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RT América Latina debe ser una zona de paz», aseveró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, al comentar la agresión estadounidense contra Venezuela. La vocera abogó por una desescalada de la tensión entre EE.UU. y Venezuela, al tiempo que reafirmó el apoyo de Moscú al Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro ante las agresiones de Washington.  «Abogamos constantemente por la distensión de la situación actual y por mantener la confianza y la previsibilidad. Es importante prevenir un escenario destructivo, y esperamos que el pragmatismo y la racionalidad inherentes del presidente estadounidense Trump permitan soluciones mutuamente aceptables dentro del marco del derecho internacional», manifestó. «Reafirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Nicolás Maduro por proteger su soberanía e intereses nacionales y mantener el desarrollo estable y seguro de su país», subrayó. Amenazas a Maduro Días antes, en medio de las agresiones sin precedentes de Washington contra Caracas, Trump declaró que planea atacar por tierra no solo Venezuela, sino cualquier lugar desde el que «estén llegando drogas». «Cualquier lugar de donde estén llegando drogas. Cualquier lugar. No solo Venezuela», dijo. Al ser preguntado sobre por qué Nicolás Maduro debería tomarse en serio su amenaza sobre ataques terrestres, Trump respondió que el líder venezolano «puede hacer lo que quiera». «Si quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo», advirtió Trump. Maduro: EE.UU. pretende «imponer un Gobierno títere» A su vez, Maduro denunció que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela. La semana pasada, el presidente venezolano aseguró que Washington estaría intentando lograr un cambio de poder en Venezuela e «imponer un Gobierno títere que no duraría ni 47 horas». «Es una pretensión guerrerista y colonialista. Lo hemos dicho bastante y ya todo el mundo ve la verdad. La verdad ha sido develada: se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un Gobierno títere que no duraría ni 47 horas, que llegue a entregarles la Constitución, la soberanía y toda la riqueza, y convierta a Venezuela en una colonia. Sencillamente, eso no va a pasar», declaró.

RT Los militares rusos llevaron a cabo un ataque contra la infraestructura portuaria y de aeródromos de Ucrania, informa este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia. Dichos objetos eran utilizados en interés del Ejército ucraniano, precisó la cartera militar. El ataque fue realizado por la aviación, drones, artillería, así como por las fuerzas de misiles. Los objetivos fueron alcanzados en 142 áreas de la zona de operaciones. También fueron impactados puntos de despliegue temporal de militares y objetos de infraestructura energética. El avance no para Además, unidades de la agrupación de tropas Sur del Ejército ruso liberaron este mismo día la localidad de Sviato-Pokróvskoye, en la República Popular de Donetsk. Se trata de la cuarta localidad liberada por las tropas rusas en lo que va de semana.  La cartera de Defensa destacó que las tropas rusas siguen avanzando a lo largo de la línea del frente de la operación militar especial. Unidades de las agrupaciones de tropas Norte y Oeste han mejorado sus posiciones tácticas, ocupando líneas y emplazamientos valiosos, mientras que unidades de la agrupación Este continúan avanzando en profundidad en la defensa del enemigo. Por su parte, unidades del grupo Centro continúan destruyendo las fuerzas enemigas cercadas en la ciudad de Dimítrov y frustraron un intento de irrupción de unidades de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que intentaban recuperar las posiciones perdidas al sureste de la localidad de Gríshino, en la República Popular de Donetsk.

