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Página 12 El expresidente brasileño Jair Bolsonaro empezó a cumplir este martes su histórica condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, después de que la Corte Suprema considerara que se agotaron los posibles recursos de apelación. El exmandatario (2019-2022) se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, pero el sábado fue transferido a un complejo policial en Brasilia por “riesgo de fuga”, tras haber dañado su tobillera de monitoreo con un soldador. En ese mismo lugar el líder de ultraderecha empezará a cumplir su pena. La Corte Suprema declaró “firme” la sentencia de Bolsonaro, según un documento del tribunal al que tuvieron acceso distintos medios. Permanecerá recluido en la habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor donde se encuentra ahora. Es la primera vez que la justicia condena a los responsables por una trama golpista en Brasil. En 1964, un golpe de Estado dio inicio a dos décadas de dictadura militar. La Corte Suprema rechazó en noviembre una primera apelación contra la sentencia de Bolsonaro y este martes consideró agotado el tiempo para un nuevo recurso. La defensa calificó como “sorprendente” la decisión de cerrar el proceso sin una segunda apelación. “Sea como sea, la defensa interpondrá el recurso que considera procedente”, adelantó Paulo Cunha Bueno, uno de los abogados de Bolsonaro, en la red social X. El anuncio de la Primera Sala del Supremo alcanza también a otros dos de los reos juzgados por el intento de impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva. Se trata del diputado Alexandre Ramagem, condenado a 16 años y quien hace dos meses huyó a los Estados Unidos, y Anderson Torres, exministro de Justicia, quien recibió una pena de 24 años. “Devastado psicológicamente” Jair Bolsonaro está “devastado psicológicamente”, dijo el martes por la mañana el concejal de Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, uno de sus hijos, luego de visitarlo. Otro de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, denunció que “el objetivo del juez Alexandre de Moraes es bien simple: matar a mi padre”. Además tildó al magistrado de “psicópata″. Según la Corte Suprema, la trama golpista consistió en poner en duda la validez de las elecciones de 2022 para declarar un estado de excepción e impedir la investidura del actual presidente, lLuiz Inácio Lula da Silva. El plan contemplaba incluso asesinar a Lula, pero no se consumó por falta de apoyo de altos mandos militares. Luego de tres meses bajo arresto domiciliario, Bolsonaro quemó con un soldador el dispositivo de monitoreo, lo que precipitó su traslado a prisión preventiva el sábado. La defensa del exmandatario alegó que el incidente obedeció a un estado de “confusión mental” inducido por medicamentos, una explicación rechazada por el máximo tribunal. Bolsonaro, de 70 años, mantiene una salud frágil y padece episodios de ansiedad, hipo y vómitos, dolencias que atribuye a la grave puñalada que recibió en el abdomen durante la campaña electoral de 2018 y que desde entonces lo ha obligado a someterse a varias cirugías. Debido a la edad y a su frágil estado de salud, sus abogados ya habían adelantado que, en caso de que la sentencia fuera declarada firme, volverán a solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, alegando razones “humanitarias”. “País soberano” Al argumentar el riesgo de fuga, la Corte Suprema señaló que la embajada de Estados Unidos se encuentra cerca de la residencia de Bolsonaro en Brasilia. El exmandatario brasileño es aliado del presidente estadounidense Donald Trump, quien denunció meses atrás una “caza de brujas” en su contra y respondió imponiendo aranceles punitivos a Brasil. Luego de reunirse con Lula en octubre, Trump retiró buena parte de los aranceles a Brasil. Lula dijo el domingo que la detención de su mayor opositor “no tiene nada que ver” con Washington. “Trump tiene que saber que somos un país soberano”, enfatizó el presidente de Brasil durante una conferencia de prensa. Bolsonaro es el cuarto expresidente brasileño preso desde el fin de la dictadura en 1985. Entre ellos figuran Lula (2003-2010, 2023-actualidad) y Fernando Collor de Mello (1990-1992), ambos por casos de corrupción. Lula pasó 580 días detenido, pero la pena fue anulada por falta de imparcialidad del juez y el líder de izquierda fue liberado en 2019. Collor de Mello pasó seis días en la cárcel este año, pero la Corte Suprema le concedió arresto domiciliario considerando que el exmandatario de 76 años sufre Parkinson y trastorno bipolar. Los liberales insisten con la amnistía El Partido Liberal (PL), la formación que lidera Bolsonaro, insistirá en conseguir una amnistía que libre al líder de la ultraderecha brasileña de la condena por 27 años. Tras una reunión citada de urgencia en la sede del partido en Brasilia, a la que asistió la familia del exmandatario y varios miembros de la formación, el senador Flávio Bolsonaro dijo a la prensa que la prioridad del PL será hacer avanzar el proyecto en la Cámara de Diputados. “Nuestro objetivo único a partir de este momento es la aprobación de la amnistía”, aseguró, enfatizando que se rechazará la propuesta de reducción de las penas. En cuanto a la tramitación, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, indicó que el tema podría ser discutido esta semana. Sin embargo, algunos miembros de los partidos que hacen parte del “Centrão” (gran centro) mostraron reservas después de la difusión del video en el que Bolsonaro admitió haber intentado manipular su tobillera electrónica.

