ocupación y el ‘apartheid’ israelí y Palestina sea libre desde el río hasta el mar», indicó la asociación Palestine Solidarity Campaign (PSC), una de las entidades organizadoras del evento, en redes sociales. La marcha transcurrió generalmente de manera pacífica y, a lo largo del día, la Policía Metropolitana de Londres (Met) efectuó 14 arrestos por violar las condiciones de la Ley de Orden Público, así como otros delitos, como el de mostrar apoyo a un grupo ilegalizado, indicó la fuerza policial en X. Los asistentes, entre los que se encontraba el ex líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn, portaron banderas y pañuelos palestinos, así como pancartas con consignas que iban desde algunas que aseguraban que «tomar acción contra el genocidio no es un crimen» hasta otros que acusaban al primer ministro británico, Keir Starmer, de tener «sangre» en sus manos. «Marcha Nacional por Palestina» La protesta propalestina de este sábado, denominada oficialmente ‘Marcha Nacional por Palestina’ es la trigesimosegunda que se lleva a cabo desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, según indicó PSC. Sin embargo, es la primera desde que este viernes entrase en vigor el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás, organización considerada terrorista por la UE y varias naciones, como parte de la primera fase de la iniciativa de paz auspiciada por Estados Unidos, con la mediación de Qatar, Egipto y Turquía. La primera parte del acuerdo, que será ratificado de manera formal previsiblemente este lunes en El Cairo, contempla la liberación de los 48 rehenes israelíes todavía cautivos en Gaza a cambio de prisioneros palestinos y la retirada del Ejército israelí de ciertas partes de la Franja. «La razón por la que seguimos marchando es porque sabemos que el plan que ha sido propuesto por Donald Trump no es un plan para una paz duradera, porque no menciona nada de las causas de raíz de la violencia», dijo el director de PSC, Ben Jamal, en la red social X. «No dice nada sobre el fin de la ocupación militar de Israel; ni sobre desmantelar el sistema de ‘apartheid’ que existe en toda la Palestina histórica y tampoco sobre cómo el pueblo palestino podrá disfrutar y ejercer su derecho a la autodeterminación y a regresar (a su tierra)», puntualizó.

Prensa Latina Quito, 10 octubre (Prensa Latina).- Miles de efectivos de las Fuerzas Armadas fueron desplegados en Quito en medio de las protestas en Ecuador, que cumplen 19 días y mantienen bloqueadas varias rutas del país andino. El contingente, que alcanzará los siete mil uniformados, comenzó a arribar a esta capital por vía aérea y terrestre, con el propósito, según el alto mando militar, de «garantizar la seguridad del país, proteger infraestructura estratégica y mantener el orden público». Conjuntamente con la Policía Nacional, preparan un operativo en las provincias de Pichincha e Imbabura, principales focos de protesta. El comandante general de la Policía, Pablo Dávila, explicó que el operativo responde a una disposición directa del presidente Daniel Noboa y del ministro del Interior para “devolver la paz y la tranquilidad” al país. Las fuerzas de seguridad se concentraron este viernes en la avenida de Los Shyris, en el norte de la capital, para recibir instrucciones sobre la estrategia de control de las manifestaciones, que incluyen vigilancia en accesos estratégicos. La decisión de reforzar la presencia militar fue tomada tras declaraciones del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, quien advirtió que los manifestantes podrían “tomar la capital” si el Gobierno no atiende sus demandas. El paro nacional, impulsado por el movimiento indígena, comenzó hace 19 días en rechazo al fin del subsidio al diésel, aunque también reclaman la reducción del impuesto al valor agregado (IVA), mayor inversión en salud y educación, y el cese de la represión. Unas 50 organizaciones internacionales de derechos humanos del continente condenaron hoy en una carta pública el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad ante las protestas sociales. En Quito se espera el domingo 12 de octubre una marcha de diversos sectores sociales desde Villaflora, en el sur de la urbe, hasta el parque El Arbolito, en el centro.