Telesur Pese a haber cumplido el 100 por ciento de sus condenas acumuladas en los casos Odebrecht y Sobornos el 2 de octubre de 2025, el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, permanece privado de libertad bajo la figura del caso “Reconstrucción de Manabí”, cuya sentencia escrita de primera instancia aún no ha sido notificada, lo que impide su apelación. Ante esta situación, su defensa presentó el pasado 22 de diciembre un hábeas corpus correctivo, al considerar que su detención actual constituye una medida arbitraria y que las condiciones carcelarias representan un riesgo vital inmediato. “Se solicitó un hábeas corpus correctivo. Porque lo que está pasando ya no es ‘cumplimiento de pena’: es crear las condiciones para dejarlo morir. Y en Navidad esto debería escandalizar hasta las piedras”, afirmó la abogada Sonia Gabriela Vera García, especializada en litigio estratégico internacional, INTERPOL y derechos humanos. Vera García, quien se reunió recientemente con Glas, describió su estado como alarmante: “Lo encontré más debilitado, más angustiado, más resignado. Esa resignación es la señal más peligrosa: cuando alguien deja de pelear, el cuerpo empieza a perder”. Además, denunció la falta de confidencialidad en las visitas telemáticas semanales vía Zoom con su defensa internacional, lo que, según señaló, “no es defensa, es vigilancia”. Un Informe de Valoración Médica Integral, emitido el 22 de diciembre en Santo Domingo de los Tsáchilas en el marco de las medidas cautelares de la CIDH y las medidas provisionales de la Corte IDH, concluyó de forma categórica que Glas requiere hospitalización inmediata no diferible. El documento detalla un cuadro clínico grave que incluye deterioro físico severo, desnutrición, anemia, inestabilidad para mantenerse en pie, deficiente control de medicación y restricción de acceso a agua potable. “El informe empieza a describir lo que le está pasando, lo primero que aparece —lo más básico, lo más indignante— es esto: agua. Restricción para hidratarse y agua con características no compatibles con agua potable(turbidez, coloración, mal sabor)”, señaló Vera García. Glas le confesó: “Tengo que tomar del grifo”. La abogada subrayó que “no es un detalle. Es el tipo de cosa que, en un cuerpo frágil, te empuja al colapso”. El informe también registra pérdida marcada de masa muscular (sarcopenia/desnutrición probable), debilidad extrema y hambre recurrente, así como administración de medicamentos por personal no sanitario, almacenamiento inadecuado y polifarmacia extrema, con riesgos de sedación, hipotensión, delirio y caídas. Además, el entorno carcelario está en construcción, con polvo persistente y ausencia de área médica mínima, lo que lo hace “incompatible con la estabilización clínica”. La valoración médica se realizó sin camilla, sin espacio clínico adecuado y con presencia policial permanente, lo que, según la defensa, “no es atención médica: es control”. La defensa insiste en que mantener a Glas en estas condiciones constituye un trato cruel, inhumano y degradante, y exige: hospitalización de urgencia, agua segura, alimentación suficiente, control médico real con privacidad, trazabilidad estricta de su medicación, visitas familiares, acceso al patio y confidencialidad plena con su defensa.

Prensa Latina Quito, 22 diciembre (Prensa Latina).- El gobierno de Ecuador se pronunció hoy luego de la sentencia que declaró culpables a 16 militares por el delito de desaparición forzada de cuatro menores en el denominado Caso Malvinas. El Ministerio de Defensa emitió un pronunciamiento público en el que aseguró que las Fuerzas Armadas han actuado “con apego a la ley y a sus valores institucionales”. La cartera sostuvo que, desde el inicio del proceso judicial, se ha colaborado con “absoluta transparencia”, respetando el debido proceso y entregando toda la información requerida para que la verdad prevalezca. Sin embargo, el abogado y defensor de derechos humanos Fernando Bastias, criticó al Ministerio y recordó que esa entidad en un inicio pidió la revocatoria de la prisión preventiva de los uniformados. Además, apuntó Bastias, amenazaron a la jueza constitucional que declaró el hecho como desaparición forzada y decidieron callar mientras los padres de los chicos pasaban por un proceso revictimizante y doloroso frente a campañas de desinformación y estigmatización en contra de los niños. “Ustedes son criminales disfrazados de funcionarios públicos. Tendrán que cumplir la sentencia y disculparse con los padres”, afirmó Bastia que forma parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, expresó en sus redes sociales solidaridad con las familias de Ismael y Josué Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda, los cuatro menores que una patrulla militar detuvo el 8 de diciembre de 2024 y nunca más fueron vistos. La titular defendió al mandatario, Daniel Noboa, y dijo que “nadie está por encima de la ley y todo funcionario público, de cualquier nivel, que violente normas o derechos, debe ser sancionado”. En respuesta a Morillo, Bastias llamó al Ejecutivo a acompañar las palabras con acciones y pidió que, si en realidad apoyan la verdad, la justicia y la reparación, desvinculen al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y ordenen la entrega de información que esa cartera niega a la Fiscalía en otros casos de desaparición forzada. Este lunes, el Cuarto Tribunal de Garantías Penales del Guayas declaró culpables como autores directos a 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana por el delito de desaparición forzada de los cuatro menores, de entre 11 y 15 años de edad. Un total de 11 uniformados fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión, otros cinco, que colaboraron con la justicia, a 30 meses de privación de libertad, y un teniente coronel procesado como presunto cómplice fue absuelto. La defensa de los uniformados anunció que apelará. Por su parte, Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas, calificó la sentencia como un precedente histórico en materia de derechos humanos y protección de niños, pues además de la condena, dispuso medidas de reparación integral. En declaraciones a la prensa local, el letrado aclaró que, aunque la condena es por desaparición forzada, existe una investigación paralela por secuestro con resultado de muerte, en la que se determinarían responsabilidades adicionales.