BBC News Las autoridades colombianas informaron que rescataron a 17 menores de edad de las manos de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor. El operativo ocurrió el sábado en Yarumal, Antioquia, e incluyó la identificación de cinco niños, niñas y adolescentes con orden de búsqueda por parte de Interpol por secuestro y trata de personas. De acuerdo a informes policiales citados por las agencias AFP y EFE, los menores provendrían de Guatemala, Estados Unidos y Canadá. «Existen indicios de que algunos habrían sido raptados, configurando un posible escenario de trata de personas bajo amparo doctrinal religioso», señaló Migración. Según las autoridades, estaban «buscando un país donde no se les generaran restricciones para continuar con presuntas actividades irregulares». Los menores fueron trasladados al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín y recibieron acompañamiento profesional. Según Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, en total «se estableció la identificación migratoria de 26 personas», entre las que se encontraban los menores rescatados. La presencia de la secta Lev Tahor no es nueva en América Latina. El grupo, creado en los años 80 en Israel, ha pasado por distintos países de la región incluidos México y Guatemala, donde han enfrentado acusaciones de secuestro, trata, embarazo forzoso y violación, entre otros delitos. En diciembre de 2024, las autoridades guatemaltecas rescataron a 160 niños de un asentamiento de la secta en la localidad de Oratorio del departamento de Santa Rosa, a unos 60 kilómetros al sureste de la Ciudad de Guatemala. Sus voceros siempre han negado esas afirmaciones y denuncian una persecución religiosa en su contra. La secta itinerante Lev Tahor, cuyo nombre en hebreo significa «corazón puro», fue fundada en Jerusalén en 1988 por el rabino Shlomo Helbrans. La secta, que contaría con entre 250 y 500 miembros, según estimaciones, ha enfrentado desde entonces múltiples acusaciones de abuso infantil, pedofilia, secuestros y negligencia de menores. Esto ha llevado a sus miembros a cambiar de ubicación constantemente para evitar las intervenciones de la justicia. En 1990, Helbrans trasladó el grupo a Estados Unidos, donde estableció una escuela judaica en Brooklyn. Pocos años después, Lev Tahor enfrentaría sus primeros problemas con la ley. En 1993, Helbrans fue arrestado en Nueva York, acusado de secuestrar a un adolescente que estudiaba con él para prepararse para su bar mitzvah, el ritual religioso que marca el inicio de la transición a la adultez en el judaísmo. Los padres del menor acusaron a Helbrans de intentar «lavarle el cerebro» a su hijo, mientras que el rabino les acusó de abusar del niño. Un tribunal condenó por secuestro a Helbrans, quien pasó dos años en prisión hasta conseguir la libertad condicional en 1996. En 2000, el rabino fue deportado a Israel, donde no permaneció mucho tiempo pues decidió establecerse junto a su comunidad en la provincia de Quebec (Canadá). La secta, entonces, se asentó en Sainte-Agathe, un pequeño pueblo de unos 10.000 habitantes, ubicado a unas dos horas de distancia por carretera de Montreal. Allí también surgieron nuevas denuncias en contra del grupo, que fue acusado en 2013 por los servicios sociales de negligencia infantil. Según informó la prensa local entonces, las autoridades canadienses estaban preocupadas por la salud e higiene de los menores, así como por su educación. Al parecer, estos niños que son educados en casa no estaban adquiriendo las competencias básicas en matemáticas.