Prensa latina Quito, 9 octubre (Prensa Latina).- Ecuador llegó hoy al décimo octavo día de protestas contra el Gobierno de Daniel Noboa con manifestaciones en diversos puntos del país. A pesar del feriado nacional decretado por el mandatario, varias comunidades mantienen la resistencia. En la provincia de Pichincha, habitantes de la comunidad de San Miguel del Común, en el norte de Quito, salieron a las calles para expresar su descontento con las medidas económicas del Ejecutivo, en particular la eliminación del subsidio al diésel. Impulsados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), decenas de vehículos y motocicletas recorrieron este jueves carreteras de las afueras de la capital como muestra de respaldo a las movilizaciones. También en el parque El Arbolito, en el centro norte de Quito, artistas, estudiantes y trabajadores se sumaron a las protestas contra las políticas económicas y también contra la represión por parte de la fuerza pública. El grupo avanzó hasta los exteriores de la Fiscalía General del Estado para denunciar los abusos cometidos durante las jornadas de movilización nacional. “Somos pueblos, no somos terroristas”, afirmaron los asistentes que criticaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas. De ahí marcharon hacia la Corte Constitucional para expresar el repudio al proceso de consulta popular promovido por el mandatario para proponer una nueva Constitución. Las movilizaciones, que llegan hoy al día 18, se han concentrado en localidades de la sierra ecuatoriana en medio de un estado de excepción vigente en 12 provincias. En la capital del país se espera el domingo 12 de octubre una marcha de diversos sectores sociales desde Villaflora, en el sur de la urbe, hasta el parque El Arbolito, en el centro. En entrevista con un medio internacional, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, aseguró que la lucha de su gremio “va más allá del subsidio al diésel” y, además, reclaman atención a problemas en los sectores de educación, agua y salud. Mencionó la exigencia de rebajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyo aumento debía servir para seguridad, pero- según dijo- ha servido para “violaciones a los derechos humanos”. El Ejecutivo, por su parte, afirma que las medidas económicas son necesarias y que los manifestantes buscan desestabilizar el país.

Telesur Ecuador enfrenta una nueva ola de agitación social en medio del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que exige la liberación de los detenidos durante las protestas de las últimas semanas y la restitución de los subsidios al diésel, además de rechazar otras medidas de corte neoliberal del Gobierno de Daniel Noboa. El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, reafirmó que el movimiento indígena “se mantendrá firme en las calles” hasta que el Gobierno de Noboa deje de criminalizar las movilizaciones y, entre otras acciones, reduzca el Impuesto al Valor Agregado (IVA), atienda la crisis en el sistema de salud pública, y aplique políticas sociales que permitan detener los crecientes niveles de violencia, el alto costo de la vida y la precarización del empleo, lo cual implica solucionar las causas estructurales, vinculadas con la pobreza y la exclusión histórica de las mayorías. “Nos han acusado de terroristas y saboteadores, pero nuestra lucha sigue adelante”, declaró Vargas, quien denunció la represión en provincias como Imbabura, Otavalo y Cotacachi, donde se han registrado los principales bloqueos de carreteras. De acuerdo con el sistema ECU 911, en la mañana del 8 de octubre se reportaban ocho vías cerradas en el norte del país, principalmente en los ejes que conectan Imbabura con Pichincha y Carchi, aunque las rutas entre Quito y Machachi, Guayllabamba, Tabacundo o Santo Domingo permanecían habilitadas. Gobierno ignoró las advertencias sobre posibles incidentes en Cañar El conflicto alcanzó un punto crítico este 7 de octubre, cuando una caravana presidencial fue apedreada en la provincia de Cañar, mientras Noboa se dirigía a una comunidad indígena. El Gobierno calificó el hecho como “un intento de asesinato y un acto de terrorismo”. El alcalde de Cañar, Segundo Yugsi, alertó con anticipación a la Gobernación y a la seguridad de la Presidencia sobre posibles incidentes durante la visita del mandatario a la provincia. Sin embargo, las advertencias fueron ignoradas. Pese a su falta de respuesta y coordinación, el Gobierno califica lo ocurrido como un “atentado”, evidenciando una grave negligencia institucional y fallas en la gestión de seguridad presidencial. Por su parte, la Conaie rechazó las acusaciones de magnicidio y aseguró que las cinco personas detenidas en Cañar por supuestos vínculos con el apedreamiento no son manifestantes y serán enjuiciados injustamente. Asimismo, acusó a Noboa de orquestar una provocación ingresando a una zona en que había pobladores en legítima resistencia y cuestionó la falta de previsión del equipo de seguridad presidencial. Siguiendo el patrón de criminalización de la protesta, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, afirmó que el apedreamiento de la caravana “denota un nivel de agresión sin precedentes”. Advirtió que el Ejecutivo “no permitirá que nadie amenace con tomarse Quito”. El ministro del Interior, John Reimberg, anunció el despliegue de fuerzas especiales para resguardar las carreteras y proteger la capital. Hasta el momento, cinco personas fueron detenidas por el atentado. El paro, que se extiende por más de dos semanas, se produce en vísperas del feriado nacional del 9 de octubre, fecha histórica para el país, y amenaza con prolongarse si el Gobierno no accede a abrir un diálogo político. Hasta el momento hay 117 personas detenidas, entre ellos 11 menores de edad y 10 mujeres, además de decenas de heridos.