Telesur Organizaciones políticas hondureñas denunciaron que miembros de las Fuerzas Armadas han amenazado a integrantes de las Juntas de Verificación con arrestarlos si vuelven a enviar actas en cero o vuelven a ocurrir interrupciones en el proceso de escrutinio especial. En un video compartido por los miembros del Partido Libre dieron a conocer que «todos los representantes de los partidos políticos de las juntas especiales de verificación y recuento que iban ingresando a las instalaciones fueron agredidos verbalmente por los militares instruyéndoles que no enviaran votos anulados ni actas en cero, y caso contrario los iban a levantar de la mesa y enviar presos de inmediato». En este proceso los militares no poseen voz ni voto en los procesos electorales y su misión se limita a garantizar la seguridad del proceso y el material. Así lo recoge el artículo 1 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas donde establece que estas deben deben defender los principios del libre sufragio y la alternaibilidad en el ejercicio de la presidencia. Bajo esta premisa, los militares no pueden coaccionar a los trabajadores de las mesas electorales e intentar influir en los resultados mediante amenazas, cuando su función es protegerlos de este tipo de acciones en sí. «El voto se defiende con la ley, no con el miedo. Las elecciones se garantizan con transparencia, no con intimidación y la democracia no se encierra, no se calla y no se intimida, se respeta», declaró una de las integrantes de la junta. De igual forma, 200 integrantes del Partido Liberal de Honduras dieron a conocer una situación similar durante el escrutinio especial donde fueron amenazados por el encargado militar, quien les comunicó que no tenían facultades para enviar actas a resultado 0. Según dio a conocer el corresponsal de teleSUR, Karim Duarte en su cuenta en la red social X, los representantes del Partido Liberal señalan las acciones como sesgo político que interfiere con la transparencia electoral. La Junta Especial de Verificación y Recuento tiene la potestad de enviar actas en cero sin que sea una infracción a la ley cuando constituye una decisión aprobada por la autoridad autónoma de la mesa en su mayoría. Estas actas cero pueden ser enviadas cuando no coinciden los cuadernillos, las firmas o los datos básicos de la votación, así como cuando la nulidad es declarada formalmente y registrado en el acta de incidencias. El proceso electoral hondureño, celebrado el pasado 30 de noviembre, ha estado marcado por la injerencia estadounidense y el fraude, lo que ha generado que no se haya transmitido un resultado aun de quien ocuparía la presidencia del país en el nuevo período electoral. El consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa ha insistido en su intención de no aprobar dicho proceso por estas características ya que su deber es representar los interes del pueblo hondureño y no los de un gobierno externo a Honduras.

Prensa Latina Tegucigalpa, 20 diciembre (Prensa Latina).- Marlon Ochoa, uno de los tres magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, afirmó hoy que impugnará los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre por considerarlos fraudulentos. En conferencia de prensa, Ochoa, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró que no validará un proceso electoral intervenido y tutelado por Estados Unidos, porque en Honduras la voluntad es soberana y es del pueblo, según reza la Constitución, acentuó. El funcionario precisó que no existe ninguna circunstancia que lo obligue a firmar una declaratoria “fraudulenta”, en alusión al momento en que el CNE debe divulgar los resultados oficiales de los comicios, cuyo plazo expira el próximo 30 de diciembre. Insistió en que su función es representar al pueblo hondureño y no intereses de gobiernos o actores extranjeros. Cuestionó pronunciamientos y sanciones provenientes de Estados Unidos, calificándolos como una injerencia directa en el proceso, y sostuvo que el presidente de Honduras debe ser electo exclusivamente por el pueblo. “El fraude ha estado a la vista de todos, aunque las misiones de observadores internacionales quieran ocultarlo o maquillarlo” remarcó Ochoa. El CNE lo integran las tres fuerzas políticas mayoritarias en este país centroamericano: los derechistas partidos Nacional y Liberal, que encarnan el centenario bipartidismo, y el izquierdista Libre, de la actual presidenta Xiomara Castro. “Aunque me lleven a ese pleno (de los tres consejeros del CNE) a punta de bala, me van a hacer validar un fraude”, subrayó el magistrado, quien enmarcó a la del 30 de noviembre como la elección “más sucia y menos transparente” en la historia de este país centroamericano. Explicó que los niveles de manipulación y las inconsistencias detectadas superan incluso los hechos suscitados en la contienda de 2017, cuestionadas entonces por la Organización de Estados Americanos. Reiteró su exigencia de un conteo voto por voto de las 19 mil 167 urnas del nivel presidencial, ante las evidentes discrepancias entre el número de electores y las cifras consignadas en las actas de votación. Además, denunció fallas constantes y caídas en el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, conocido por sus siglas TREP, lo cual, a su criterio, debilitó la transparencia del proceso y abrió espacio para la manipulación del procesamiento de datos. “Mi postura, para saber quién ganó una elección con amenaza extranjera y de maras y pandillas, tenemos que abrir las 19 mil 167 juntas receptoras de votos”, recalcó. “Si hacemos el voto por voto, con gusto estaré en la declaratoria oficial”, sentenció el consejero de Libre.