Rusia Today La aprobación por parte de Kiev del plan de paz para el conflicto ucraniano requerirá más tiempo que el plazo anunciado previamente esta semana, según declaró este domingo el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. «La fecha límite es que queremos tener esto listo lo antes posible. Obviamente, nos encantaría que fuera el jueves«, afirmó Rubio a periodistas en Ginebra (Suiza), donde se reunieron esta jornada, representantes de EE.UU., la Unión Europea y Ucrania. Señaló que lo importante hoy es que se hayan «logrado avances sustanciales», por lo que dijo sentir mucho optimismo y creer que el acuerdo se conseguirá «en un plazo muy razonable, muy pronto». «Ya sea el jueves, el viernes, el miércoles o el lunes de la semana siguiente, queremos que sea pronto porque, entre hoy y el momento en que resolvamos esto, más personas van a morir. Se producirá más destrucción. Nuestro objetivo es poner fin a esta guerra lo antes posible, pero necesitamos un poco más de tiempo», explicó el secretario de Estado. El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski tenía hasta el jueves para aprobar el plan de 28 puntos. «He tenido muchos plazos límite, pero si las cosas van bien, los plazos límite se suelen prorrogar. Pero el jueves, creemos que es un momento apropiado», afirmó el mandatario en una entrevista concedida a Fox News. El jueves se publicaron los 28 puntos del plan de paz del presidente Trump para el conflicto ucraniano, ampliamente discutidos en los medios desde hace varios días. Estos incluyen la no expansión de la OTAN, el levantamiento gradual de las sanciones impuestas a Rusia y la celebración de elecciones presidenciales en Ucrania 100 días después de que el documento entre en vigor, así como cuestiones territoriales y la reducción del Ejército ucraniano. Sin embargo, numerosos informes indican que los principales socios europeos de Ucrania se alinearon con el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, para rechazar puntos clave del plan de paz.

Telesur La Policía Federal brasileña arrestó este sábado al expresidente Jair Bolsonaro de manera preventiva, llevando a cabo una orden emitida por el Supremo Tribunal Federal del país suramericano. Un conjunto de agentes se presentó en la vivienda de Bolsonaro, en Brasilia, y detuvo al líder ultraderechista, quien fue trasladado a la sede de la Policía Federal en Brasilia. TV Globo supo que la expectativa es que Bolsonaro se quede en una «sala de Estado», un lugar destinado a autoridades como presidentes de la República y otras personalidades públicas de gran relevancia. Cuando Luiz Inácio Lula da Silva y Michel Temer fueron apresados, estuvieron en celdas de la Policía Federal de São Paulo y Curitiba (PR), respectivamente. La Policía Federal informó, a través de un comunicado oficial, que cumplió con una orden de prisión preventiva dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF). Desde el 4 de agosto, el líder ultraderechista, de 70 años, cumplía arresto domiciliario en su hogar en Brasilia debido a que no acató una serie de medidas cautelares establecidas en ese caso. De acuerdo con los medios locales, la prisión preventiva de este sábado no marca el comienzo de la ejecución de la pena, como se había anticipado para las siguientes semanas después de que el Supremo desestimara las primeras apelaciones contra la sentencia.

DW Actualidad El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes (21.11.2025) que hablará pronto con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para decirle «algo muy específico», mientras siguen aumentando las tensiones entre ambos países por el despliegue militar ordenado por la Casa Blanca en el Caribe. «Hablaré con él en un futuro no muy lejano, pero no puedo contarte lo que le voy a decir», declaró el líder estadounidense en una entrevista con la emisora Fox Radio. Preguntado por si le pediría que se exiliara de Venezuela, Trump prefirió no adelantar detalles de la conversación.  Posible ataque militar a Venezuela «No voy a decirte lo que le voy a decir a él. No lo hago. Quizá otros políticos lo hagan. Yo no puedo hacerlo», declaró el presidente. «No puedo decirte lo que voy a decirle, pero tengo algo muy específico que decir», añadió. Hace unos días, Trump sugirió que podría tener una conversación con Maduro. Las especulaciones sobre un posible ataque militar sobre territorio venezolano son cada vez mayores, especialmente después de que Washington redoblara su despliegue en el Caribe, bautizado por el Pentágono como Operación Lanza del Sur, y destruido una veintena de lanchas, matando a más de 80 personas, bajo el argumento del combate al narcotráfico.