Prensa Latina Brasilia, 19 diciembre (Prensa Latina).- El camino judicial del expresidente brasileño Jair Bolsonaro quedó prácticamente sellado hoy, tras el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazar el último intento de su defensa por revertir la extensa condena por tentativa golpista. La decisión fue adoptada por el juez Alexandre de Moraes, instructor del proceso, quien desestimó el recurso presentado por los abogados del exmandatario, al considerarlo improcedente y orientado únicamente a retrasar la ejecución de la pena de 27 años y tres meses de cárcel. Conocido como embargo infringente, el mecanismo utilizado es una figura excepcional dentro del máximo tribunal brasileño y solo puede aplicarse cuando una condena no es unánime y existen al menos dos votos favorables a la absolución. Tal requisito no se cumplió. En el juicio contra Bolsonaro, solo uno de los magistrados de la primera sala votó en favor del exjefe de Estado, lo que, según la jurisprudencia consolidada del STF, invalida automáticamente este tipo de apelación. La defensa había sostenido que el reglamento interno del Supremo permitiría revisar cualquier fallo no unánime y acusó a la corte de violar sus propias normas al bloquear el recurso. No obstante, De Moraes fue categórico: la interpretación defendida por los abogados no se ajusta a la práctica histórica del tribunal ni a los criterios legales vigentes. Bolsonaro fue condenado por liderar una conspiración destinada a impedir la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor de las elecciones de octubre de 2022. Desde mediados de noviembre, el político ultraderechista cumple su condena bajo custodia de la Policía Federal, luego que intentara dañar la tobillera electrónica que llevaba, un episodio que agravó su situación judicial ante el riesgo de fuga. Tras el fallo de este viernes, el escenario judicial del exgobernante queda muy limitado, pues con los recursos internos prácticamente agotados, la sentencia queda firme dentro del ámbito del STF, lo que consolida el cumplimiento efectivo de la pena impuesta. El staff jurídico del excapitán del Ejército podría intentar llevar el caso a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque estos procedimientos no suspenden la condena ni tienen efectos inmediatos. Posiblemente lo que sí puede seguir discutiéndose son aspectos administrativos, como lugar de detención, régimen de cumplimiento de la pena y eventuales beneficios penitenciarios, siempre que se cumplan los plazos legales. La determinación del Supremo marca un punto de cierre judicial para el expresidente y abre una nueva etapa centrada más en la ejecución de la condena que en la posibilidad real de revertirla.