Prensa Latina Tegucigalpa, 20 noviembre (Prensa Latina).- El Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras ratificó hoy la veracidad de los audios divulgados recientemente sobre una presunta conspiración de la derecha opositora para deslegitimar las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. En un comunicado oficial, el ente acusador del Estado informó al pueblo hondureño que “hay certeza sobre la autenticidad de los archivos”, presentados ante la opinión pública el pasado 29 de octubre por el fiscal general de la República, Johel Zelaya. Las grabaciones, confirmó entonces Zelaya, “demuestran plenamente la existencia de una asociación ilícita entre una consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), un diputado y un militar activo de las Fuerzas Armadas (FFAA)”, con el fin de sabotear los cercanos comicios. Los audios revelan una supuesta conversación entre la representante del derechista Partido Nacional en el CNE, Cossette López, el jefe de bancada en el Congreso Nacional (Parlamento) de esa propia formación, Tomás Zambrano, y un militar no identificado. Esas pruebas fueron entregadas al Ministerio Público por el consejero electoral Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre). Ochoa interpuso una acusación sobre un hipotético plan del llamado bipartidismo -encarnado por los partidos Nacional y Liberal- para entorpecer los comicios y generar una crisis postelectoral en detrimento de Libre, con posibilidades de lograr un segundo triunfo consecutivo en la contienda. La Fiscalía aclaró en su comunicado que el peritaje realizado a los audios por una empresa internacional, a solicitud de Libre, “no es vinculante con la investigación que esta institución lleva a cabo”. El Ministerio Público cuenta con sus propios peritos, medios y colaboradores oficiales, tanto nacionales como de países amigos, mediante fiscalías homólogas con las que se coordina asistencia jurídica internacional cuando así se requiere, agregó el texto. “La acción penal se ejercerá con firmeza, objetividad e independencia, garantizando que todo responsable enfrente la justicia sin privilegios ni consideraciones”, enfatizó la institución, tras asegurar que no retrocederá en la lucha contra la corrupción, indistintamente de quién haya cometido el delito.

Página 12 El dirigente social y político colombiano, Julián Arenas, militante de la Unión Patriótica y excandidato al Concejo de Chaparral por el Pacto Histórico, fue asesinado en el departamento de Tolima. El crimen fue confirmado este miércoles por el propio presidente, Gustavo Petro, quien denunció el hecho a través de un mensaje publicado en redes sociales. “Han asesinado a Julián Arenas, militante de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico en Chaparral”, expresó el mandatario, en respuesta a una declaración de repudio emitida por la senadora oficialista Jael Quiroga Carrillo. Arenas regresaba a su hogar el pasado 17 de noviembre cuando fue atacado con arma de fuego en la zona rural de La Marina, una región históricamente golpeada por la disputa territorial entre grupos armados. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) precisó que el homicidio ocurrió en el caserío Las Juntas y que el líder comunitario fue sorprendido mientras se dirigía a su residencia. Con su muerte, ya son 174 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de 2025. La persistencia de la violencia contra referentes sociales vuelve a encender las alarmas sobre la situación de seguridad en áreas rurales, donde las disputas entre estructuras armadas han llegado a un estado crítico. Asesinar a “una joven promesa” Arenas había sido candidato al Concejo de Chaparral en las elecciones de 2023 por el Pacto Histórico, la coalición que llevó a Petro a la presidencia en 2022. Su trayectoria incluía un trabajo activo en iniciativas de desarrollo rural, la promoción de alternativas productivas y la defensa de la Zona de Reserva Campesina (ZRC), una figura legal destinada a proteger territorios campesinos y fortalecer economías locales. También se desempeñaba como contratista de la Alcaldía de Chaparral. Para la senadora Quiroga Carrillo, Arenas se había convertido “en un referente para muchas familias del sur de Tolima” en su carrera política. “¡Han asesinado a una joven promesa, a un líder, a un gran compañero!”, escribió en sus redes. La legisladora advirtió que el crimen “enluta a las comunidades del campo, (…) una región que durante décadas ha padecido la violencia sistemática contra sus líderes y lideresas”. Desde el Congreso, Quiroga Carrillo reclamó a la Fiscalía una investigación “inmediata, rigurosa y con resultados concretos” para evitar que el caso termine en la impunidad, como ocurre con la mayoría de los asesinatos de defensores y referentes comunitarios. Indepaz recordó que en la zona donde ocurrió el ataque opera el Frente Ismael Ruiz, una estructura perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, además de otras bandas locales que disputan control territorial, rutas y economías ilegales. La violencia contra líderes sociales continúa siendo uno de los indicadores más graves de la crisis de derechos humanos en Colombia. Según el informe más reciente de la ONG Global Witness, el país volvió a encabezar en 2024 la lista de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores ambientales, con casi 150 asesinatos, casi un tercio de las víctimas globales. El crimen de Julián Arenas se suma a una larga serie de homicidios que afectan principalmente a quienes impulsan proyectos comunitarios, reclaman la implementación de los acuerdos de paz o promueven la organización territorial en zonas rurales. A su vez, su muerte vuelve a exponer la fragilidad del proceso de paz en regiones históricamente militarizadas y la necesidad de medidas urgentes para garantizar la protección de quienes sostienen el tejido social en territorios atravesados por la violencia.

BBC News El hombre que disparó contra la trabajadora doméstica guatemalteca, quien llegó por error a su casa para limpiarla y murió a causa del ataque, fue acusado por las autoridades judiciales. La fiscalía del condado de Boone, en el estado de Indiana, informó que este lunes presentó cargos por homicidio involuntario contra Curt Andersen, el propietario de la vivienda en Whitestown, un suburbio de Indianápolis, donde se registró el suceso. María Florinda Ríos Pérez, de 32 años y madre de cuatro niños, perdió la vida el pasado 5 de noviembre cuando acudió a la dirección equivocada y recibió un disparo mortal en la cabeza al intentar abrir la puerta de la casa. Su esposo, quien la acompañaba en el momento de los hechos, declaró que el sospechoso abrió fuego a través de la puerta en lugar de llamar a la policía. Andersen fue ingresado en la cárcel del condado de Boone sin derecho a fianza, reportaron los medios estadounidenses. Por su parte, los abogados del acusado insisten en que éste actuó en defensa propia. Demora Pese a que los sucesos ocurrieron hace más de diez días, las autoridades atribuyeron la demora en la presentación de cargos a las dudas sobre la ley estatal de «defensa propia». Muchos estados de EE.UU. cuentan con normas jurídicas que permiten a las personas emplear fuerza letal en caso de amenaza, sin necesidad de pedir ayuda a las autoridades. Sin embargo, el fiscal del condado de Boone, Kent Eastwood, afirmó que la ley estatal no autorizaba a Andersen a abrir fuego. «Con base en las pruebas y circunstancias particulares de este caso, hemos determinado que las acciones de Curt Andersen no se encuentran amparadas por la protección legal que ofrece la ley de ‘defensa propia’ de Indiana», declaró el funcionario en una conferencia de prensa el lunes. Eastwood añadió que el sospechoso «no contaba con la información necesaria para determinar si sus acciones eran razonables». Las autoridades respondieron a una llamada sobre un posible allanamiento de morada en Whitestown en la madrugada del 5 de noviembre. Según la policía, Ríos Pérez fue encontrada sin vida en brazos de su esposo en el porche de la casa de Andersen poco antes de las 7:00 hora local. La víctima, originaria de Quetzaltenango, dejó huérfanos a cuatro hijos, entre ellos un bebé que estaba a punto de cumplir un año. Su esposo aseguró que intenta repatriar su cuerpo a Guatemala para darle sepultura. Listos para el juicio El abogado de Andersen criticó la decisión de la fiscalía y aseguró que «esperan demostrar en la corte que sus acciones estaban plenamente justificadas por las disposiciones de la ley de autodefensa de Indiana». «Contrariamente a lo que sostiene la fiscalía -y sin entrar en los detalles del caso- creemos que Andersen tenía sobradas razones para considerar que sus acciones eran absolutamente necesarias y plenamente justificadas en aquel momento», declaró el abogado Guy Relford en un comunicado, según reportó la cadena estadounidense ABC.

DW Actualidad El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes (17.11.2025) a favor de una resolución estadounidense que refuerza el plan de paz para Gaza del presidente Donald Trump, que incluye el despliegue de una fuerza internacional y un camino hacia un futuro Estado palestino. Hubo 13 votos a favor del texto, que Washington calificó después de la votación como «histórico y constructivo», con abstenciones de Rusia y China y sin vetos. El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo que «la resolución de hoy representa otro paso significativo que permitirá a Gaza prosperar y un ambiente que dejará a Israel vivir en seguridad». El texto, revisado varias veces como resultado de negociaciones de alto nivel, «respalda» el plan del presidente Trump, que permitió un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás en el territorio palestino devastado por la guerra. Formación de «Junta de paz» y desarme de irregulares Una gran parte de la Franja de Gaza ha quedado reducida a escombros luego de dos años de enfrentamientos y de bombardeos, desencadenados por el ataque de Hamás a territorio de Israel el 7 de octubre de 2023. El plan de paz autoriza la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por su sigla en inglés) que trabajaría con Israel y Egipto y con policías palestinos recién entrenados para ayudar a asegurar las áreas fronterizas y desmilitarizar la Franja de Gaza. La ISF tiene el mandato de trabajar en la «desactivación permanente de armas de grupos armados no estatales», proteger a los civiles y asegurar los corredores de ayuda humanitaria. También autoriza la formación de una «Junta de Paz», un cuerpo de gobierno transicional para Gaza -presidido en teoría por Trump- con un mandato hasta el fin de 2027. La resolución también menciona un posible futuro Estado Palestino. Hamás: resolución «impone tutela» sobre la Franja El grupo islamista Hamás, considerado terrorista por Israel y otros países, lamentó la adopción de esta resolución pues «no responde a las exigencias y los derechos» de los palestinos. «La resolución impone un mecanismo de tutela internacional a la Franja de Gaza, lo que nuestro pueblo, sus fuerzas y sus componentes rechazan, e impone un mecanismo tendiente a alcanzar los objetivos» de Israel, indicó el movimiento palestino en un comunicado.