DW Actualidad Miles de trabajadores se movilizaron el jueves (18.12.2025) en la capital de Argentina contra la reforma laboral enviada al Congreso por el gobierno de Javier Milei, en una protesta que concluyó con amenazas de dirigentes sindicales sobre la posibilidad de un paro general en los próximos meses.  La manifestación fue convocada en Buenos Aires por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, y contó con la adhesión de otras centrales obreras, sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos.  Los manifestantes expresaron repudio hacia el proyecto de reforma impulsado por el Ejecutivo, que propone cambios en las condiciones de contratación, modificaciones en el sistema de indemnización, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical. Sobre un escenario montado en la icónica Plaza de Mayo, a los pies de la Casa Rosada (sede del gobierno), la CGT celebró un acto en el que sus principales líderes avisaron que darán pelea en las calles y en el Congreso. «Estamos viviendo un proceso económico y político en nuestro país que va en contra de los intereses de los trabajadores. Es un modelo que genera apertura indiscriminada de importaciones, rompe nuestra matriz productiva, cierra nuestras empresas y se pierden miles de trabajos a diario», expresó Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la CGT. Jorge Sola, integrante del mismo triunvirato, opinó sobre el proyecto de reforma laboral: «Es un ataque a la libertad que este Gobierno tanto defiende, al único patrimonio que tiene el ser humano, que es el trabajo». Aplazan debate legislativo a febrero 2026 En la protesta participaron diputados, senadores y referentes políticos de la oposición, incluido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien dijo a medios locales que «esta reforma laboral no tiene un solo elemento que beneficie a los trabajadores». Poco después de terminada la movilización de los trabajadores, la senadora oficialista Patricia Bullrich anunció que el proyecto será tratado en el Congreso a partir del 10 de febrero de 2026.  «Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero», dijo Bullrich este jueves por la tarde durante el plenario de la comisión de Trabajo y Presupuesto del Senado, en el que se discuten los detalles del proyecto.

Telesur La presidenta de Honduras, Xiomara Castro refirió este miércoles que la democracia en el país está en serias dificultades, al denunciar el golpe electoral en las elecciones presidenciales y exigir un recuento voto a voto durante una masiva concentración popular en Tegucigalpa contra el fraude en los comicios del pasado 30 de noviembre. Remarcó que «los he convocado porque el país vuelve a transitar en una crisis. Hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo corresponde tomar en la única oportunidad democrática que tiene para manifestarse: el proceso electoral«. La mandataria instó al pueblo a «defender la democracia de nuestro país, para no permitir que se manipulen las actas y enfatizó la importancia de un conteo «voto por voto» para asegurar que los resultados sean la «representación exacta» de lo expresado en las urnas. Señaló, además, que «la democracia se defiende de pie, no en silencio«, y convocó a los presentes a una movilización pacífica. “Hemos cambiado la historia de Honduras”, dijo, y agregó que también se ha cambiado la historia de un pueblo que ha caminado en resistencia y «nos ha permitido demostrar el ejercicio del poder». “Lo que se necesita es voluntad política y el compromiso con ustedes”, agregó la presidenta. «Sigamos defendiendo los votos del pueblo», afirmó, y llamó a esperar las resoluciones que salen. «Pero el pueblo —subrayó— debe reclamar el voto por voto. Así podemos construir la democracia».

Telesur A más de dos semanas de las elecciones presidenciales y legislativas persiste la incertidumbre electoral en Honduras debido a la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de responder las denuncias de fraude del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP) y poner fin a la situación en el país centroamericano. El vocero del CNE, Marlon Ochoa anunció el martes que en una sesión del pleno del organismo electoral reiteró sus denuncias de fraude del TREP y la urgencia de avanzar en el conteo voto por voto de las 19,167 actas del nivel presidencial, de las cuales 16,839 presentan algún tipo de inconsistencias. De acuerdo a Ochoa entre las irregularidades de las actas está la de presentar más votos que los registrados en el sistema biométrico, sumas que no coinciden o firmas que hacen falta. Para el vocero del ente electoral hondureño, la confianza en el sistema electoral no se puede construir a cuentagotas a la espera de acuerdos de las cúpulas especialistas en alterar actas electorales al igual que el 2017. Ochoa advirtió que las consejeras del CNE decidieron agregar al escrutinio especial a solo 553 actas de las elecciones presidenciales, sumadas a las 1.081 que habían seleccionado en la sesión anterior. El vocero del CNE afirmó que la medida del ente electoral no va a garantizar que se conozca la voluntad popular del pueblo hondureño, pudiendo resultar un falso ganador de los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre. En días recientes el consejero del CNE, levantó una voz de alarma, denunciando que existe una intención de limitar la revisión de las actas presidenciales, lo que comprometería la transparencia total y dejaría en la sombra miles de irregularidades que podrían alterar el resultado final. La disputa electoral en Honduras se trasladó al CNE, donde Ochoa ha insistido públicamente en la necesidad de realizar un escrutinio voto por voto que abarque la totalidad de las actas presidenciales. Ochoa sostiene que esta es la única vía para garantizar la legitimidad del proceso y cumplir cabalmente con la responsabilidad democrática ante el pueblo hondureño.