Prensa Latina Washington, 16 noviembre (Prensa Latina).- El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, afirmó hoy que las Fuerzas Armadas estadounidenses “estarían listas, si se les pide” cualquier acción militar contra Venezuela. Así respondió Driscoll en una entrevista concedida a un programa de la CBS cuando la presentadora comentó que, según las noticias, el presidente Donald Trump dijo que ya había tomado una decisión sobre Venezuela y preguntó alrededor de este tema. “Creo que el presidente y el secretario de Guerra (Pete Hegseth) han dedicado mucho tiempo a pensar en qué es lo mejor que pueden hacer por el pueblo estadounidense, y puedo hablar desde la perspectiva del Ejército: tenemos mucha experiencia en entrenamiento en esa región”, subrayó. Estamos reactivando nuestra escuela de operaciones en la selva de Panamá -añadió Driscoll en el espacio Face the Nation- y estaríamos listos para actuar en lo que el presidente y el secretario de Guerra necesiten. Militares del Pentágono han entrenado junto a fuerzas de seguridad panameñas en lo que se conoce formalmente como el “Curso combinado de orientación en la selva”. El Comando Sur de Estados Unidos alega que ello se centra “en la supervivencia, las tácticas y las operaciones de patrullaje” en tales condiciones. El miércoles Trump fue informado por su equipo sobre una serie de opciones, incluidos ataques aéreos contra instalaciones militares o gubernamentales de Venezuela y presuntas rutas de narcotráfico, e incluso un intento más directo por tratar de derrocar al presidente de ese país, Nicolás Maduro. Dos días después, el viernes, Trump afirmó desde el Air Force One que “más o menos” ya tomó una decisión sobre el camino a seguir, pero se negó a dar detalles al respecto. Justo un comunicado del Ejército dio a conocer el ingreso la mañana de este domingo en las aguas del mar Caribe de portaaviones más avanzado de Estados Unidos, el USS Gerald R. Ford, para la campaña del Gobierno de Trump contra el narcotráfico, lo cual genera muchas interrogantes y alertas sobre el peligro que se cierne sobre la nación de América del Sur. En el área del Caribe, el Pentágono acumuló importantes recursos en los últimos dos meses como unos 12 mil a 15 mil efectivos; más de una docena de buques de guerra; y 10 aviones de combate F-35. OTRA EMBARCACIÓN DESTRUIDA Estados Unidos anunció que destruyó otra embarcación que supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico, una embestida que provocó la muerte de las tres personas que viajaban a bordo a los que calificó de “narcoterroristas”, sin detallar su nacionalidad. La acción ocurrió el sábado y se enmarca en la Operación Lanza del Sur, que la administración Trump lleva a cabo en aguas del Caribe y del Pacífico oriental, próximo a Venezuela y Colombia. “El 15 de noviembre, por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista”, notificó en redes sociales el Comando Sur de Estados Unidos. Este es el ataque número 21 y ya suman más de 80 los fallecidos en esta cacería en aguas internacionales bajo el pretexto de la lucha antidrogas. Con el traslado de este gran buque de guerra se completa el mayor despliegue de poderío militar de Estados Unidos en esa zona en décadas. Mientras, la tensión con Venezuela escala tras los informes de los ejercicios militares de Estados Unidos y Trinidad y Tobago. Pese a las críticas que ha generado este escenario de amenazas, los senadores republicanos -que controlan la Cámara Alta- votaron hace poco en contra de un proyecto de ley que habría limitado la capacidad de Trump para lanzar un ataque contra Venezuela sin autorización del Congreso.